Lo explicitaba George Orwell a la perfección. «Si algo significa la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír». Una frase histórica que hoy retoma todo su poder ante la cruzada personal del vicepresidente segundo del Gobierno contra la Prensa, que este martes verbalizó, asegurando que había que «naturalizar el insulto», desde La Moncloa.

Este ataque a la libertad de la prensa en España ha causado ya una cascada de reacciones políticas y en el mundo de la sociedad civil. El foco se sitúa ahora en Europa. En dilucidar si las declaraciones del vicepresidente contravienen el respeto a las libertades de expresión e información de los medios de comunicación, como bien recoge Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Este tipo de comportamientos de ataques a la prensa, como los que estamos viviendo en España, contribuyen a la preocupación que ya existe en el seno de la Unión Europea y, de hecho, serán analizados dentro del Parlamento Europeo con el objeto de ponerle freno y mantener intacto el respeto a la libertad de expresión y de los derechos fundamentales. Manifestaciones como las de Pablo Iglesias y actitudes de gobiernos de otros estados miembros de la Unión sobre la que el Parlamento Europeo no quita el ojo de encima, al comprobar como los Ejecutivos nacionales tratan de poner coto a la libertad de prensa. Los precedentes se encuentran en Malta, Polonia o Hungría.

No es que la sede europea haya activado un mecanismo de manera inmediata ante el caso español que estamos viviendo en los últimos días tras las declaraciones del vicepresidente y su partido –desde donde se señala públicamente a la Prensa–, sino que, de manera generalizada, la UE podrá poner coto a este tipo de prácticas, tal y como explican a LA RAZÓN fuentes europarlamentarias. Será a partir de septiembre cuando el Parlamento Europeo retomará los trabajos sobre un mecanismo de la UE sobre democracia, Estado de Derecho y de derechos fundamentales. Unos mecanismos, que servirán para garantizar el cumplimiento del estado de derecho en los países miembros y que de confirmarse la existencia de vulneraciones sobre derechos fundamentales podría tener consecuencias para los países en cuestión, en aplicación al Tratado de la Unión Europea (TUE).

Aunque el Parlamento Europeo todavía no ha dotado a este mecanismo de herramientas concretas, las mismas fuentes sí precisan, que una de las decisiones a adoptar que se manejan y que podrían definirse con toda probabilidad es la de la condicionalidad a recibir fondos europeos. La Comisión Europea (CE) ha dado un paso significativo en este sentido dando trámite a este informe con el objetivo de estudiar y supervisar, país por país, situaciones anómalas que se puedan producir y que contravengan el TUE.

Según el último informe publicado por el Parlamento Europeo, –que todavía no ha sido aprobado por el Parlamento Europeo– si la Comisión Europea constata hechos graves, en relación a la vulneración por parte de algún país miembro sobre el estado de derecho, podría iniciarse una investigación particular para identificar el problema y adoptar resoluciones o seguimientos entre la Comisión Europea, el Consejo Europeo y los estados miembros en concreto. La norma a la que puede acogerse la UE es el incumplimiento del artículo 7, apartado 1 del TUE que dota a la UE de un mecanismo sancionador que se puede activar si un Estado miembro vulnera de «manera continua y manifiesta los derechos y libertades fundamentales».

Según el citado estudio, se plantean varios escenarios de acción que se podrían activar si un Estado miembro no cumple con uno o más aspectos del TUE. En ese caso, la CE iniciaría un diálogo con el país miembro determinado. Cabe recordar, que el alma de la UE es el de canalizar los posibles problemas mediante el diálogo para evitar sanciones. Las mismas fuentes confían en que la diplomacia impere antes de pulsar el botón sancionador. Pero, otra de las opciones que se podría articular –si el comité de expertos que se determine concluye que existe una clara violación grave del TUE– según el artículo 7.2 del mismo será la de suspender determinados derechos, como los derechos del voto del estado miembro, un extremo que, en el caso español, los expertos consultados por este diario, ven lejano en el momento actual, siempre que no se reiteren o sean más grave las declaraciones en contra de la libertad de prensa, por parte del Gobierno.