El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Industria, Reyes Maroto, por prevaricación y malversación por la polémica ayuda de 53 millones de euros concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la compañía aérea venezolana Plus Ultra al no advertir indicios de delito. Los magistrados precisan además que el Alto Tribunal no es competente para investigar a los integrantes del Consejo gestor del fondo para las ayudas económicas de la SEPI, también denunciados.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, se reprocha a la formación política que haya sustentado su denuncia en informaciones periodísticas que, recuerda, no pueden justificar sin más la apertura de un procedimiento penal si no se aporta “algún indicio” de la supuesta comisión de los delitos denunciados “que pueda ser calificado como accesible y racional”.

“La legítima confrontación política tiene otros escenarios propios para su realización -subraya-, sin trasladar a la jurisdicción el control del ejercicio de los actos de gobierno, que deberá reservarse para depurar la responsabilidad penal previa constatación de los precisos indicios que justifiquen la actuación de la jurisdicción”.

De hecho, para el Supremo en estas condiciones “no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal, sino de mera remisión al tribunal de una serie de informaciones difundidas públicamente por los medios de comunicación”, un actuación que según los magistrados supone “que quien interpone la querella no asume como propia la imputación de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podrían derivarse de una eventual falsedad”.

“Los hechos relacionados por distintos medios de comunicación social son relevantes, en el sentido penal del término, y podrían ser investigados por los órganos encargados de ello, pero la imputación indiciaria a una persona, aforada ante esta Sala, requiere que existan indicios sólidos de la existencia de un delito y de la intervención del aforado”, matiza la Sala.

Investigación al consejo rector de la SEPI

Y es que para el Tribunal Supremo -que ha seguido el criterio de la Fiscalía- dado que Vox señala que el órgano competente para aprobar la resolución de las solicitudes de ayuda es el consejo rector de la SEPI, “resultaría precisa una primera investigación sobre personas no aforadas ante el Supremo”. En todo caso, añade, “es precisa una mayor concreción de la imputación penal y de las bases indiciarias del hecho y de la participación de los querellados antes de acudir a la jurisdicción, realizando una imputación carente de solvencia indiciaria, a salvo de la mera transcripción y reproducción de noticias de prensa”.

Un juzgado de Madrid investiga ya el rescate de la aerolínea después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de la capital, Esperanza Collazos, admitiese a trámite una denuncia de Manos Limpias contra el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, actual vicepresidente, y los miembros de su Consejo de Administración.

A este organismo pertenecen en la actualidad, en calidad de vocales, catorce altos cargos de nueve ministerios, desde secretarios de Estado a subsecretarios y directores generales: Hacienda, Transición Ecológica, Defensa, Economía, Transportes, Trabajo, Industria y Presidencia. Entre ellos, las “número dos” de Hacienda y Economía, Inés Bardón y Ana de la Cueva, respectivamente.