El hermano de Pedro Sánchez vuelve ante la juez por el "enchufe" del "hermanito"

Tres meses después de su primera comparecencia como investigado en los juzgados, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve hoy a declarar como imputado en los juzgados de Badajoz. Lo hará frente a una magistrada, Beatriz Biedma, que tras meses de investigación tiene ya la convicción de que la Diputación de Badajoz le contrató en 2017 creándole un puesto a su medida, el de coordinador de conservatorios (cuyos responsables ni siquiera veían necesaria esa plaza), que a posteriori se fue adaptando a sus «preferencias personales», orientadas a proyectos operísticos –hasta el punto de que en 2022 ese puesto de alta dirección mutó en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas–. Y rodeándole, también, de personas de su máxima confianza, como el exasesor de Moncloa Luis Carrero, que se refería al hermano del jefe del Ejecutivo como «hermanito» y quien al menos año y medio antes de su incorporación a la Diputación en enero de 2024 ya colaboraba estrechamente en los proyectos de David Sánchez.

Es precisamente ese supuesto enchufe de Carrero, que David Sánchez ya daba por hecho cuando ni siquiera se habían publicado las bases para cubrir el puesto de coordinador de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, el que lleva de nuevo al hermano del líder del PSOE ante la juez Biedma.

En este segundo interrogatorio tendrá la oportunidad de redimirse de su inconsistente declaración del pasado enero, cuando se mostró escasamente convincente al intentar explicar, entre titubeos, las funciones de su puesto y ni siquiera pudo ubicar su despacho ni explicar –para desesperación de la instructora–en qué consiste la Oficina de Artes Escénicas que dirigía en la Diputación de Badajoz hasta su renuncia el pasado 6 de febrero.

"Le ayudaba activamente"

Pero la magistrada –que también ha citado hoy a declarar como investigados al propio Carrero y a los responsables del área de Cultura de la Diputación cuando se produjo su contratación, Ricardo Cabezas y Manuel Candalija, también como imputados– el testimonio de David Sánchez es necesario ante la existencia de indicios de tráfico de influencias y malversación. En particular, considera que el hermano de Pedro Sánchez (y así lo puso de manifiesto en la resolución en la que le llamó de nuevo a declarar) «habría utilizado su influencia» en la Diputación «para obtener un beneficio propio», al conseguir que Carrero, que «ya le ayudaba activamente» en el proyecto Ópera Joven, fuera contratado en la institución «y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en el mismo despacho.

Para Biedma, el enchufe resulta claro, pues el exasesor de Moncloa consiguió acceder a un puesto «creado con la finalidad de serle adjudicado de forma directa» en comisión de servicios.

La magistrada considera que Carrero utilizó «la influencia derivada de su amistad íntima» con David Sánchez «para conseguir la creación y posterior acceso» al puesto. Y en cuanto a Cabezas y Candalija, diputado delegado y director del área de Cultura de la Diputación, les atribuye una intervención «directa» en la creación del puesto y en la propuesta de cubrirlo de forma «inmediata y urgente» (Candalija formó parte además de la comisión de valoración que entrevistó a Carrero) para dar «una apariencia de legalidad» al procedimiento administrativo.

A la juez le llamó la atención que, según han puesto de relieve los correos intervenidos, David Sánchez y Carrero «daban por sentada» la incorporación de este último a la Diputación el 30 de octubre de 2023, «23 días antes de la publicación de las bases para la cobertura del mismo».

Una imputada pide el archivo

Por otro lado, a solo unas horas de que David Sánchez acuda de nuevo a declarar, la jefa de Recursos Humanos de la Diputación –imputada por su contratación y por la posterior modificación de ese puesto de alta dirección– ha pedido a la juez Beatriz Biedma que archive el procedimiento contra ella. Juana Cinta formó parte de la comisión técnica que elaboró la Relación de Puestos de Trabajo que incluyo el de nueva creación que acabó adjudicándose a David Sánchez, como también de la Mesa de Negociación, y emitió un informe de legalidad de la modificación del puesto en 2022, presidiendo además esa comisión técnica de la nueva relación de puestos de trabajo de la institución. Pero según su defensa, su intervención en esos procedimientos bajo sospecha fue «inocua» e «irrelevante» a efectos penales porque –subraya– «no existe la más mínima prueba o indicio» de que «conociera o pudiera siquiera mínimamente haber sospechado» que con ellos se pudiera incurrir en una «ilegalidad o arbitrariedad».

Su defensa se pregunta incluso por qué «es la única funcionaria del área de Recursos Humanos que está investigada». «Se podría llegar a pensar», afirma incluso, que el «elemento diferenciador» de Cinta –miembro de la Ejecutiva del PSOE de Extremadura, donde está al frente del área de asesoramiento y formación a militantes y cargos electos– es «su afiliación o compromiso público con las siglas de un determinado partido».