El fiscal Zaragoza renuncia al cargo para el que le nombró Dolores Delgado hace dos meses

El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha presentado su renuncia irrevocable al cargo de delegado de la fiscal general del Estado para la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, para el que fue designado el pasado febrero por la propia Dolores Delgado.

La decisión de uno de los fiscales del juicio del “procés” se produce después de conocerse que la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, estaba dispuesta a recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa ese nombramiento. “Creo sinceramente que, en estas circunstancias, con un nombramiento cuestionado internamente y recurrido ante los tribunales, cumplir con tan dignísima función se nos antoja una tarea especialmente complicada”, asegura Zaragoza en su carta de renuncia remitida ayer a la fiscal general, adelantada por El Español y a la que ha tenido acceso este periódico.

“Es evidente que llevar a los tribunales mi nombramiento, con el inconveniente añadido de colocar bajo el foco no solo la estructura y funcionamiento interno del Ministerio Público, sino también, en lo que a mí concierne, una trayectoria profesional de 40 años al servicio del Ministerio Fiscal en responsabilidades especialmente relevantes -argumenta- no es el mejor escenario para poder desempeñar con eficacia el cometido que me ha sido encomendado”.

“Espíritu constructivo”

El decreto de nombramiento del pasado 15 de febrero fue además impugnado por el fiscal fefe de la Fiscalía Antidroga, José Ramón Noreña, para quien la designación suponía un solapamiento de funciones con la propia Fiscalía Antidroga. Sin embargo, esa impugnación fue rechazada el pasado 20 de marzo.

La Asociación de Fiscales consideraba que Delgado atribuyó de forma discrecional unas competencias que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal atribuye en exclusiva a la Fiscalía Antidroga.

Zaragoza mantiene que cuando se le propuso esa tarea la aceptó “en el convencimiento de que, lejos de generar polémica, podría ejercer con espíritu constructivo e integrador las tareas de refuerzo que me eran encomendadas, siempre con el exclusivo propósito de colaborar lealmente con los órganos del Ministerio Fiscal encargados de estas tareas y contribuir a mejorar la calidad de la respuesta legal frente al problema que representa el narcotráfico organizado en el Campo de Gibraltar”.

Y recuerda que tras la reunión que el pasado 9 de marzo mantuvo Delgado con el fiscal jefe Antidroga, la fiscal superior de Andalucía, los fiscales delegados Antidroga de Cádiz, Campo de Gibraltar, Huelva y Málaga, y el fiscal jefe de Área de Algeciras, “se llegó aparentemente a una situación de consenso en la que quedaba meridianamente claro que ese supuesto solapamiento de funciones respecto a la Fiscalía Especial Antidroga no iba a producirse”.

Repercusión negativa por la polémica

El propio fiscal jefe Antidroga -señala- “llegó incluso a plantear por escrito una propuesta alternativa para transformar la Delegación que se me asignaba, convirtiéndola en una función de coordinación de todas las investigaciones sobre blanqueo de capitales a nivel nacional, incluidas las relativas a blanqueo de bienes asociado al narcotráfico”. Para Zaragoza, que fue también fiscal jefe Antidroga, se trataba de una propuesta “sin duda sorprendente en la medida en que, esta sí, podría producir injerencias en las funciones del citado órgano especializado”.

Para el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, la polémica generada tras la decisión de la Asociación de Fiscales de acudir a los tribunales “puede repercutir negativamente y hacer ineficaz el ejercicio de una función que solo puede ser abordada desde la más estricta y leal colaboración entre los diversos órganos del Ministerio Fiscal implicados en la resolución del problema detectado en el Campo de Gibraltar, lo que inevitablemente requiere un trabajo en equipo y la conjunción de esfuerzos”.

Algo que le sitúa, lamenta, “ante una situación que puede provocar un daño institucional irreparable para la imagen y la credibilidad del Ministerio Fiscal, que por responsabilidad y por lealtad a la institución no puedo ni debo asumir”.

Zaragoza sostiene que el decreto por el que se le designó fiscal de Sala con funciones de refuerzo en materia de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales para el Campo de Gibraltar y zonas territoriales aledañas, especificaba que iba a desarrollar esa función “siempre como refuerzo, en cooperación y sin menoscabo de las funciones que legalmente competen a la Fiscalía Especial Antidroga y demás fiscalías provinciales o de área”. “En ningún momento -recalca- se me asignaban funciones de coordinación que pudieran suponer una injerencia en las competencias de la Fiscalía Especial Antidroga”.