Coronavirus

La Guardia Civil intensifica el control de los centros de mayores tras las muertes en Madrid y Tomelloso

Durante el miércoles realizaron 2.346 entrevistas con responsables de residencias de toda España

Doce muertos en una residencia de Tomelloso, cuatro confirmados por COVID-19
Vista de la fachada de la residencia de ancianos Elder en la localidad ciudarrealeña de Tomelloso, donde han fallecido cuatro ancianos por coronavirus EFE/ Ismael HerreroIsmael HerreroEFE

La Guardia Civil ha potenciado el plan para prevenir las principales amenazas que pueden sufrir las personas mayores que viven en residencias. Este asunto se ha convertido en uno de los más preocupantes dentro de la crisis del coronavirus por los fallecimientos múltiples registrados en residencias de Madrid y Tomelloso.

Las patrullas de la Benemérita realizaron ayer un total de 2.346 entrevistas con el personal responsable de las residencias y centros de mayores dispersos por 1.709 localidades del territorio nacional para conocer su situación y las necesidades de las personas mayores. Incluso, se ofrecieron para canalizar sus peticiones y carencias.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la Benemérita, los agentes escucharon de los directores de las residencias información sobre la situación de los centros, si se había registrado algún caso de coronavirus y qué necesidades tenían para afrontar la pandemia.

El plan, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores, establece mecanismos de comunicación y colaboración con el entorno de esas personas (profesionales al servicio de los centros visitados, familiares, asociaciones de personas mayores, etcétera), concertando con ellos reuniones en las que los expertos de la Benemérita puedan ofrecerles asistencia técnica y apoyo.

Igualmente, los agentes establecen cauces estables de comunicación y colaboración con aquellos organismos y entidades implicados en la seguridad de nuestros mayores o con capacidad para la detección precoz de situaciones de riesgo o delitos.

Se trata, por un lado, de facilitarles información y orientación sobre los problemas de seguridad de los mayores que afecten a estas entidades en su labor profesional y, por otro, de recabar su colaboración en la rápida denuncia de posibles delitos; y en la identificación de pautas y tendencias delictivas, según las mismas fuentes.