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Un juez defiende que el “auténtico patriotismo” en una pandemia es apoyar al Gobierno “sin reservas”

Rechaza una petición del SUP para reclamar medios de protección para los agentes, pide “unidad de acción” y recela de intentos similares que buscan “desgastar” al Ejecutivo

Control de tráfico en Alcobendas (Madrid)
Control policial en Madrid para impedir desplazamientos no permitidos durante el estado de alarmaEduardo ParraEuropa Press

El titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, el magistrado Antonio Seoane, ha denegando de plano las medidas cautelarísimas solicitadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para que instara al Ministerio del Interior a facilitar de forma urgente a los agentes material para protección contra el coronavirus. Y lo ha hecho en una polémica resolución en la que cuestiona las iniciativas planteadas por distintos sindicatos en este mismo sentido y la propia utilidad de los juzgados para conseguir que se dote de equipos de protección a los profesionales en situaciones de riesgo.

El magistrado apunta incluso a posibles intereses “propagandísticos” e incluso políticos “para desgastar al Gobierno” y reclama en estas situaciones “calamitosas” una “unidad de dirección” en respaldo de las decisiones del Ejecutivo: “Tras el que dirige hemos de situarnos todos sin reservas”. “En ello radica el auténtico patriotismo”, asegura Seoane.

En su auto, avala "los esfuerzos que incuestionablemente realizan las autoridades competentes" ante la escasez de equipos de protección individual y deja claro que en estas circunstancias "no es posible reconocer el derecho a todos los integrantes de todos los cuerpos o trabajadores que prestan servicios esenciales".

Seoane asegura que la pandemia “ha generado escasez de equipos de protección individual que lamentablemente no pueden ser producidos por la industria nacional y que el aprovisionamiento en el mercado internacional es tarea compleja por una demanda exacerbada, incluso especulativa, por el cierre insolidario de algunos países de sus producciones nacionales para el mercado interno y por los abusos que en estas circunstancias suelen producirse, el tan español “estraperlo”: falsificación de productos, la manipulación del precio de las cosas...”. En esta situación, añade, “cabría preguntarse qué utilidad tendría el pronunciamiento judicial. Y la respuesta es obvia: ninguna”.

Y en ese mismo tono escéptico, defiende que las medidas cautelares “no tienen como finalidad el salvamento de la Humanidad o el Universo, ya nos gustaría, sino el mucho más modesto de asegurar anticipadamente lo resuelto en un procedimiento judicial”. El titular del Juzgado de lo Social número 34 reprocha al SUP que haya “ocultado” los “entresijos de la demanda que dice que va a presentar en materia de derechos fundamentales” y le aclara que su resolución “no va a incidir en absoluto en forma alguna en el salvamento de vida alguna o de la integridad física o moral de un solo policía, lamentablemente”, aunque accediese a sus peticiones, “porque la realidad desgraciadamente va por otros senderos”.

El magistrado expone su sospecha de que los juzgados que están prestando servicios esenciales se estén dedicando a resolver peticiones “imposibles e inútiles para que determinados sindicatos den satisfacción a su electorado real o posible, para utilizarlos como arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación”. Pasando por alto, añade, que en estas situaciones calamitosas “es necesaria la unidad de dirección y que tras el que dirige hemos de situarnos todos sin reservas”. “En ello radica el auténtico patriotismo”, afirma antes de recordar que “en situación de guerra, en la que afortunadamente no estamos, los “quintacolumnistas”, los desinformadores, los que desmoralizan y desmotivan a la población civil son condenados por traición a las más graves penas por connivencia con el enemigo”. “Parece que ahora se desata una guerra sindical por hacer lo mismo que han hecho otros”, ironiza.

Para Seoane, resulta resulta sorprendente "el goteo de solicitudes de medidas cautelarísimas que se está produciendo". "Ha de reconocerse la importancia de esos equipos de protección que nadie niega -admite-, lo negativo que es que no haya suficientes, pero también que estamos en circunstancias excepcionalísimas y que por quien corresponde se esté intentando subsanar".

