Sánchez veta la ley de la Corona de Iglesias

Las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos sobre el modelo de Estado son «asumidas» y reconocidas por ambos socios de la coalición. Unos posicionamientos que han saltado del marco ideológico al del enfrentamiento político en los últimos meses. El debate entre las dos almas que palpitan en el Ejecutivo permanecía latente hasta que los escándalos que cercan al Rey emérito forzaron en agosto su salida de España, en una maniobra coordinada entre Zarzuela y Moncloa, a espaldas de Unidas Podemos. Se trata de una de esas cuestiones de Estado que, en el círculo más cercano a Pedro Sánchez, guardan con el mayor celo y, en lo que respecta a la Casa Real, pocos son los que manejan y comparten la información. De hecho, este tratamiento tan estricto se ha vuelto a repetir a cuenta del discurso de Navidad de Felipe VI, en el que solo un reducido grupo de personas, de la máxima confianza del presidente, estaban al tanto del contenido del mismo.

Apartados del centro de decisiones, desde Unidas Podemos han decidido utilizar la Monarquía como elemento diferenciador dentro de la coalición, de manera que les permita marcar perfil y exhibir que no son lo mismo que el PSOE, aunque convivan en el Consejo de Ministros. En vísperas de las elecciones catalanas, los morados abanderan la causa republicana con una ofensiva auspiciada, a su vez, por los socios independentistas de la legislatura. No obstante, desde Moncloa recuerdan que la posición del Gobierno la marca el presidente del Gobierno y esta no es otra que la de la defensa de la institución y, en concreto, de la figura del Rey Felipe VI. Entorno a él se ha levantado un cortafuegos, discriminando su compromiso con la ejemplaridad de los negocios presuntamente turbios de su padre, y se ha establecido una estrategia unitaria para que no se produzcan críticas al Monarca desde dentro del Ejecutivo, esencialmente, por parte del sector morado.

El silencio de los ministros Podemos, reaccionando al discurso del Rey, contrasta con otras situaciones recientes en las que se cargó duramente contra el Monarca, acusándole de intentar desestabilizar al Ejecutivo. El vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, le acusaron de «maniobrar contra el Gobierno» cuando, con motivo de su ausencia en la entrega de despachos a nuevos jueces en Cataluña, Felipe VI telefoneó al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para trasladarle que le hubiera gustado acudir, según desveló el propio presidente del Tribunal Supremo. Ahora, sin embargo, las críticas moradas se han circunscrito únicamente a nivel de partido y no a nivel gubernamental.

Aunque desde el Gobierno restan importancia a las iniciativas que puedan impulsar desde Unidas Podemos, recordando que son «el cuarto grupo parlamentario de la Cámara» y que, sin el aval del PSOE, que es el «mayoritario», ninguna tiene visos de prosperar; sí es cierto que estas embestidas generan inestabilidad dentro del Ejecutivo. Tras las comisiones de investigación contra el Rey emérito, a las que el PSOE se ha opuesto de manera sistemática; la próxima ofensiva vendrá en forma de ley de la Corona. Desde el partido morado ya se anticipa que registrarán «en los próximos meses» en el Congreso una norma para establecer mayores controles sobre la Monarquía y regular «el rol institucional» del Rey. Una manera de clarificar que el Monarca no puede hacer política ni perder su papel simbólico y protocolario de neutralidad. «Lo que puede y no puede decir», resumen.

En este asunto, una vez más, Pedro Sánchez le parará los pies a Iglesias. Si bien el presidente del Gobierno se ha mostrado favorable en el pasado a revisar la «inviolabilidad» del Rey para que no haya dudas de que esta condición afecta a su actividad como Monarca y no a su vida privada, en la actualidad, en el Ejecutivo no consideran idóneo abrir el melón de la regulación de la Corona, algo que añadiría más inestabilidad a la situación que vive la institución en la actualidad. «Hay que ser muy cuidadosos», advierten. En este sentido, los socialistas rechazan cualquier modificación de la Monarquía, que entienden está «perfectamente regulada en la Constitución». Es más, en Moncloa son partidarios de dar una tregua a la Casa Real y alejarla en lo posible de cualquier debate público o controversia partidista que quieran iniciar sus socios.

En el PSOE comparten la necesidad de rendición de cuentas y de transparencia por parte de la institución y animan a Felipe VI a seguir adelante en su tarea de «renovación» para lograr la «plena satisfacción de todos los ciudadanos». Sin embargo, para sus socios de Podemos esta satisfacción pasa irremediablemente porque «los españoles sepan dónde va cada euro de sus bolsillos destinado a la Casa Real». «Se debería prohibir que el rey, mientras cobra un salario público por su papel institucional, pueda hacer negocios como intermediario o ser comisionista aprovechándose de su labor de jefe del Estado», aseguran desde Podemos.