El Supremo decidirá el jueves si los condenados por el “Procés” recuperan el tercer grado o siguen en régimen ordinario

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado para el próximo jueves , a las 10.00 horas, la deliberación y resolución, sin vista, de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y por los nueve condenados a penas de prisión en la causa del ‘procés’ contra los autos relativos a la concesión del tercer grado y a la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario.

La Fiscalía presentó el pasado mes de julio los correspondientes recursos contra las decisiones de la Generalitat de otorgar el régimen de semilibertad a Oriol Junqueras y demás condenados graves de prisión por un delito de sedición, en relación con la celebración del referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017. A su vez, los condenados recurrieron las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciarias de los que dependen de mantener la suspensión del tercer grado hasta que se pronunciara el Supremo.

En los recursos, el Ministerio Público se esgrime la gravedad de las condenas impuestas, el poco tiempo que estuvieron clasificados en segundo grado –apenas seis meses- , la incompatibilidad de la progresión a tercer grado con el cumplimiento de los fines de la pena, tanto los retributivos y de prevención general y especial como los de reeducación y resocialización, así como el hecho de haber estado muy pocos meses en régimen ordinario y otorgarles la semilibertad hace que “muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad tanto en el interno como en la sociedad”.

Forcadell y Bassa, las excepciones

Asi, por ejemplo, en el recurso contra el tercer grado otorgado a Oriol Junqueras –condenado a 13 años de prisión- se destaca que lo anterior resulta incompatible con la necesaria realización de los fines retributivos y de prevención general y especial de la pena”, y tampoco se ha producido “la evolución en el tratamiento exigida” por la Ley Orgánica General Penitenciaria para acordar tal progresión, " cuanto el interno continua reconociendo los hechos y sus consecuencias pero no el delito, al igual que hacía al inicio del cumplimiento de la pena, no habiendo superado el interno ningún programa específico de tratamiento para abordar tal déficit, a lo que se ha de añadir que no se ha producido el necesario acercamiento progresivo con el exterior”.

Junto a todo ello, destaca el Ministerio Público que resulta “del todo anòmalo” que internos condenados a penas graves de prisión puedan obtener el tercer grado sin ni siquiera haber cumplido la cuarta parte de la condena. De hecho, sólo Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han cumplido esa parte minina de los nueve años de prisión que les impuso el Tribunal Supremo

La Fiscalía del Tribunal Supremo, en concreto, recurrió el pasado mes de agosto ante el alto tribunal el tercer grado que la juez de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña avaló con respecto al exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn; el expresidente de la ANC y dirigente de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Tras ello, la juez dejó el tercer grado en suspenso hasta que el Supremo resolviera de manera definitiva la concesión de esta clasificación, por lo que estos siete condenados no han podido salir de prisión.

Todos ellos regresaron a la prisión de Lledoners el pasado 28 de julio, después de que la titular de dicho Juzgado de Vigilancia Penitenciaria acordara suspender el tercer grado, que más tarde ratificó, mientras resolvía los recursos presentados por la Fiscalía ante su juzgado. Una decisión que ha sido impugnada por los propios líderes independentistas, por lo que tendrá que ser valorado por el Supremo.

El Ministerio Público hizo la misma petición el pasado 2 de noviembre con respecto a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsejera Dolors Bassa, si bien éstas no han tenido que regresar a sus respectivos centros penitenciarios, ya que el juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Cataluña no aceptó la solicitud de la Fiscalía de suspender cautelarmente el tercer grado.