Estado de confusión, gobierno del caos

Ya ni ellos mismos saben lo que se puede declarar. El Estado de Alarma, que era el Plan A, no es ahora posible porque caducó el domingo. Luego debería haber un plan B. Siempre que hay un Plan A tiene que haber un B. Esto lo explican en primero de carrera en todas las escuelas de negocio. Pero, sorpresa, no hay Plan B, pues éste consistía en hacer la Ley de Pandemias que anunció hace un año Carmen Calvo, y que al final no se ha hecho porque al Gobierno le da pereza. O sea, porque había que trabajar, y a ellos lo que les mola es zanganear.

El Estado de Alarma es perfecto para este Ejecutivo. Lo declaran a bombo y platillo, le pasan la gestión a las Autonomías y se echan a vegetar mientras el país se hunde con todo cerrado, impidiendo a la gente que trabaje, persiguiendo a Ayuso por permitir a los madrileños que se busquen la vida con sus negocios.

El segundo Estado de Alarma ha sido un completo exceso. El único justificado de verdad, por las circunstancias excepcionales del momento, fue el que se declaró en marzo del pasado año. Los seis meses que llevamos de propina tenían que haberse regulado a través de la Ley de Pandemias que Carmen Calvo anunció y que nunca se hizo, fundamentalmente porque construirla implicaba tener que ponerse el mono y llamar a Casado para sentarse a negociar, lo que significaba rebajarse, y sobre todo explicarle a Pablo Iglesias el motivo por el cual era importante llegar a un acuerdo con el PP. De manera que mejor remolonear esperando el transcurso de las semanas, y seguir con el Estado de Alarma, medida extrema que permite no sólo restringir derechos sino, lo que es aún peor: a) contratar sin licitar; b) contratar sin publicidad; c) contratar a dedo; d) gobernar a golpe de decreto u orden ministerial; e) eludir la ley de transparencia y f) monotorizar la opinión. Que es a lo que se han dedicado en este tiempo Sánchez y, por delegación, los gobiernos autonómicos. Todos tan felices porque a todos les gusta mandar sin dar explicaciones a nadie, con el resultado de cientos de contratos opacos con empresas chinas, pagando por la compra de batas un precio 66 veces superior al del mercado, comprando mascarillas 20 veces más caras o adquiriendo test PCR sin sensibilidad, que han ido directamente a la basura. En total, 1.059 contratos por la vía de emergencia, sin licitación ni publicidad, por los que se han pagado 3.890 millones de euros.

En Europa la pandemia se combate con leyes ad hoc, específicas para la circunstancia de salud pública en que nos encontramos. Bastante es ya con tener que conculcar derechos como los de movilidad, manifestación o reunión, como para darle además carta blanca al gobierno y las autonomías a la hora de gastar un dinero que es de todos. Por eso era importante el Plan B que anunció Calvo y que no hizo porque eso implicaba tener que trabajar, pactar con la oposición, reformar leyes y puede que hasta retocar la Carta Magna. Nada imposible con voluntad y consenso.

No hay ya Plan A y, dado que Plan B ni siquiera ha sido perfilado, sólo le queda a Sánchez la ocurrencia de este Plan C sinónimo de estado confusión y gobierno del caos. Cada autonomía decide lo que le parece y los jueces hacen lo que pueden. Las calles a reventar de botellones y, la culpa, del fascismo madrileño y de Isabel Díaz Ayuso. Parece que no han aprendido nada. Empeñados están en perder las próximas elecciones.