El Gobierno se gasta 300.000 euros diarios en mantener a 6.000 inmigrantes en hoteles de Canarias

El Estado se gasta 300.000 euros diarios en mantener a 6.000 inmigrantes ilegales en 16 hoteles y complejos turísticos de Canarias. Los municipios turísticos de Mogán y de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria han exigido al Estado la reubicación de dichos inmigrantes antes de que comience 2021 y que ese dinero se destine a reactivar la economía de la isla. Agentes policiales que trabajan sobre el terreno han informado a LA RAZÓN que se ha detectado la salida de algunos estos inmigrantes de esos edificios para acudir al aeropuerto con el fin de viajar a la Península. Llegan al archipiélago con pasaporte y dinero suficiente.

En una rueda de prensa conjunta con la Confederación Canaria de Empresarios (CCE); la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; y el concejal de Turismo y Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, entre otros, se ha puesto sobre la mesa la urgencia de adoptar estas medidas.

Se subrayó que ante la situación de emergencia todos “habían arrimado el hombro”, pero que ya han pasado unos tres meses y que la situación no se puede seguir manteniendo.

“Hemos sido pacientes ante esta situación dramática. Hemos entendido la situación de apoyo de emergencia humanitaria por parte de los hoteleros pero esto tiene que tener un fin, y el fin tiene que ser a 31 de diciembre. El Estado tiene que asumir sus competencias porque aún estamos esperando a que desplieguen las 7.000 camas que anunciaron”, informa Ep.

También se denunció que, según fuentes oficiales, un total de 35 personas en aislamiento por ser casos confinados de Covid-19 se encuentran en paradero desconocido; hecho del que se ha informado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que suponen un evidente riesgo para la salud pública de la población de Canarias.

Incluso, se apuntó que se han dado casos, “no aislados” de inmigrantes positivos con Covid-19 que han sido detectados en la calle y en los aeropuertos con tarjeta de embarque para viajar a la Península.

Para la alcaldesa de MOgan, esto supone un problema más para los municipios turísticos y para Gran Canaria, aunque, prosiguió, lo más preocupante es que hay ONGs de la Península que están llegando a la isla buscando terrenos privados para “levantar campamentos o buscando edificios vacíos para llenarnos del inmigrantes”.

A este respecto, aseguró que, si el 31 de diciembre no se ha solucionado esta situación, su ayuntamiento se dirigirá a los hoteles para advertirles de que deberán cesar en esta actividad, ya que, de lo contrario, se les abrirá un expediente sancionador, “tal y como recoge la ley de suelo”.

Desde San Bartolomé de Tirajana, su concejal de turismo explicó que la situación del municipio ha empeorado desde el inicio de la pandemia, ya que si antes había 4.600 parados, en la actualidad son 22.000 las personas paradas o en ERTES y 1.500 las empresas que ha llevado a cabo un ERTE.

“Para poder remontar estos datos y reactivar la economía primero tenemos que solventar la crisis migratoria. No podemos estar mezclando dos crisis y por eso exigimos al Estado que, de manera inmediata, todas las personas en hoteles sean alojadas en las instalaciones militares y que se inicien cuanto antes las derivaciones y repatriaciones”, resaltó.