El CGPJ prevé nombrar todas las vacantes antes de la reforma judicial

Si nada de última hora lo impide, la reforma auspiciada por los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial una vez acabe su mandato y hasta que se produzca su renovación, estará aprobada a mediados de marzo. Una vez sea validada por el Senado, sólo faltará su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que entre en vigor. Desde ese momento, la actual composición del órgano de gobierno de los jueces y magistrados no podrá realizar ningún nombramiento al estar en funciones, que es una de las limitaciones fundamentales que prevé la reforma judicial.

Sin embargo, el Consejo «no está dispuesto a dejar de cumplir sus funciones hasta el último día» y por ello piensa «cumplir con sus obligaciones», entre las que figura, hasta que no entre en vigor la nueva reforma, la designación de magistrados para cubrir las vacantes existentes, según afirmaron a LA RAZÓN fuentes del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

En concreto, en estos momentos hay ocho vacantes respecto a las cuales los procedimientos previos están prácticamente terminados y sólo falta la designación para esas plazas. Se trata de las presidencias de los tribunales superiores de Justicia del País Vasco y Canarias, la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ vasco, dos plazas de la Sala Civil y una de lo Social del Tribunal Supremo y las presidencias de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca.

Si el CGPJ no realizara estos nombramientos en el Pleno que celebrará el próximo día 25 quedarían sin designar hasta que el Consejo tuviese una nueva composición. Y lo que parece realmente complicado es que en esas fechas, teniendo en cuenta que se está en plena campaña electoral para los comicios del próximo domingo en Cataluña, PSOE y PP hayan cerrado un acuerdo de renovación, sobre todo teniendo en cuenta las posturas de los socios de Gobierno de aprobar en el menor plazo de tiempo posible la reforma y la del PP, que ha instado la retirada de la misma.

Ante esta tesitura, buena parte del Consejo pretende que el Pleno del día 25 se puedan realizar esos nombramientos: «Lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestras obligaciones y a día de hoy la realización de nombramientos es una de ellas e intentaremos hacerlos, al igual que sucede con la emisión de informes, donde informaremos sobre la Ley de Libertad Sexual, porque también tenemos obligación de realizar los informes».

Amplia mayoría

En este sentido, las fuentes consultadas tanto del grupo «conservador» como «progresista» son optimistas de que se pueda consensuar los nombres para cubrir esas vacantes –la presidencia del TSJ de Canarias lleva ya más de un año de retraso–: «Hay que hablar, consensuar, pero tenemos muchas opciones que se puedan producir y llegar a buen puerto y hay voluntad de sacar adelante esos nombramientos» con el acuerdo de al menos 13 de los vocales para las designaciones de las presidencias de los dos citados tribunales superiores de Justicia y las plazas del Tribunal Supremo; aunque los más optimistas confían que se puedan realizar con el aval de 15 o 16 vocales, los mismos que refrendaron los acuerdos del Consejo para reclamar al Congreso que les solicitara informe antes de tramitar la reforma judicial que limita sus funciones: «Lo que ha puesto de acuerdo a este amplio número de vocales no es el nombrar a uno u otro candidato, sino el impedir que cumplamos con nuestras funciones, porque no se trata de nombrar pro nombrar, sino de cumplir con nuestra obligación y hay un margen de tiempo suficiente para hablar y consensuar. Deberíamos realizar todos los nombramientos».

Tampoco se esconde que un determinado número de vocales, entre los que se encontraría el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, no está lo más mínimo por realizar ningún nombramiento más, y aquellos otros cuatro que se opusieron al acuerdo de pedir al Congreso que «reconsiderara» su decisión de no pedir informe al Consejo sobre la citada reforma judicial. En el voto particular discrepante a esa decisión, acusaban al Consejo al CGPJ de alinearse con la «estrategia política» de quienes bloquean la renovación, en clara alusión al PP.

Pese a ello, todo hace indicar que hay una muy amplia mayoría que sí está por la labor de realizar los ocho nombramientos pendientes, «o al menos, la mayoría que se pueda».

En cambio, las dos vacantes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, convocadas por el Consejo el pasado jueves, no podrán ser cubiertas por el actual CGPJ si la reforma judicial se aprueba definitivamente en marzo, ya que no hay tiempo material para ello, pues primero hay un plazo para presentar las candidaturas, posteriormente deberán realizar las «entrevistas» ante la Comisión Permanente, propuesta de ternas si hay varios candidatos y decisión del Pleno. Estas dos plazas permanecerían de esta forma «congeladas» hasta la nueva configuración del órgano de gobierno de los jueces y magistrados.