El jefe de la Inspección de la Fiscalía General del Estado, Fausto Cartagena, ha declarado el archivo provisional del expediente que abrió el pasado 30 de junio de 2020 al fiscal Ignacio Stampa tras la supuesta filtración que reflejaba la prensa a una abogada de Podemos de datos de la pieza separada secreta número 10 o “caso Dina”, según consta en un decreto de 22 de marzo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Cartagena toma esta decisión tras constatar que el pasado 16 de febrero el fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, había dictado un decreto de archivo de la investigación que había abierto el teniente fiscal, Carlos Ruiz Alegría, tras una denuncia que presentó Vox al publicar la prensa el contenido de un chat del Equipo Legal de Podemos, que ejercía la acusación popular del “caso Villarejo”: “Porque del resultado de la actividad investigadora desplegada no se deducían indicios de filtración que avalasen la existencia de un delito de revelación de secretos por el fiscal Ignacio Stampa”, destaca el jefe de la Inspección fiscal.

“No es posible dos verdades. La Ley Orgánica del Poder Judicial dispone a su vez que la declaración de hechos probados de la resolución que pone término al procedimiento penal vinculará a la resolución que se dicte en el procedimiento disciplinario”, destaca el decreto de Cartagena, que recuerda que la Fiscalía de Madrid “declaró la inexistencia de revelación de secretos”.

José Manuel Calvente

El jefe de la Inspección fiscal sostiene, por tanto, que esta decisión “no puede ignorarse ni resultar indiferente”, aunque la declaración del ex coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente “ponga en entredicho la conducta que pudiera haber mantenido el fiscal Ignacio Stampa, que deduce esencialmente de datos aportados por terceros al chat, marco escasamente fiable para el rigor de una resolución de este procedimiento”.

Este decreto recuerda que tanto el fiscal acusado de filtrar información como los testigos, todos ellos abogados de Podemos, negaron “categóricamente” que Ignacio Stampa y Miguel Serrano hubieran proporcionado alguna información declarada secreta. Además, Cartagena sostiene que el intercambio de pareceres de los fiscales “con abogados no resulta algo inusual” por lo que las pruebas obtenidas “no permiten acreditar hasta el momento la irregular revelación de datos de la pieza 10″ o “caso Dina”.

Además, concluye el jefe de la Inspección, la propia Fiscalía General del Estado interesa “el contacto personal y directo de los fiscales con los abogados para gestionar soluciones de consenso en los procesos penales”, algo que avala las reuniones de los fiscales Stampa y Serrano con los abogados de Podemos y otros personados en la macrocausa del “caso Villarejo.”