El Supremo cita como investigada a la portavoz en el Congreso de JxCat Laura Borras

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres ha citado a declarar a la de Junts per Catalunya Lura Borras el próximo día 22. El magistrado es el instructor de la causa en la que se investiga la adjudicación de varios contratos de la Institució de les Letres Catalanes (ILC) en la etapa en la era directora Borrás. La decisión del juez se ha adoptado nada más recibir la autorización del Congreso para que pudiera ser investigada. La Sala II del Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio al Congreso de los Diputados para continuar el procedimiento penal contra Borrás Castanyer, a quien abrió una causa el pasado mes de diciembre por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El Tribunal Supremo abrió el pasado 17 de diciembre la causa contra la citada diputada independentista catalana para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que elevó al Supremo una exposición razonada.

Alto Tribunal destacó entonces que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”. El tribunal extendió su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada.

Según la investigación del Juzgado de Barcelona, que se recogía en la exposición razonada del magistrado Eduardo de Porres dirigida al Congreso, hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la ILC adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías Herrero, con quien Borras, entonces directora del Instituto, mantenía una relación de amistad. Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.