Los Franco: «La sentencia no afecta a los bienes»

Una decena de abogados y técnicos de Patrimonio se personaron ayer en el Pazo de Meirás para iniciar el que se prevé un largo inventario de bienes interiores y exteriores ordenado por las autoridades judiciales para evitar un posible traslado por parte de la familia Franco, antes de que devuelvan provisionalmente el inmueble al Estado el 10 de diciembre. Ese día se ejecutará provisionalmente la sentencia y la propiedad pasará a ser de titularidad pública.

Los técnicos tendrán veinte días naturales y prorrogables para realizar el informe debido a la gran cantidad de bienes con los que se encontraron ayer en su registro, según fuentes judiciales. Dado que el inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008, se tomará como base aquel inventario.

Sobre las 10:00 horas desfiló la comitiva ante uno de los muros del pazo, y pasó al interior de la propiedad, custodiada por la Guardia Civil, para hacer el inventario previsto. La formaban dos abogados del Estado, dos de la Xunta, uno de la familia Franco –Antonio Gil Evangelista, que llevó el peso de la defensa durante el juicio de este verano– y otro del Ayuntamiento de Sada, así como la jueza del caso, Marta Canales, y cuatro técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta.

Guiado por el guardés, el grupo encargado de recopilar antigüedades, pinturas de Zuloaga o Álvarez de Sotomayor, tallas religiosas y libros de Pardo Bazán, entre un ingente catálogo que incluye las estatuas del Pórtico de la Gloria en litigio, recorrió la capilla, los jardines y el interior del edificio mientras grababa en vídeo y tomaba imágenes para su informe.

La declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del pazo afecta al continente, no al contenido. Por este motivo, el alcalde de Sada, Benito Portela, ha pedido a la Xunta –al igual que la Real Academia Galega (RAG)– que incorpore también el conjunto de bienes que se encuentran dentro, para que puedan ser protegidos.

La sentencia que condenó a los herederos de Franco no hacía referencia alguna a las posesiones en el interior del pazo y no especificaba nada acerca del futuro paradero del contenido. Por ello, el también letrado y portavoz de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, señala a LA RAZÓN que «hemos hecho constar nuestra oposición a las medidas cautelares acordadas por cuanto se refieren a bienes cuya titularidad no ha sido objeto de discusión en el procedimiento, no han sido objeto de reivindicación por el Estado y son propiedad privada de mis clientes».