El Gobierno de Pedro Sánchez

«No hay alternativa política»

La prórroga del estado de alarma coloca al Gobierno en el alambre político y jurídico. Los socios ya no garantizan su apoyo, pero Moncloa no ve en peligro su veto a la derecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer para anunciar otra inyección económica para la recuperación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer para anunciar otra inyección económica para la recuperaciónSergio PerezREUTERS

Moncloa ha perdido el control de la política y la economía, pero confía su futuro al apriorismo de que no hay alternativa al Gobierno de coalición. Ese «no hay alternativa» que repiten el presidente del Gobierno y sus ministros sólo es en realidad garantía de tiempo, pero para Moncloa parece ser suficiente argumento como para no cambiar el patrón al que está ajustando la gestión de la crisis que deja la pandemia.

El Gobierno ha perdido todos sus apoyos políticos. Como se ha visto en los últimos debates parlamentarios no hay ya una mayoría que funcione de manera automática y el Ejecutivo tendrá que negociar cada una de las votaciones que se produzcan a partir de ahora para intentar sacar adelante sus iniciativas frente a la catástrofe económica y social. Una hecatombe que ya ha validado oficialmente en las previsiones trasladadas a Bruselas.

Pero Sánchez parece instalado en la misma dinámica con la que administró su primera victoria en unas elecciones generales, es decir, en el principio de que los apoyos tienen que llegarle a él porque no hay otro Gobierno alternativo y porque, además, para los nacionalistas e independentistas fuera del Gobierno de coalición no hay nada.

Es cierto que por muy deteriorada que llegue a ser la situación del Ejecutivo de coalición nunca habrá una mayoría alternativa para aprobar una moción de censura. Pero tan cierto es ese supuesto como que la soledad del Gobierno en medio de la tormenta puede hacer ingobernable la crisis. Moncloa dice que no hay oposición «seria» ni «sólida». Confía también en la división de la derecha. Y, ante todo, en que catalanes y vascos no deben olvidar que la alternativa a Sánchez, la alianza de PP, Ciudadanos y Vox, buscaría «asfixiarles».

Con el único argumento de que lo que les sustituiría «sería peor» para sus socios, el Gobierno se enfrenta ahora a la delicada situación de ganarse los apoyos para mantener el estado de alarma mientras dure el proceso de desescalada. Sin más razón a su favor que el argumento de que el PP tendrá que mantener a la fuerza su respaldo si no quiere quedar señalado ante la opinión pública como el responsable de que no se garantice la seguridad sanitaria y, por ende, como «el responsable de las futuras muertes que puedan producirsepor la covid». «La alarma es imprescindible para garantizar el orden en el proceso. El PP debe ser consciente de cuál es su responsabilidad si aspira a volver a ser partido de gobierno», sentencian en Moncloa.

Esta exigencia de responsabilidad no conlleva la misma reciprocidad para los socios de investidura. Los votos del principal partido de la oposición han sido imprescindibles para que Pedro Sánchez pudiera disponer de los poderes extraordinarios con los que le habilita el estado de alarma, pero hasta ahora no se ha escuchado ningún reproche del presidente a sus socios por sus deslealtades en las votaciones que se han ido sucediendo para prorrogar esta situación excepcional. Y sí se han visto durísimas críticas del presidente, de sus ministros y portavoces en respuesta a la durísimas críticas que, a su vez, le ha dirigido el principal partido de la oposición.

Justo ayer la dirección del PP difundía el recordatorio de que «Sánchez lleva 13 días sin contactar con el líder de la oposición, desde el lunes día 20. Y que ese día llevaba ya otros 17 sin hacerlo, desde el sábado 4. Y que antes habían pasado otros 13 días sin ponerse en contacto con él. Un nuevo aviso de que no se dan las circunstancias para que pueda confiarse en aproximaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición por grande que sea la presión para que se busquen mayorías y consensos amplios para sacar adelante las reformas económicas necesarias para afrontar la crisis.

Si el Congreso tumbara la propuesta que el presidente del Gobierno llevará a la Cámara a mediados de la semana que viene, el estrés sanitario y jurídico sería de tal entidad que ésta es la mejor arma de presión que Pedro Sánchez cree que tiene para forzar al PP a volver a apoyar el decreto por «cuestiones de Estado».

Los 89 escaños del PP serán clave para que el Gobierno alcance la mayoría absoluta con los 155 diputados que suman el PSOE y Podemos. No basta con tener más «síes» que «noes»; es necesario alcanzar los 176 escaños de la mayoría absoluta. Ciudadanos también ha dado hasta ahora su voto a favor, y lo más previsible es que mantenga esta posición a pesar de que sus críticas hayan ido a más en las últimas semanas. Vox votará en contra.

Si el Congreso tumbase el estado de alarma el Consejo de Ministros tendría que aprobar de forma inmediata otro decreto con un nuevo estado de alarma. Tendría una vigencia de quince días y no tendría que pasar por el Parlamento. La autorización del legislativo es sólo necesaria para las prórrogas, no para su puesta en marcha. En caso extremo, podría ser una salida, pero en Moncloa saben que les dejaría en una situación muy comprometida desde el punto de vista político, pero también jurídico ante la amenaza de un recurso por entenderse que es un «fraude de ley».

Por lo que se conoce, y pese a esta situación crítica, sigue sin haber negociación ni trasvases de información entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Esto no ha cambiado ni siquiera a pesar de que la estrategia de Sánchez dependa tanto en estos momentos de la ayuda de los populares. No hay diálogo, pero Moncloa sí insiste en que el PP debe valorar si asume la responsabilidad de que deje de ser válida de un día para otro toda la normativa excepcional que ahora existe «para permitir que Torra o Urkullu consigan lo que quieren».

En esa situación el mando único lo ejecutaría el «lendakari» en el País Vasco y el presidente de la Generalitat en Cataluña, insisten desde el Gobierno. Aunque esta exigencia de vascos y catalanes de recuperar sus competencias la comparten otros presidentes autonómicos como el gallego Alberto Núñez Feijóo. Si se dejase llevar por el corazón el PP votaría que «no» esta semana. Es lo que le pide el cuerpo, aunque tengan que valorar otras circunstancias. Casado volvió ayer a cargar con durezca contra Sánchez, al que criticó por pretender que se haga todo desde el confinamiento de manera ilimitada en un «estado más de excepción». «El Gobierno no puede pretender que los españoles lo hagan todo desde el confinamiento», advirtió.