PSOE y Podemos aceleran la reforma del CGPJ

Acuerdan tramitarla por la “vía de urgencia”, vetando que se pronuncien sobre ella los jueces y Europa

Carlos Lesmes y Pedro Sánchez en Moncloa
Carlos Lesmes y Pedro Sánchez en Moncloa

PSOE y Unidas Podemos aceleran los trámites de la reforma parcial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que prevé la limitación de sus facultades, una vez extinguido su mandato, para evitar -entre otras cuestiones- que se avance en nuevos nombramientos de altas instancias judiciales. Con la mayoría que ostentan en la Mesa del Congreso, los partidos que conforman el Gobierno han planteado tramitar por la “vía de urgencia” esta iniciativa.

La Cámara no solo ha pisado el acelerador en este asunto, sino que ha rechazado los intentos de los partidos de la oposición de dilatar la tramitación, aunque estos se orienten en lograr un proceso más garantista. Se trata, en concreto, de la petición del PP de que se soliciten informes sobre esta proposición de ley al propio CGPJ y a la Comisión Europea, petición que comparte el órgano de gobierno de los jueces, que se manifestó en este sentido el pasado mes de diciembre.

Para apretar al máximo el calendario, se aprobó que enero, mes que tradicionalmente no cuenta con actividad parlamentaria, se activara como hábil para esta cuestión. Por lo que se ha decidido abrir un plazo de enmiendas de ocho días hábiles, para lo que se computará el mes actual. La agilización de la reforma del Poder Judicial se promueve en pleno bloqueo de la renovación del CGPJ, un bloqueo que el Gobierno contaba con superar antes de que acabara 2020.

Aunque en Moncloa sostienen que el acuerdo “ya está cerrado” con el PP, desde Génova se paralizó cualquier anuncio a la espera de que se celebrasen las elecciones en Cataluña, una cita electoral que ahora también está en cuestión. Ante los intentos de la formación de Pablo Casado de dilatar el proceso, PSOE y Podemos registraron en diciembre esta iniciativa para limitar las atribuciones del Poder Judicial en funciones, que, a día de hoy, sigue realizando nombramientos con normalidad.

Esta proposición de ley se concibió como una medida de presión al PP, que suponía una rebaja considerable respecto a la primera iniciativa presentada por los partidos que componen el Gobierno para rebajar el sistema de mayorías reforzado actual (210 diputados) hasta la mayoría absoluta (176 diputados), lo que les permitiría sacar adelante la renovación con los socios de investidura y sin la connivencia del PP.

Los socialistas dieron marcha atrás en esta polémica rebaja ante las advertencias que recibieron de todos los sectores: Comisión Europea, partidos de la oposición y asociaciones judiciales. No obstante, desde dentro del propio Gabinete, los ministros de Podemos sí presionan al PSOE para que se active este nuevo orden de mayorías, que les permitiría pactar la composición del órgano de gobierno de los jueces con sus socios de ERC y Bildu.