Investigado por amenazar a los guardias civiles que le incautaron droga tras saltarse el confinamiento

Un juzgado de Huesca investiga por coacciones, amenazas y desobediencia grave a un hombre de 33 años que la madrugada del pasado día 9 fue sancionado en la localidad oscense de Berbegal por saltarse las medidas de confinamiento del estado de alarma y estar en posesión de sustancias estupefacientes que había adquirido en el municipio.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Monzón (Huesca), la magistrada María Estudillo, ha acordado la medida tras la denuncia interpuesta por la Guardia Civil al apreciar la existencia de indicios delictivos.

El joven, de 33 años y natural de San Sebastián (Guipúzcoa), no solo se saltó las medidas de restricción de movimientos que impone el estado de alarma, sino que “durante tres días acosó y amenazó a guardias civiles del puesto de Berbegal” para que le devolvieran las sustancias incautadas, según denuncia en un comunicado la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que defiende a uno de los agentes amenazados a través del letrado Jorge Piedrafita.

Los hechos se produjeron cuando una patrulla de seguridad ciudadana del citado municipio advirtió de madrugada la presencia de un vehículo sospechoso y, tras dar el alto a su conductor y ante sus “explicaciones inconexas”, los agentes comprobaron que el coche no era de la zona, procediendo al cacheo del hombre. Durante el consiguiente registro de seguridad, explica la AEGC, se constató además que se encontraba en posesión de sustancias estupefacientes, que según reconoció había comprado esa noche a un “camello” de la localidad, informaron fuentes jurídicas. De ahí que fuera sancionado por saltarse el estado de alarma y por tenencia ilícita de estupefacientes.

Con posterioridad, la Guardia Civil sancionó también al joven "por amenazas y violencia reiterada" porque a lo largo de los días siguientes "se personó en el cuartel exigiendo que se le devolviera la droga".

En su resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada acuerda que se solicite a la Guardia Civil de Berbegal una copia “de las grabaciones de las conversaciones telefónicas a las que se hace referencia” en el atestado policial, y en las que supuestamente el sancionado habría amenazado a los agentes.

La AEGC lamenta que hechos como estos “no son aislados”, ya que desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo ha denunciado “el incremento de estas conductas que ponen en riesgo la integridad de los agentes de la Guardia Civil”. De ahí su personación como acusación particular en este procedimiento, para evitar “que se ponga en duda gratuitamente la integridad y profesionalidad de los agentes que están velando y garantizando la seguridad y salud de la ciudadanía”.