El presidente del TC no contempla la dimisión del magistrado que fue detenido por supuesta violencia de género

Fernando Valdes no tiene la más mínimas intención de dimitir como magistrado del Tribunal Constitucional, ni el presidente de éste, Juan José González Rivas, piensa pedirla. Eso sí, todo va a depender del devenir del proceso en el que está involucrado Fernando Valdés, quien llegó al TC auspiciado por el PSOE, después de que la noche del lunes fuese detenido por la supuesta comisión de un delito de violencia contra la mujer. Tampoco se prevé que se celebre ningún pleno extraordinario para abordar la situación del citado magistrado. El presidente del Alto Tribunal, que se encontraba de vacaciones en Galicia, regresó a Madrid nada más tener conocimiento de los hechos y tener un conocimiento más directo de lo sucedido. El martes, una vez que Fernando Valdés quedó en libertad, ambos mantuvieron una conversación en la que no se llegó a plantear en ningún momento la renuncia al cargo. El afectado, según fuentes jurídicas, le explicó al presidente su versión de los hechos, en los que niega haber intentado agredir a su esposa, pese a la denuncia de algunos vecinos que alertaron a la Guardia Civil tras escuchar los gritos de «auxilio» de su esposa.

Fue el propio presidente del TC el que puso en conocimiento de los demás magistrados lo sucedido, y ninguno de ellos planteó la conveniencia de que abandonase el tribunal. Esto mismo se reprodujo en las conversaciones que Valdés ha mantenido con sus compañeros: ninguno le ha pedido que renuncie. Todos, en cambio, vinieron a expresar su «compresión» por el difícil momento que está atravesando. «Se habló de los temas pendientes que tenemos en el tribunal, pero nada de lo sucedido», señalaron a LA RAZÓN fuentes próximas al Alto Tribunal.

De hecho, el propio Tribunal Constitucional salió en defensa de la presunción de inocencia de Fernando Valdés, lo que venía a significar un respaldo a que continuase como magistrado. Por tanto, en estos momentos hay una especie de cierre de filas alrededor de Fernando Valdés, aunque la situación podría dar un giro notable en función de cómo evolucione el procedimiento judicial.

La magistrada de Majadahonda ante la que compareció y posteriormente le dejó en libertad provisional, remitirá el atestado de la Guardia Civil, declaraciones, etc, al Tribunal Supremo, dado la condición de aforados de los magistrados del TC, algo que se espera que suceda en breve. Una vez llegue al Supremo, será la Sala de Admisión la que tenga que decidir si ve indicios para iniciar una investigación o no. Para ello, pedirá previamente informe a la Fiscalía, cuyo dictamen será determinante. Y ello, por la sencilla razón de que si la mujer de Valdés no presenta ninguna denuncia , como todo hace prevér, y la Fiscalía no ve indicios para admitirla, no se iniciará ninguna investigación.

Al margen de ello, algunas fuentes jurídicas ponen de relieve la diferencia con el hoy consejero de la Comunidad de Madrid Enrique López, quien se vio «forzado» a dimitir del TC tras dar positivo en un control de alcoholemia y conducir sin casco una moto: «Si en este caso, que se trata ni más ni menos que de posible violencia de género, el implicado hubiese sido un magistrado “conservador”, se estarían pidiendo responsabilidades

¿Y QUE OPINA LA MINISTRA DE IGUALDAD?

El Partido Popular ha echado de menos que asociaciones feministas se hayan pronunciado sobre los hechos en los que se ha visto implicado el magistrado del TC Fernando Valdés. Pero no sólo de asociaciones, sino de la propia ministra Irene Montero. Así, Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Política Social del PP, en un tuit espetaba a Montero a pronunciarse: «Y por cierto, qué opina la ministra de Igualdad? ¿Dónde están las asociaciones feministas? ¿Acaso que el magistrado del TC lo sea a propuesta del PSOE tiene algo que ver con los silencios».

En esta misma línea, el portavoz de Justicia en el Congreso del PP, Luis Santamaría, pidió que, en aras a «salvaguardar la institución, el Tribunal Constitucional», lo más conveniente es que el magistrado Fernando Valdés, diese «un paso atrás» y renunciara. Eso sí, «sin prejuzgar en ningún caso los hechos y respetando totalmente la presunción de inocencia» del afectado.

Y, junto a ese «paso atrás», Santamaría también exigió que quedara «meridianamente claro» que el Ministerio Fiscalía ha actuado en ese caso con los mismos criterios que en otros» relacionados también con la violencia de género, «porque todos lo españoles deben tener la garantía de que el Ministerio Fiscal, con independencia de los afectados, actúa siempre con igualdad de criterio».