Casi la mitad de las sentencias del Pleno del TC de 2019 afectaron al Parlament, Generalitat y al “Procés”

Cataluña aglutinó gran parte del trabajo del Pleno del Tribunal Constitucional. Al menos en lo que se refiere a las sentencias dictadas. En concreto, el Pleno del Alto Tribunal dictó en 2019 un total de 80 sentencias, según se recoge en la Memoria anual que hoy presentó el presidente del TC, Juan José González-Rivas, al Rey Felipe VI, de las que más de 30 afectaban a leyes, iniciativas o resoluciones del Parlament, decisiones de la Generalitat de Cataluña y a los condenados del “procés”. El Pleno resuelve los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes, las impugnaciones del Gobierno contra disposiciones autonómicas o los conflictos de competencias planteados entre comunidades autónomas y Estado, entre otros asuntos.

El porcentaje de sentencias dictadas por el Pleno que afectaban a Cataluña superaban el 40 por ciento del total. En esas cifras se incluyen tanto las impugnaciones del Gobierno sobre resoluciones de la Cámara, recursos de amparo presentados tanto por grupos políticos, como Ciudadanos y PSC, como por los del “procés” , recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas o las cuestiones de competencia planteadas por la Generalitat contra determinados aspectos de normas estatales.

De investigar a la Monarquía al 155

Así, entre esas sentencias figuran la relativa a la impugnación formulada por el Gobierno respecto a la resolución del Parlament donde acordaba crear una comisión de investigación sobre la Monarquía. El TC declaró la inconstitucionalidad de dicha resolución. También se resolvió la impugnación del Ejecutivo de las resoluciones en las que el presidente del Parlament proponía como candidato a la presidencia de la Generalitat al prófugo Carles Puigdemont. También en este caso se declaró la inconstitucionalidad. Y relevante fue la sentencia que avaló la adopción de medidas en aplicación del artículo 155 que acordó el Gobierno que presidía entonces Mariano Rajoy.

Otra de las cuestiones relevantes que afectó a Cataluña fue la relativa la decisión del Govern que presidía entonces Artur Mas de gravar con un impuesto específico a las viviendas vacías. En este caso, sin embargo, el Alto Tribunal rechazó la impugnación del Ejecutivo y avaló la decisión de la Generalitat.

Por otro lado, el pasado año se produjo un notable aumento en presentación de los recursos de inconstitucionalidad presentados frente a leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Se promovieron 27, de los cuales 9 fueron interpuestos por el Presidente del Gobierno. En 2018 se habían interpuesto 12.

Uno de los datos destacados es el que hace referencia a la presentación de recursos de amparo, que se situaron en 7.554 recursos, lo que 99,12 por ciento de los asuntos de nuevo ingreso en el tribunal. En 2018, fueron 6.918. De estos recursos de amparo sólo se admitieron a trámite 174.

Entre las 178 sentencias dictadas el pasado año –frete a las 142 del año anterior- por su interés jurídico-político destacan, además de las ya ciadas sobre la comisión de investigación de la Monarquía, la decisión de proponer a Puigdemont a presidente de la Generalitat o la validación de las medidas en aplicación del 155, destacan la relativa a la constitucionalidad del despido por absentismo laboral; la sentencia que estimaba la autocuestión de inconstitucionalidad sobre responsabilidad patrimonial por la prisión provisional, en casos de sobreseimiento por inexistencia de los hechos; la sentencia sobre inconstitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral general en materia de protección de datos sensibles.

Entre los recursos de amparo resueltos figuran los presentados por Oriol Junqueras y otros condenados del “procés” contra determinadas resoluciones adoptadas por el juez instructor, Pablo Llarena, o la Sala de Recursos, como el mantenimiento de la prisión provisional. Todos los recursos fueron desestimados.

Aviso de acciones legales contra la Mesa

En cuanto a las cuestiones de competencia presentadas por la Generalitat figuran la relativa a determinados aspectos del Real Decreto que regulaba las evaluaciones finales de educación secundaria obligatoria y de bachillerato. En este caso, el TC estimó parcialmente la cuestón de competencia y anuló algunos de esos preceptos.

Otras cuestiones relevantes adoptadas por el TC fueron diversos autos en los se advirtió al presidente del Parlament, Roger Torrent, y divesos miembros de la Mesa por no acatar sus resoluciones y tramitar iniciativas sobre el derecho de autoderminación.