Al magistrado le llama igualmente la atención que no sean los sindicatos mayoritarios como CC OO, UGT o CSIF, lo que representan a más trabajadores, los que planteen estas medidas, sino sindicatos “de franja”, alguno “con unas cuotas de representación minoritaria”, otros “con opciones ideológicas, igualmente legítimas, en clara oposición al color del Gobierno”. Incluso, subraya, “sindicatos corporativos que otrora defendían la sanidad privada, los recortes a la sanidad pública y la compatibilidad de los sanitarios de la pública con la privada”.

El titular del juzgado no considera urgente la petición del sindicato dado que, con todas las actuaciones judiciales suspendidas salvo las esenciales, "podemos proceder al señalamiento de juicio y dictar sentencia en los plazos perentorios que nos marca la ley", algo que en otras situaciones "no podríamos cumplimentar por la sobresaturación que padecemos desde 2008". "No hay razones de urgencia para medidas cautelares, menos aún para cautelarísimas, cuando hay posibilidad de obtener una pronta resolución sobre el fondo del procedimiento principal", concluye.

“Pandemia imprevista e imprevisible”

Asimismo, considera que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es de aplicación en esta situación de emergencia sanitaria y en un estado de alarma. “Estamos ante una pandemia imprevista e imprevisible, con unos riesgos profesionales inexistentes habitualmente, impredecibles”, expone, por lo que en su opinión “tampoco cabe que quienes estemos afectos a servicios esenciales los abandonemos por riesgo laboral en perjuicio de la población sufriente, abandono que es la solución común cuando de lo que se trata es de supuestos ordinarios de prevención de riesgos en materia laboral”. Y de vuelta a la metáfora bélica, sostiene que “no es imaginable que en situación de guerra los sindicatos pidan judicialmente que se construyan refugios antiaéreos u hospitales de campaña o que se proporcionen balas a los soldados para evitar más muertes”.

Al SUP también le reprocha que no refiera qué derechos fundamentales se han podido vulnerar por parte de la Dirección General de la Policía. “No se dice en la demanda que tras la falta de provisión de equipos haya dolo o negligencia punible. Sólo que carecen, no sabemos en qué medida, de los equipos deseables”. De ahí que vuelvas a denunciar que se está recurriendo a las medidas cautelarísimas “como atajo para obtener pronunciamientos meramente declarativos sin un claro objeto o finalidad y sin oposición y debate, es decir, sin dar oportunidad de defensa”, en este caso a Ministerio del Interior.

En esa misma línea de ácida crítica a la iniciativa sindica, Seoane asegura que “diríase a partir de la solicitud que el problema sólo existe respecto de los policías ya que nada se dice del resto de los colectivos en riesgo, incluso en riesgo mayor que los policías”, además de reprochar al SUP que hable “del riesgo de los policías en abstracto como si todos realizaran las mismas funciones y sufrieran la misma exposición”. El problema de la falta de equipos, le recuerda, “no es exclusivo de la Policía, sino que afecta con carácter general a todos los empleados públicos que desempeñan, desempeñamos, servicios esenciales”. “Hay personal más gravemente expuesto”, recalca, y ante la carencia de material para todos el Gobierno “debe priorizar servicios, territorios, grupos sociales...”.

En consecuencia, considera que lo que se solicita no es una medida eficaz para asegurar la efectividad de la tutela judicial que se busca al plantear la demanda. De hecho, defiende, los Juzgados que ya han acordado medidas cautelares “ahora se ven en el contrasentido” de “requerir y volver a requerir hasta el requerimiento final en un círculo vicioso imposible de romper”. “No creemos que ante la situación actual el requerimiento que un Juzgado pueda hacer a la Dirección General de la Policía aporte nada al requerimiento moral que cada día se estarán efectuando los mandos policiales al comprobar las deficiencias en que seguramente han de trabajar los hombres y mujeres de que son responsables”, concluye.