PSOE y Podemos aparcan tensiones y se dan una tregua en agosto

El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros el techo de gasto, germen de los Presupuestos Generales del Estado y pistoletazo de salida para iniciar las negociaciones para su aprobación. Unas negociaciones que se conciben internamente como un termómetro para testar el estado de salud de la coalición y de las relaciones con los socios del Ejecutivo. Ambos vínculos se mantienen fuertes, y no se espera que salten por los aires, pero las tensiones se multiplican y en Moncloa son conscientes de que no pueden romper el cordón umbilical que les mantiene unidos al poder.

A priori, el escenario no podría ser más propicio. El Gobierno, regado por los fondos de Bruselas, vehiculará esta lluvia de millones en unos Presupuestos que serán «los más expansivos de la historia». Este es el mensaje político que la coalición quiere lanzar a los españoles, en pleno auge de la derecha en las encuestas, una tendencia que buscan revertir con la inversión en políticas públicas y dando un impulso al escudo social. Además, se quiere aprovechar que Europa deja todavía en suspenso las reglas fiscales y no va a condicionar sus ayudas a las cuentas con objetivos de déficit y deuda. Por tanto, ahora es el momento de gastar a manos llenas, con el objetivo de «consolidar la recuperación» y recuperar en 2022 los niveles PIB prepandemia. Para más adelante quedarán las reformas.

Esto supone un importante punto de fricción entre el PSOE y Unidas Podemos, porque mientras los morados quieren acometer ya en estos Presupuestos la reforma fiscal integral que quedó pendiente en 2021 –tras ceder Iglesias– y que se asuman compromisos del pacto de coalición como la subida del Salario Mínimo o la Ley de Vivienda; los socialistas ponen pie en pared y ralentizan el ritmo. De hecho, Podemos ha presionado para comenzar las conversaciones esta misma semana, mientras que María Jesús Montero quería dejarlas para agosto. Finalmente se producirá una «foto» entre la ministra de Hacienda y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, antes del descanso estival, pero el grueso de la negociación se dilatará para limar asperezas. Sin embargo, los morados, a pesar de la paralización de los tiempos, no renunciarán a dar la batalla en materia de impuestos. Pelearán por la inclusión de la fiscalidad en los Presupuestos al considerarla «inaplazable». Aprovechan así el apoyo de la OCDE, tras el pacto del 15 por ciento para impulsar el impuesto de sociedades a nivel global. El socio minoritario entiende, además, que debe cumplirse sin reparo, puesto que se encuentra plasmado en el pacto de coalición firmado en 2020.

La paralización de las negociaciones también se extiende al Salario Mínimo Interprofesional. La vicepresidenta Nadia Calviño confirmó ayer que, si la evolución del mercado laboral sigue siendo tan positiva como hasta ahora, se debatirá en septiembre si subirlo en lo que resta de año. Un gesto que en Podemos conciben como una victoria, con la figura protagonista de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz sobre Calviño, quien rápidamente tomó la puerta que abrió la vicepresidenta económica, tras meses de presiones en los que los morados han defendido una hoja de ruta para aumentar la cuantía de forma gradual hasta alcanzar al final de la legislatura el 60 por ciento del salario medio como marca el grupo de expertos del SMI.

Moncloa suscribe esta senda, pero primero quiere consolidar la recuperación, antes de acometer cualquier reforma que la pueda poner en riesgo. De hecho, esta fue la tesis que Sánchez defendió en su gira por EE UU cuando se reunió con fondos de inversión privados. Sentó muy mal en Podemos que el presidente del Gobierno pusiera en barbecho las reformas laboral e inmobiliaria que quiere promover su socio de coalición, ante las dudas que generaban en el extranjero. La máxima es trasladar una imagen de estabilidad y certidumbre. Podemos, sin embargo, presionará también para cumplir en materia de IRPF y ampliar dos puntos los tipos impositivos a los contribuyentes con rentas más altas.

Los morados se la juegan con estos Presupuestos porque necesitan marcar perfil y ser percibidos por sus votantes como un actor clave y decisivo para mejorar la vida de los ciudadanos en pro de la bandera social que la propia Yolanda Díaz ha querido reforzar desde que se erigiera como líder de Unidas Podemos en Moncloa. De hecho, el partido minoritario cree que la sociedad comienza a percibir de nuevo que ellos lideran la agenda social y se aprovechará esta sensación en los próximos meses. Tras el fracaso que ha supuesto para la coalición los récords en la factura de la luz, que les ha puesto frente al espejo de sus propias contradicciones con la actitud demagógica que demostraron en la oposición, en el Gobierno son conscientes que estos Presupuestos de la recuperación serán claves para intentar dar un vuelco a las encuestas que les colocan fuera del gobierno y a Pablo Casado en primera posición. En Moncloa creen que Podemos aprovechará la negociación de los Presupuestos para cerrar medidas pendientes del pacto de coalición y se enfocarán en la ley de vivienda, la reforma fiscal o la reconversión del mercado eléctrico. En el Gobierno sí promoverán la prórroga del escudo social que vence en agosto, ante en encallamiento de la ley de vivienda.

En el cuartel general morado son conscientes de que la citada ley no se retomará hasta después de verano y es por ello que, de cara a que la negociación del borrador de los PGE llegue a buen puerto, exigirán un acuerdo externo en esta materia, pidiendo extender la moratoria de los desahucios, los contratos de alquiler y la prohibición de cortes de suministros hasta que termine 2021. Para los morados es prioritario alargar esta cobertura, y al igual que ya lo fue en 2020 –cuando las negociaciones por parte de Unidas Podemos las pilotaba Pablo Iglesias– ahora, su no inclusión puede significar un importante escollo en el caso de no llegar a un acuerdo en el seno de la coalición.

“Prioritariamente” con los socios

Tras cerrar un pacto dentro de la coalición, se iniciarán las conversaciones con sus socios parlamentarios. Al contrario de lo ocurrido el año pasado, en que todas las vías estaban abiertas y se mantuvieron líneas paralelas con Ciudadanos y los soberanistas vascos y catalanes; en esta ocasión ya se da por cegada esta alternativa y, aunque se tanteará, se plantea prácticamente imposible operar esa «geometría variable» que ha sido una aspiración constante. El hecho de que en paralelo a esta negociación se vaya a estar desarrollando el diálogo con Cataluña –con la primera reunión de la «mesa de diálogo» en septiembre– tampoco invita a dar entrada a los de Inés Arrimadas en la ecuación. En Moncloa señalan que, aunque están abiertos a «todos los apoyos», se centrarán «prioritariamente» en los socios que aprobaron las anteriores cuentas y que han dado respaldo durante la legislatura.