El Tribunal Constitucional parará la norma andaluza de simplificación burocrática

El Gobierno anunció ayer que recurrirá de forma inmediata ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley de la Junta de Andalucía sobre mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva, que incluye modificaciones de varias normas que regulan un conjunto amplio de materias. En concreto el citado decreto-ley modifica 21 leyes y otros seis decretos que tienen la finalidad de simplificar los trámites burocráticos en distintas áreas. El TC suspenderá la norma andaluza el 6 de mayo.

Entre otros motivos, el Gobierno, tras recibir un dictamen del Consejo de Estado que avalaba la interposición del recurso de inconstitucionalidad ante el TC, sostiene que la regulación de la norma andaluza vulnera la competencia estatal en defensa de los bienes culturales contra la exportación y expoliación, así como la competencia estatal sobre telecomunicaciones y medios de comunicación social.

Este recurso dará lugar a la suspensión de inmediato del decreto-ley de la Junta de Andalucía, ya que el Ejecutivo ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, que conlleva la suspensión inmediata de la norma durante un plazo máximo de cinco meses. Si, transcurrido ese tiempo, el TC no ha resuelto, deberá decidir éste si levanta la suspensión o la prorroga. El Alto Tribunal, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, adoptará esta medida en el pleno que celebrará de forma telemática el 6 de mayo. «Hay tiempo de sobre para que llegue el recurso y se incorpore» al orden del día del Pleno, aseguraron al respecto esas fuentes.

Si bien, el Gobierno andaluz no va a tirar la toalla. El vicepresidente del mismo, Juan Marín, «agradeció» ayer al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haya dado luz verde «al 95 por ciento» de la norma, al limitar su actuación contraria a dos cuestiones: «Una que afecta al patrimonio histórico», en concreto a las reformas en los entornos de los Bienes de Interés Cultural (BIC); y otra «en materia de comunicación». «Eso es sólo lo que el Gobierno de España lleva al Tribunal Constitucional, al resto le da su beneplácito», subrayó. A partir de ahí, ratificó que el Ejecutivo autonómico que encabeza el popular Juanma Moreno está dispuesto a alterar la norma y a negociar con Madrid «las enmiendas que han presentado» a los dos apartados mencionados, con tal de sacarla adelante, tras más de año y medio de trabajo.

El vicepresidente se mostró convencido de que el Gobierno central «va a entender cuál es el objeto del decreto», que condensó en dos frases: «Crear empleo y riqueza» y que «Andalucía pueda crecer». Máxime, «en una situación» de pandemia como la que afrontan el país y la región.

Será el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, el encargado de ponerse en contacto con Madrid para plantear ese diálogo y el que esperará la respuesta, dentro del reparto de roles que han cerrado en torno a este asunto. «Hay muchos empresarios andaluces que se están beneficiando de ese decreto», deslizó Marín, para lamentar luego el anuncio realizado también en la mañana de ayer por el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento regional, Manuel Jiménez Barrios, de que ese partido, de la mano de 50 senadores, recurrirá el decreto ley al Constitucional. Para intentar neutralizar ese movimiento, el «número dos» de la Junta avanzó que, «pese a no ser necesario», porque ya tiene el visto bueno de la Diputación Permanente, operativa por el Covid-19, la norma volverá a la Cámara para su debate y aprobación con el fin de otorgarle «más garantías jurídicas» cuando se recupere la actividad parlamentaria normal. Ello significaría que si algún partido quiere presentar enmiendas al texto «para mejorarlo», podrá hacerlo. Aunque desde la oposición reclamaron detalles, dado que el decreto ya está en vigor y «ni el Reglamento» parlamentario «ni el Estatuto de Autonomía» contemplan esa maniobra, según apuntaron desde Adelante Andalucía. Continuará.