Una pantalla protectora de chimenea, sofás, una mesa con vitrina, un escritorio, alfombras y porcelanas. Todo consta en un informe de 61 folios firmado por Pilar Benito, jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales, donde analiza los bienes que se encuentran dentro del Pazo de Meirás. Se encargó de hacerlo, como ella misma hace constar, “a instancias” de la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña, Marta Canales, por lo que acompañó a la comitiva judicial que el pasado 11 de noviembre hizo un inventario en la finca. Su objetivo era “tratar de dilucidar si todavía quedaban en dicho edificio algunas obras de titularidad estatal y más concretamente pertenecientes a Patrimonio Nacional”.

Las imágenes y el resultado de su trabajo fueron mostrados días después por diversos medios de comunicación, lo que ha indignado a la familia Franco por vulnerar su "derecho a la intimidad". Para Francisco Franco Martínez-Bordiú, el informe "forma parte de la estrategia de acoso, desprestigio y palo en la cabeza que ya aplicaron con Rita Barberá, una forma de actuar de la que es dificilísimo defenderse cuando es el Estado el que la orquesta".

Considera Franco en declaraciones a LA RAZÓN que el documento "lo ha incluido el Estado extemporáneamente en unas medidas cautelares que exceden el procedimiento de la reclamación del pazo, ya que no ha sido solicitado, y ha sido, según mi información, filtrado por el propio Estado". Su opinión es que "intentan justificar a posteriori y chapuceramente" que se haya "ampliado el ámbito de la actuación a los muebles y enseres que no habían sido objeto de litigio", para lo que "han contado con la posible complacencia de la jueza, que se ha visto reforzada por el desplazamiento fuera de su jurisdicción para escenificar la entrega de llaves que ya había sido hecha el día anterior por nosotros en el juzgado".

Se refiere el mayor de los nietos varones de Franco al protagonismo de Marta Canales en la transferencia oficial del inmueble a la abogada del Estado Consuelo Castro.Un gesto que ha indignado también al abogado y portavoz de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, que presentó el jueves un escrito al juzgado de La Coruña en contra del informe de Patrimonio Nacional y su repercusión.

Afirma el letrado en el documento que ya el pasado 9 de noviembre solicitó "de forma expresa" que "el juzgado acordase cuantas medidas" resultasen "necesarias para garantizar la no difusión/revelación del inventario a confeccionar, de todas y cada una de las actuaciones ya implementadas o a implementar".

Una petición que fundamentaba "en la obvia afectación que para con el derecho a la intimidad personal y familiar de los demandados entrañaba el que pudiera hacerse pública la información recabada" en el inventario y que, de no evitarlo, "les provocaría un daño irreversible e injustificado" si "la medida acabara siendo declarada improcedente".

Asegura Utrera-Molina que al comunicársele el pasado día 4 que se había hecho entrega en el juzgado del inventario, "descubrió" que existía el informe sobre la titularidad de los muebles, y que Pilar Benito "había sido designada por la juzgadora" para ese cometido. Recuerda que "la medida cautelar adoptada" se limitó a "la realización de un inventario" que abarcara "la totalidad de los bienes, tanto en el interior, como en el exterior, de la finca reivindicada". Asimismo, apunta que la participación de Benito se acordó a efectos de que prestara su "colaboración" a los cuatro técnicos designados para hacer el inventario, sin que nada constara sobre "una eventual investigación o indagación" con las características del informe emitido por su autora. Entiende Luis Felipe Utrera-Molina que no ha habido ninguna petición judicial y que ese documento obra en autos "por la propia iniciativa de la técnico de Patrimonio Nacional que lo suscribe".

Apunta el abogado cómo "muchos medios de comunicación se han hecho eco del contenido del inventario e informe", lo que ha provocado "todo tipo de valoraciones, insinuaciones y acusaciones sobre una eventual sustracción o apropiación indebida" por parte de los Franco de "bienes que han estado en su poder hasta la fecha, en cuanto formaban y forman parte del “contenido”" del Pazo de Meirás". Y sobre la conclusión acerca de que entre esos bienes hay algunos que son "pertenecientes a Patrimonio Nacional" y que, "por ende, habrían sido sustraídos" por sus representados, considera Utrera-Molina que "ha provocado un daño a su imagen e intromisión en su derecho a la intimidad personal y familiar de todo punto irreversible". Una actuación por la que el letrado "se reserva el derecho a plantear, en su momento y en su caso, las acciones legales oportunas".

Los bienes que han salido a la luz –”que claramente tienen su origen en las Colecciones Reales Españolas”, dice Pilar Benito–, “ni siquiera tienen el valor de la singularidad”, considera una doctora en Historia del Arte y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos consultada por este periódico. “El valor artístico es paupérrimo. No tienen interés. Durante el franquismo hubo movimientos interesantísimos, como el art decó, o lo que viene en los 50 del arte nórdico, pero no hay nada destacable en conjunto”, señala. “Le están dando mucho bombo, quizá haya alguna pieza especial, a mí desde luego no me lo parece. No veo nada especialmente llamativo”.