Moncloa aplaza la «mesa de diálogo» hasta dilucidar el futuro de Torra

La actitud de Moncloa respecto a la «mesa de diálogo» ha cambiado drásticamente. Hace dos semanas,el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba dispuesto a impulsarla y promover su reunión inmediata. Con ese objetivo, descolgó el teléfono y acordó con Quim Torra que sus equipos se pusieran a trabajar para fijar «en los próximos días» la cita en Barcelona.

De este modo, desde el Gobierno central se empujaba, en connivencia con ERC, para intentar materializar el foro de diálogo bilateral a la mayor brevedad posible –antes del 17-S– para evitar que el horizonte judicial del presidente de la Generalitat interfiriera en la búsqueda de una salida para «el conflicto político en Cataluña». Sin embargo, tanto los republicanos como Moncloa reconocen que es Torra quien ha evitado hasta el momento concretar una fecha y ahora es a Sánchez a quien tampoco le interese fijarla. En el Gobierno central prefieren dejar la reunión en el aire hasta que se dilucide el futuro del president y se concrete su más que probable inhabilitación.

En Moncloa no quieren que un inhabilitado se siente a la mesa y no están dispuestos a correr riesgos. El propio Torra, cuya presencia no estaba prevista en la reunión, ha mostrado en los últimos días su intención de acudir y, si el cónclave se produjera coincidiendo o después de la inhabilitación, supondría de facto un reconocimiento que en el Gobierno no van a promover. Dada la situación de interinidad que vive el Govern, en Madrid prefieren esperar a que se despejen algunas de las incógnitas que se ciernen sobre el horizonte catalán y reunirse con un interlocutor al que reconozcan plena legitimidad. Es el caso de Pere Aragonés. Sin embargo, desde JxCat no pondrán las cosas fáciles y exigen a ERC una mesa de diálogo con Torra aunque sea inhabilitado.

Y es que saber qué ocurrirá si se confirma la condena a Torra –todas las previsiones apuntan a principios de octubre– y quién acabará siendo el interlocutor con La Moncloa es una tarea difícil pese a que se empiezan a despejar algunas incógnitas: Torra no piensa llamar a las urnas antes de conocer la resolución del Alto Tribunal. La estrategia de JxCat es culpar al «Estado» y a la «Justicia» de llevar a «Cataluña a una situación de parálisis», un relato que se alimenta con esta vía. Por tanto, si el TS hace efectiva la inhabilitación de Torra, el Govern pasará a estar en funciones y sería el vicepresidente Pere Aragonès quien asumiría la presidencia por «sustitución» limitada (no podría cambiar consejeros ni convocar elecciones). Una posición desde la que intentaría reactivar el foro con el Gobierno.

A partir de aquí, el escenario más posible a día de hoy lleva a los catalanes a votar en febrero: de no haber candidato de desbloqueo –la oposición quiere negociar un «plan B» casi imposible– Roger Torrent tendrá que tomar partido y activar el reloj electoral con un pleno en la cámara. Entonces, y tras un plazo de dos meses, el Parlament se disolvería de forma automática para celebrar elecciones 54 días después.

Un periodo con Aragonès como líder en funciones y presionando para que se impulse la mesa de diálogo. Un objetivo que puede verse enmarañado por la negativa de JxCat, la presión que puede haber sobre ERC por los presupuestos y los efectos de la propia campaña, con los postconvergentes señalando a los republicanos. Todo salvo giro de guion de última hora, ya sea porque Torra opte por desobedecer o nombre a un sustituto de JxCat (la vía Laura Borràs) para evitar la promoción del republicano. Una opción que implicaría entrar al choque con ERC.