El Gobierno riega a Marruecos con 30 millones en pleno desafío migratorio

Sánchez avisa de que defenderá con «firmeza» las fronteras en un viaje exprés a Ceuta

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La política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez es una montaña rusa. Recién llegado a la Moncloa en 2018, el presidente lanzó un mensaje inequívoco a Europa –«un aldabonazo», se dijo entonces– con la acogida del «Aquarius», pero posteriormente las señales comenzaron a ser ciertamente equívocas cuando se rechazó a otro buque en una situación idéntica, escudándose en no ser el puerto más seguro. De pretender liderar la respuesta de la UE a la inmigración irregular a una estrategia errática en materia migratoria, que ha tenido varias estaciones intermedias –crisis de Canarias, falta de coordinación interministerial y malas relaciones con Marruecos– hasta llegar al desafío migratorio que se está viviendo actualmente en Ceuta.

Tampoco el contexto ayuda ni se han cuidado los afectos. Sánchez rompió la tradición de acudir a Marruecos como primer país en visita oficial tras llegar a la Moncloa. Ante la imposibilidad de cuadrar agendas en el corto plazo con rey Mohamed VI, el presidente del Gobierno español prefirió iniciar un periplo europeo, estrechando la entente con Emmanuel Macron y Angela Merkel. No fue hasta cinco meses después –en noviembre de 2018– cuando visitó Rabat, para presumir entonces de relaciones «extraordinariamente positivas» y su intención de «estrechar» los lazos entre ambos países. Sin embargo, no hubo una próxima vez, porque, aunque se emplazaron a una Reunión de Alto Nivel (RAN), esta cumbre bilateral aún no se ha producido. Aplazada por la pandemia y por las posiciones de Podemos sobre el derecho de autodeterminación del Sahara, la relación ha acabado de estallar con la acogida de España del Líder del Frente Polisario para ser tratado en un hospital de Logroño por «cuestiones humanitarias».

En el Ejecutivo hubo debate sobre la conveniencia o no de hacerlo, por las consecuencias que traería aparejado este hecho y sobre las que advirtió expresamente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, encargado de pilotar las relaciones con Marruecos. Fuentes socialistas definen la situación como un «patinazo diplomático» de importantes proporciones. En Moncloa hay un importante malestar, pero en público se evita cualquier reproche y se lanza un mensaje contenido, casi delicado hacia Rabat, a quien se considera un «país amigo». Esto, a pesar de que ha echado un pulso a España, que está en sus manos por la externalización de las fronteras. Como parte de esta estrategia de externalización, el Consejo de Ministros aprobó ayer la entrega de 30 millones de euros a Marruecos para que su policía repela la inmigración irregular e impida que llegue a España.

La idoneidad de activar esta «ayuda de cooperación policial internacional para contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos» es ciertamente cuestionable. Y se produce en el momento de más tensión que se recuerda con Marruecos. En rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, Marlaska negó cualquier relación con las llegadas masivas de las últimas horas, y arguyó que estaba «ya presupuestada dentro de los márgenes del Ministerio del Interior» como parte de la «cooperación» con Marruecos y otros países.

Esta inyección de fondos contrasta con el mensaje contundente que Pedro Sánchez lanzó desde Moncloa antes de viajar a Ceuta y Melilla. «La integridad de España y de sus fronteras y, sobre todo, su seguridad y tranquilidad, serán defendidos por el Gobierno. En todo momento y ante cualquier desafío», destacó el presidente. Moncloa ubica como principal objetivo «restablecer el orden en la ciudad y las fronteras» y mostró su «firmeza» en la respuesta al «desafío» de Marruecos. El presidente aseguró que su «prioridad» en estos momentos es «garantizar el control en la frontera con Marruecos, dotar a Ceuta y Melilla de todos los medios para solventar la crisis humanitaria y, proceder a la devolución inmediata de las personas que han entrado ilegalmente». Se ha creado una Comisión de crisis para hacer el seguimiento.