El Gobierno rebajará la sedición de los líderes del “procés” antes de las elecciones catalanas

Los gestos del Gobierno hacia Cataluña, y en especial hacia el independentismo, están marcando los prolegómenos de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Entre ellos, se han producido importantes anuncios como la recuperación del compromiso de materializar la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición que afecta a los líderes del “procés” o la tramitación de los indultos a estos dirigentes presos a la que se ha procedido por parte del Ejecutivo en cumplimiento de la ley. Sobre estas cuestiones trascendentes se ha pronunciado hoy el ministro de Justicia.

En una entrevista en “La hora de la 1″ de TVE, Juan Carlos Campo ha confirmado que, en base al calendario normativo que mantiene el Consejo de Ministros, antes de “final de año” se debe realizar la citada modificación que rebaja las penas de la sedición. “De hecho en el Ministerio están ya bastante avanzados los estudios”, ha asegurado, para apuntar inmediatamente que “la finalidad es muy simple”: “Hay que adecuar y armonizar nuestro Derecho a los países de nuestro entorno”. Esto supone, según Campo, "recoger unas figuras penales muy graves, pero en sus justos términos y en los parámetros que lo hacen otros países europeos”.

Este horizonte temporal, antes de que acabe 2020, se antoja idóneo para que la medida que favorece a Junqueras, los Jordis o Forcadell, entre otros, esté vigente antes de las elecciones catalanas que se celebrarán el próximo 14 de febrero. Además, la reforma también afectaría a Carles Puigdemont que, aunque no está condenado, sí llega a ser juzgado “es una nueva normativa y claro, sí se podrían realizar las calificaciones con ese articulado”, ha resuelto. El avance en esta reforma puede tener un resultado definitivo para hacer que Ciudadanos se acabe descolgando de la negociación de los Presupuestos y esta se consolide con ERC y el bloque de la investidura.

La vía de la reforma del delito de sedición es la prioritaria para el Gobierno a la hora de favorecer a los independentistas, en orden a una nueva relación entre el Estado y Cataluña, sin embargo, por medio se ha colado la eventualidad de que se obtenga el mismo resultado -la excarcelación de los líderes del “procés”- por la vía del indulto, que pidieron para ellos UGT, ex presidentes del Parlament o un despacho de abogados. El ministro ha querido dejar claro que el Gobierno “no es proclive a conceder o no conceder los indultos”, sino que éstos se han tramitado en orden a que en el Ejecutivo están obligados por ley a evaluarlos.

Sí ha querido reseñar que se trata de una “medida muy excepcional” que tiene por finalidad corregir excesos o cambios judiciales y situaciones en las que, por ejemplo, el transcurso del tiempo provoque que lo que se juzgó en su día no tenga ahora relevancia social y el reo esté totalmente rehabilitado. “Las condenas tienen una finalidad de castigo pero también un mecanismo de recuperación social. Todo eso tiene que verse, el Gobierno es proclive a dar cumplimiento a la ley”, ha asegurado, sin querer mostrarse taxativo sobre la posición del Gabinete.

El CGPJ, en diciembre

Más esperanzado se ha mostrado Campo sobre la posibilidad de llegar a un entendimiento con el Partido Popular para avanzar en la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Acuerdo no hay porque si no hubiera sido exteriorizado”, ha asegurado el ministro de Justicia que, no obstante, no ha ocultado que las negociaciones siguen abiertas y mantiene la expectativa de que lleguen a buen puerto. En este sentido, ha asegurado que “hay una esperanza muy razonable de que en poco tiempo podamos tener esa renovación del CGPJ y Tribunal Constitucional dando cumplimiento al mandato constitucional”. Un lapso temporal que ha ubicado el horizonte del Día de la Constitución, el próximo 6 de diciembre.