Ayuso asume que Moncloa intervendrá Madrid mañana

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ampliará las restricciones sanitarias aprobadas el pasado viernes, como le exige el Ministerio de Sanidad, por lo que en el Gobierno regional se preparan para una intervención, que podría hacerse oficial el martes, vía decreto, en el Consejo de Ministros.

Desde el Gobierno regional advierten de que el único mecanismo para que el Ejecutivo central tome el control sanitario autonómico, sin incurrir en una ilegalidad, es con el estado de alarma, instrumento que exige al Ejecutivo de Sánchez pasar por el Congreso de los Diputados, en el plazo de quince días, para conseguir su aprobación.

En las últimas horas se ha especulado sobre otros instrumentos alternativos como la Ley de Salud Pública y el decreto de Nueva Normalidad. En este último, fruto de la negociación del Gobierno con Ciudadanos (Cs), se justifica la intervención en casos de extrema urgencia y si no se respetan las actuaciones coordinadas. Paradojas de la política, este decreto, que forzó la formación naranja en la negociación de las prórrogas del estado de alarma, puede ser ahora una baza para Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno no tendría que pasar por el Parlamento, pero el texto sí exige consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y Madrid no apoyará, y está por ver qué harán el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP.

El agravante político de esta crisis es que al estar por medio la salud, las dos partes deben medir que están «jugando con fuego». Si en ese marco del Consejo Interterritorial el ministro presentase la exigencia de un confinamiento perimetral de Madrid, y la presidenta madrileña se opusiera, «si las cifras siguen subiendo, está muerta: la jugada es de libro», advierten desde Ciudadanos, socios de coalición de Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno regional.

El vicepresidente, Ignacio Aguado, ha optado por mantener un equilibrio, con la «bandera blanca en medio del fuego cruzado», señalan desde Cs. «Con plena lealtad institucional nos estamos poniendo de perfil. Habría que ver qué estarían haciendo PSOE y Podemos si estuvieran en esta misma situación», añaden en el partido de Inés Arrimadas.

Entretanto, el Gobierno regional replica al órdago de Sanidad con el aviso de que, si toman el control por cualquier otro medio que no sea el estado de alarma, el más complicado de manejar para el Ejecutivo central, estarán incurriendo «en una grave ilegalidad, que tendrá recorrido judicial».

En las últimas horas se han multiplicado las llamadas entre altos cargos autonómicos, sobre todo de las comunidades limítrofes, para buscar una salida a la crisis y terminar con esta imagen de «juego político cuando lo que está en juego es la salud», comentan desde Castilla-La Mancha.

Castilla y León movió ficha por la mañana y medió para intentar que se convocara una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud. Hay cita el miércoles, pero para entonces la crisis puede haber terminado ya en la intervención unilateral sanitaria del Gobierno de Madrid. Madrid y Castilla-La Mancha aprobaron la petición, pero el ministro se mostró reticente con el argumento de que ya hay una reunión prevista. La impresión es que Sanidad está dispuesta a llegar también hasta el final, en un movimiento político de mayor alcance «que busca aplastar a Ayuso».

Ella, sin embargo, está convencida de que su camino es el correcto, pese a los temores que existen dentro de su partido. En las conversaciones privadas que ayer mantuvo, trasladó a sus interlocutores un mensaje de confianza absoluta en sus medidas. «Mis medidas van a dar resultado. Esto sólo lo hacen para evitar que me pueda apuntar un tanto», comentan que va diciendo.

Su salida en público fue sostener el órdago a la máxima autoridad sanitaria y admitir el confinamiento total de Madrid siempre y cuando se apliquen los mismos criterios de restricciones en el conjunto de España. Éste es un problema que arrastra la «reescalada» porque cuando se levantó el confinamiento, se fijaron criterios mínimos para la desescalada, pero con la segunda ola cada Gobierno autonómico está tomando sus decisiones en función de la interpretación política que se hace de las recomendaciones de los expertos.

En Francia, por ejemplo, hay unos criterios homogéneos en todo el país, en cuanto a restricciones y también confinamiento, y esto es lo que ahora reclama el Gobierno de Ayuso, pero también otros Gobiernos autonómicos. La flexibilidad que dejó la desaparición del mando único atenta, se está viendo, contra el interés del ciudadano, ya que deja mucho más margen para que se imponga la pelea política y partidista sobre el principio de proteger la salud pública con garantías de igualdad en todo el territorio nacional.

En la esfera política, los partidos hacen sus apuestas sobre quién puede sacar más rédito electoral de esta crisis. Pero sin medir bien, posiblemente, el carácter excepcional de la situación, y que esto mismo puede hacer que salten por los aires todas las previsiones. Contar votos en medio de una crisis sanitaria y económica de tal potencia puede tener un efecto rebote «incalculable», reflexionan en la sede de uno de los Gobiernos regionales que hace frontera con la Comunidad de Madrid.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, intervino ayer en el debate para exigir al Gobierno y al ministro de Sanidad que demuestren «su lealtad regresando a los espacios de colaboración constituidos por la Comunidad de Madrid y no amenazando con actuaciones de difícil encaje legal. Los ciudadanos piden soluciones, no enfrentamientos», indicó en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter.