Sánchez busca recuperar «la calle» tras los indultos

El Gobierno activará un paquete de medidas sociales para reconectar con los votantes, que mayoritariamente se han mostrado contrarios a la medida de gracia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un corrillo con periodistas en Bruselas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un corrillo con periodistas en BruselasHorst WagnerEFE

El Gobierno ha asumido un importante desgaste político con la concesión de los indultos a los líderes del «procés». El Ejecutivo no ha querido «esconder» la medida de gracia, aprobándola en verano, porque forma parte de su apuesta decidida por el «reencuentro» con Cataluña. Sin embargo, esto no es óbice para que en Moncloa quieran pasar página cuanto antes y enfocarse en trasladar una imagen proactiva. La superación de la pandemia, así como la llegada de los fondos europeos –un primer paquete de 9.000 millones de euros lo hará este mismo mes de julio– y la incipiente recuperación abren, de facto, una nueva etapa.

Una sensación que se apuntalará por parte del presidente Pedro Sánchez con el impulso político que dará la renovación «estructural» del Gobierno que acometerá en un breve espacio de tiempo. El objetivo del Gabinete es renovarse por dentro y trasladar hacia fuera, hacia la ciudadanía el mensaje de que el Ejecutivo se mueve también para «cambiar la vida» de los españoles.

Durante estos meses, el Gobierno ya ha aprobado normas de calado como la Ley de Cambio Climático, la Ley Rodhes –de protección de la infancia– o la Ley de la Eutanasia, que entró ayer en vigor. A este impulso legislativo, se añadirá en el corto plazo un importante paquete de medidas sociales que buscan conectar y reconciliarse con los votantes, que mayoritariamente se han posicionado en contra de los indultos. De este modo, Sánchez busca dar una pátina de progresismo a su Gobierno, mientras espera que la nueva etapa de diálogo en Cataluña dé sus frutos.

Las primeras iniciativas ya se han puesto en marcha esta misma semana. El Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario, solo 48 horas después de la medida de gracia, la bajada del IVA de la luz y la eliminación de la obligatoriedad de llevar la mascarilla en exteriores. Dos cuestiones que son especialmente representativas, tras el alza desmedida de los precios de la electricidad y la fatiga pandémica. No serán las únicas. Esta misma semana, antes de que se celebre el Día del Orgullo Gay, el Gobierno dará luz verde a la Ley Trans y LGTBI, en la que, tras meses de tiras y aflojas se recoge la autodeterminación de género. La norma había abierto un nuevo frente entre la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero finalmente, el Ministerio de Justicia se ha alineado con esta última y la norma podrá ver la luz antes del 1 de julio.

También con sello de Igualdad se prevé el visto bueno a la Ley de Libertad Sexual, conocida coloquialmente como «Solo sí es sí». La norma se quiere impulsar en la semana del 7 de julio, coincidiendo con la fiesta de los Sanfermines –este año también suspendida por la pandemia– y en cuyo contexto se produjo la traumática agresión sexual de «La Manada». Precisamente, esta legislación blindará el consentimiento y considerará violación, hechos que hasta ahora se habían calificado de mero abuso.

A pesar de los reparos expresados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la vulneración de la libertad de expresión, el Gobierno también tiene previsto llevar al Consejo de Ministros para segunda lectura la ley de Memoria Democrática, que el jueves presentó en Francia ante exiliados republicanos y sus familias.

A esto se suma, casi ya como objetivo, la aprobación de la ley de vivienda que divide al Gobierno entre sus facciones socialista y morada. El ministro Ábalos aceptó la congelación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas, pero esto le parece insuficiente a Podemos que quiere que esa paralización se traduzca en una rebaja. Mientras se desencalla esta norma, el Gobierno sí tiene previsto aprobar una nueva prórroga de la prohibición de los desahucios, que estaba prevista que decayera el 9 de agosto, para seguir protegiendo a los colectivos más vulnerables.