Sánchez pacta con Iglesias al margen de su Gabinete

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla y negocia con su vicepresidente, Pablo Iglesias, mucho más de lo que saben sus ministros y de lo que piensan en su partido. La imagen de un presidente tutelado por su vicepresidente se ha convertido en un icono del Gobierno de coalición porque las debilidades parlamentarias de Sánchez son evidentes. Como lo son también las cesiones ideológicas en lo que afecta al armazón del socialismo español.

Sánchez le deja hacer, y permite a Iglesias apuntarse sus supuestas cesiones, pero todo forma parte del plan para tapar sus debilidades presentes y solidificar la única mayoría con la que el equipo de Moncloa sabe que puede mantenerse en el poder en esta Legislatura y, posiblemente, en la próxima. Por eso el apoyo de Bildu no es coyuntural, como tampoco lo es el de ERC, sino que forman parte del proyecto de gobierno que tutelan en primera persona Sánchez y su equipo.

Estos días se ha escuchado el lamento de algunos de los barones socialistas contra el PSOE de Sánchez por la puesta en escena del apoyo activo del ex etarra Arnaldo Otegi, líder de Bildu, a los Presupuestos. Y por el abrazo del vicepresidente del Gobierno: «La disponibilidad de EH Bildu para votar sí a los PGE es una buena noticia. Demuestra responsabilidad y compromiso por avanzar con políticas de izquierdas. El bloque de investidura avanza y será de legislatura y de dirección de Estado».

Este apoyo de Bildu se podría haber gestionado de otra manera, pero el jefe del Ejecutivo no ha llamado la atención a su vicepresidente por la exuberancia de su «encamamiento» con Bildu, que hizo corporativo al Ejecutivo. En público lo bendijo el ministro José Luis Ábalos. Y en privado, por omisión, Sánchez.

En el día a día del Gobierno de coalición se pueden escuchar las quejas de la parte sustancial del equipo económico por el «juego sucio» de Iglesias. Y también pesan las discretas enmiendas de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sostén del Estado dentro del Ejecutivo. «Pero en los pulsos, a Iglesias se le permite que parezca que gana siempre, incluso cuando pierde, que son muchas veces», reflexiona un miembro del Consejo de Ministros a modo de desahogo.

La votación presupuestaria de esta semana en el Congreso fue una segunda investidura de Pedro Sánchez, que le consagra en el Palacio de la Moncloa, si él quiere, hasta noviembre de 2023. Los Presupuestos se han quedado desfasados en su redacción, por falta de realismo, antes incluso de abrirse su tramitación parlamentaria, pero lo importante es la fuerza creciente del pacto de investidura.

Las abstenciones de los diputados de ERC y de Bildu en la primera investidura de enero del año pasado se han transformado en un apoyo activo, y el sentido de la alianza para los socios es de pacto de gobierno, de hacer país, o deshacer este modelo de país, siendo el contenido de las cuentas de la Nación española lo menos relevante.

La clave está en los acuerdos que se negocian en la sombra y que creen que les sirven para avanzar poco a poco en su objetivo de debilitamiento constitucional y de cambio de régimen. ERC y Bildu, coalición heredera del movimiento abertzale etarra, saben que no hay independencia posible, pero el precio a sus apoyos y a participar en la «dirección de Estado» trasciende por mucho la cuestión económica. De hecho, la negociación económica es el pretexto para lo que se discute en paralelo, sin necesidad de «mesa», para hacer mella en el modelo educativo, en el modelo de Justicia y en el modelo territorial, menguando cada vez más la fuerza del Estado en su conjunto.

En las contrapartidas paralelas a los Presupuestos está la aceleración del acercamiento de los presos etarras y avanzar en la excarcelación de los líderes independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo. En el PSOE de Sánchez auguran, por ejemplo, «diligencia» en el cambio legal para rebajar el delito de sedición.

El balance de este primer año de Gobierno de coalición hace aguas, pero no pesa sobre Pedro Sánchez. Y las críticas de una parte del socialismo contra la fortaleza de Pablo Iglesias dentro de la coalición caen en saco roto en Moncloa. De hecho, en la fontanería de Palacio se dice que el presidente del Gobierno no está en manos de su vicepresidente, como sostienen los críticos de su partido o la oposición, sino que «es el presidente el que está utilizando a Iglesias».

Uno de los barones críticos del PSOE lo valoraba de manera muy distinta estos días: «El partido ha sido engullido por la figura de Sánchez. Todo ha sido puesto al servicio de los estrategas del poder de Moncloa y hemos vendido nuestra ideología a cambio de ese poder».

En las urgencias de la realidad del país, los presidentes autonómicos de las comunidades ahogadas por la pandemia se sienten desamparados, y da igual el color del gobierno afectado porque el grito de auxilio es el mismo, y la crítica a Moncloa, también. Pero a Sánchez le suma en esta estrategia la decisión del líder de la oposición, Pablo Casado, de ir en comandita con la Comunidad de Madrid, con intereses y estrategia distintos a los de otros Gobiernos regionales presididos por el PP. Esta división autonómica en la oposición fortalece al líder socialista en su decisión de no mancharse en el segundo golpe de la Covid.

Así, tras la votación de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, Sánchez abandonó el jueves pasado el Congreso sintiéndose fuerte y seguro con Iglesias, Rufián y Otegi como guardianes del «fuego» de su Gobierno.

Tiene razón el PSOE de Sánchez cuando dice que no hay otra mayoría alternativa, no sólo porque no sumen con los diez escaños de Ciudadanos, sino porque cualquier coincidencia con el partido de Inés Arrimadas les subleva a los Iglesias, Rufián y Otegi, y, objetivamente, no les dan las cuentas electorales de presente ni de futuro sin mantenerles en su escolta.

¿El precio? Ésta es sin duda la gran pregunta a largo plazo sobre las consecuencias de la alianza del Gobierno de la Nación, cuya principal obligación es proteger al Estado del que nace su legitimidad, con los grupos que tienen en la esencia de su naturaleza la destrucción de ese Estado por el que el Gobierno debe velar.

A medio plazo, sólo la economía puede tumbar al Gobierno de coalición porque la fuerza de su pacto de legislatura con independentistas y nacionalistas está blindada frente a los efectos de la pandemia y de la crisis sanitaria. Y ni siquiera hay una elecciones autonómicas y municipales a medio camino que pudieran desestabilizar este conglomerado de intereses políticos por el choque de las necesidades electorales y de los discursos. Las últimas autonómicas se celebraron en mayo de 2019, y la Legislatura nacional termina de manera natural en noviembre de 2023, sólo meses después de que toque la reválida autonómica y municipal. Para entonces, PSOE y Unidas Podemos ya habrán activado el proceso de distanciamiento para la competencia electoral, y la gran incógnita es en qué condiciones económicas se afrontarán los próximos comicios.

El PP sigue augurando la hecatombe, no tan rápida como en un principio pensó, pero sí ineludible en el próximo ejercicio cuando tenga que ajustarse déficit y deuda a lo que diga Bruselas.