El Gobierno abre con ERC una negociación paralela a la mesa de diálogo

La negociación del Gobierno con ERC se seguirá moviendo en dos realidades distintas en las próximas semanas, aunque la primera reunión de la «mesa» haya quedado pospuesta hasta septiembre tras el encuentro entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

Los gestos y discursos por la parte independentista que acompañaron a esa cumbre en Moncloa llevan a pensar que no hay cambios sustanciales en el pulso del secesionismo ni mínimo común denominador sobre el que sostener la negociación bilateral abierta.

A pesar de los exabruptos de Aragonés, a pesar de que, aunque oficialmente lo niegan, en la versión oficiosa sí consta que el presidente de la Generalitat planteara en privado a Sánchez las mismas exigencias inasumibles que presentó en público, y que son las mismas de siempre, autodeterminación y amnistía.

Sin embargo, a pesar de todos estos contras, el pacto es mantener un cauce de diálogo discreto y paralelo. Moncloa no da un paso atrás. «Lo relevante será lo que se hable entre bambalinas, hasta que aflore», explican fuentes conocedoras de la negociación. «Como siempre en estos casos», apostillan.

Asumido el conflicto, y la relación bilateral entre las dos partes, ahora se abre un espacio de negociación en la sombra, sin cámaras ni taquígrafos, y ahí es donde se decidirá lo que se lleva formalmente a la «mesa», la agenda, los interlocutores, las materias y cambios que se pueden introducir para esquivar el debate de la autodeterminación, si se llega a ese punto, y hasta qué se hace con el ex presidente Carles Puigdemont.

El futuro del prófugo está también en manos de esta negociación bilateral entre el Gobierno y ERC, aunque Junts forme parte de la Generalitat y haga el ruido necesario para estar en la «mesa» y para torpedear el diálogo.

Puigdemont es un problema, y la negociación se activa sin que haya decisión última sobre la solución al problema que plantea, jurídicamente es complejo y mucho más costoso incluso en términos de opinión pública que la decisión de los indultos. Además de que a ERC no le viene mal que Junqueras siga fuera de España

Aragonés dio a entender en su comparecencia del martes en Madrid que el independentismo quiere dos «mesas»: una, para hablar de la independencia; y otra, en la que negociar más financiación, más competencias, más presencia exterior de Cataluña, todo lo que tiene que ver con reconocer mejor la «Nación» catalana.

Aragonés fijó una posición de máximos, en línea con sus socios de Gobierno, pero el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, puso grises en esas exigencias, en un reparto de papel al que se aferran en Moncloa para intentar que sea creíble la idea de que hay puntos de confluencia entre lo que dice el Gobierno qué va a pasar y lo que anuncia el independentismo.

En cualquier caso, la interlocución bajo cuerda, como se recuerda que ha ocurrido en otros procesos de negociación complicados como el del final del terrorismo, salvando todas las distancias, ya está activada.

En esa negociación hay mediaciones externas más allá de la delegación con cargos institucionales, y la voluntad es que, incluso cuando se reúna la «mesa», las conversaciones entre bambalinas se mantengan.

Hay que tener en cuenta que, aunque las dos partes sostienen que hay compromiso de negociar hasta el final y de buscar un acuerdo de mínimos, al menos esto es lo que cuentan en las versiones oficiosas, la dos partes también se sientan desde una actitud de profunda desconfianza.

Hay miedo a las filtraciones interesadas, y a que la propia desconfianza haga saltar por los aires un proceso que, de momento, ya ha servido para que cambie por completo la imagen del Congreso de los Diputados.

Sánchez se sintió ayer por primera vez liberado de la presión que viene sintiendo desde hace más de un año en el Parlamento.

El fuego de artillería le llegaba con más fuerza desde la bancada de sus socios de investidura que desde la oposición. Así ha sido prácticamente durante toda la pandemia, y no habido ningún signo de mejoría hasta que el Gobierno de coalición ha puesto los indultos encima de la mesa.

Ayer se abrió una nueva etapa en el Parlamento, donde la medida de gracia a los líderes catalanes condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo sirvió para unir a todos los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Hasta el PNV, que lleva también meses siendo muy crítico con el Gobierno, se colocó al frente de la manifestación de adhesión a Sánchez y de condena tajante de la derecha. Todos los socios del presidente del Gobierno, desde Bildu al PNV, pasando por ERC, afirmaron solemnemente en el Congreso que la legislatura tiene dos años y medio por delante. Sin matices ni condiciones. Y esto fue lo más interesante en clave política que se escuchó bajo el ruido de sables.