La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que confirme la decisión de sentar en el banquillo a los Pujol

El instructor acusó al clan Pujol en un auto de 16 de julio de haberse aprovechado de su posición privilegiada durante décadas para acumular un patrimonio desmedido

La teniente fiscal de anticorrupción, Belén Suárez, ha reclamado a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que confirme la propuesta del juez José de la Mata de sentar en el banquillo de los acusados a los integrantes de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol Soley, según consta en un escrito de 3 de septiembre, al que ha tenido acceso La Razón.

El instructor acusó al clan Pujol en un auto de 16 de julio de haberse aprovecharse de su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica de Cataluña durante décadas para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.

El magistrado cree que los hechos investigados serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

En el escrito de 3 de septiembre, la Fiscalía confirma que a los integrantes de esta familia, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola, y sus siete hijos: Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer, así como Mercé Gironés, la exmujer del primogénito, se les puede imputar un delito de organización criminal o asociación ilícita. Y lo justifica porque, según su investigación, habrían realizado sus actividades presuntamente ilegales de forma coordinada: tanto para abrir las cuentas bancarias en Andorra y en otros paraísos fiscales, como para para ingresar ahí las mordidas y ocultarlas en fundaciones de Panamá.

“Las cuentas se abrieron entre los años 1990 y 1992, se cancelaron en las mismas fechas, a finales del 2010 entre los meses de octubre y diciembre; simultáneamente todos abrieron cuentas en la entidad Banca Privada de Andorra, y posteriormente esos fondos terminaron traspasados a fundaciones panameñas con objeto de obtener mayor opacidad”, dice Belén Suárez, que recuerda que una parte de los fondos fueron regularizados con la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy.

Además, la fiscal destaca que a lo largo de la investigación se han descubierto documentos que ponen de manifiesto “la actuación conjunta” de los Pujol “en cuanto a la recepción de fondos, su reparto, incluidas las consignas de actuación, que permitió la ocultación de la existencia de los fondos”.

Y en el caso de Josep Pujol Ferrusola, continúa Belén Suárez, este solo regularizó los fondos de la Banca Privada de Andorra: “Y no así los que tenía en Andbank con objeto de evitar que se descubriesen los fondos de los demás integrantes de la familia”, concluye el escrito del ministerio público.

En cuanto a los delitos fiscales y contra la Hacienda Pública imputados a los Pujol, Suárez destaca que la mayor parte de los fondos conocidos se ingresaron “en efectivo”, al mismo tiempo que asegura que hay cantidades por las que no habrían tributado: “Debe ponerse de manifiesto que el investigado Jordi Pujol Ferrusola no regularizó ninguna cantidad de las que bajo su titularidad dispuso fuera de España”, concluye.

La fiscal también se opone a los recursos presentados por los imputados Luis Delso, Carlos Sumarroca Coixet, Carlos Sumarroca Claverol, Josep Mayola Comadira, Gustavo Buesa Ibáñez, Jorge Barrigón Lafita y Carlos Vilarrubí Carrió contra el auto de 16 de julio de José de la Mata, que pide a la Sala de lo Penal que lo confirme.

En similares términos se expresa la abogada del Estado Rosa María Seoane, que solicita a la Sección Tercera que avale la decisión del juez De la Mata, ya que considera que ha recogido conforme a la ley los “indicios” de los supuestos delitos cometidos por los Pujol.