La Iglesia denunciará al Govern por no autorizar un acto

José Beltrán - Madrid

Si se celebra una misa en la basílica de la Sagrada Familia, legalmente solo pueden asistir diez personas. Si se visita como turista sin límite de tiempo, el aforo se amplía. Esta incongruencia, unida a que la capacidad del 50 por ciento para cualquier espacio que no sea una iglesia, es la que llevará al Arzobispado de Barcelona a denunciar a la Generalitat. «Durante los próximos días iniciaremos las acciones legales oportunas contra la arbitrariedad y la indefensión que sufren el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto, constitucionalmente protegidos», expresa en un comunicado la archidiócesis capitaneada por el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella.

La gota que ha colmado el vaso es el funeral por las víctimas barcelonesas del coronavirus que ayer a las siete de la tarde presidió el cardenal Omella, con la asistencia de familiares de víctimas, personal sanitario y de las residencias, representantes de los trabajadores de servicios esenciales, voluntarios… Pero con el plante del Ejecutivo de Quim Torra. También con la ausencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, que apenas dos horas antes se apeaban del acto «para cumplir con las medidas decretadas por la Generalitat».

Durante los últimos días, la archidiócesis solicitó a la Consejería catalana de Salud que remozara la norma del 17 de julio que limitaba los actos religiosos a una decena de personas, una medida adoptada al dispararse los rebrotes. «Es una previsión que nos parece injusta y discriminatoria teniendo en cuenta que hemos sido muy cuidadosos y respetuosos en mantener las normas sanitarias exigidas para los espacios cerrados, presentadas en todo momento a la Administración, contando con el visto bueno de los médicos», defienden desde el equipo de Omella que contaban desde el 2 de julio con la autorización para celebrar la misa de difuntos. Es más, el pasado martes, se detallaron las condiciones en que iba a celebrarse el funeral para su aprobación. ¿La respuesta de la Consejería? El silencio. Ni autoriza ni desautoriza la ampliación de aforo. «Con gran dolor tenemos que decir que, de momento, no se nos ha notificado de acuerdo con el derecho vigente una resolución que cumpla los requisitos de la legalidad ordinaria», lamentaban desde el arzobispado, que decidió seguir adelante con el funeral.

Y no con diez personas. El cardenal Omella presidió la eucaristía, con un aforo del 23 por ciento, mascarillas y distancia social. Durante la homilía, el purpurado admitió las «dificultades que hemos tenido para celebrar esta eucaristía». «No son momentos de perder el tiempo en discusiones inútiles para culpables, para aumentar la división», expresó el pastor, que instó a la clase política a «aunar fuerzas» para «hacer frente juntos a la crisis económica y social que se nos avecina».

Se trata de la primera denuncia que interpone la Iglesia española contra una Administración durante la emergencia sanitaria. Durante el estado de alarma, tanto en el confinamiento como en las fases de la desescalada, los obispos y ministro de Sanidad, Salvador Illa, trabajaron de forma coordinada para evitar que los teplos fueran foco de contagio.

Y aunque expresamente el decreto de Moncloa nunca prohibió las misas, fueron los pastores quienes optaron de forma abrumadora –salvo excepciones como Alcalá de Henares– limitar las celebraciones públicas. De hecho, apenas se generaron incidentes, más allá de la interrupción por parte de la policía de alguna celebración en la catedral de Granada, en una parroquia de Madrid… Ahora, con las decisiones en manos de los gobiernos autonómicos, algo ha cambiado.