Como principal interlocutor del PP con el Gobierno y la carrera judicial fija las claves del futuro de la negociación de la renovación del Poder Judicial.

– ¿Puede acabar la Legislatura con el CGPJ bloqueado?

–La imagen de politización del Poder Judicial está ahí y hay que acabar con ella. ¿Cómo? La única forma es cambiando el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, también, del sistema de nombramiento del fiscal general del Estado.

–Sin reforma, no habrá renovación, según la posición del PP. Y el Gobierno ha dicho que no habrá reforma. Si tuviera que apostar, ¿lo haría porque no habrá acuerdo?

–No me gusta especular. Sí insisto en que esperamos que Pedro Sánchez vuelva a la cordura y entienda que lo que pide Europa es lo adecuado y no hay otra alternativa.

–¿Cómo llevan las presiones de la carrera judicial para que arreglen esta crisis?

–La renovación es también un deseo de la Carrera judicial, pero la inmensa mayoría nos está transmitiendo que quieren que sigamos luchando por el cambio de modelo de elección del CGPJ.

–¿La caída de la fiscal general del Estado facilitaría retomar las negociaciones?

–La reforma del sistema de elección del CGPJ debe ir ligada a otro cambio en la elección de la Fiscalía para que no vuelva a repetirse lo ocurrido con Dolores Delgado. No tengo nada en contra de ella. De hecho, tenemos una buena relación, pero hasta Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que cometió un error eligiendo para ese puesto a una ministra de Justicia y diputada porque lastra la imagen de imparcialidad de esa persona.

–No me ha dicho si su caída, en función de lo que pueda decidir el Supremo sobre la idoneidad de su nombramiento, facilitaría que se vuelvan a sentar a hablar con el Gobierno.

–El problema es que Pedro Sánchez no quiere sentarse. Pablo Casado le acaba de pedir una reunión urgente y Moncloa ha contestado que «no», ni reunión ni siquiera conversación por teléfono. No equivoquemos el foco porque lo realmente grave es que el presidente de Gobierno no acepta una reunión con el presidente del PP para alcanzar un acuerdo por la Justicia española cuando parece que está todavía dudando de si se va a sentar o no en la mesa bilateral con el Gobierno catalán, con Esquerra, cuyos líderes han cometido graves delitos.

–¿El PP ha medido las graves consecuencias del bloqueo de la renovación del CGPJ?

–Hasta hace unos meses las consecuencias eran mínimas, más allá de lo que suponía no cumplir con el plazo que establece la Constitución. El problema se ha agravado por la reforma del Gobierno que limita las funciones del Poder Judicial, y que confunde, además, la naturaleza del órgano de gobierno de los jueces.

–¿Le parece más grave la reforma del Gobierno, que limita las funciones del CGPJ, que el hecho de que éste lleve tres años fuera de plazo?

–La limitación de funciones de un Gobierno tiene sentido en tanto que su legitimación deviene del grupo parlamentario que le presta su confianza. La legitimación del Consejo del Poder Judicial deviene sólo de su mandato, nada más. Y si hay que prorrogar, hay que hacer otro mandato. Un nuevo Consejo es necesario porque la Constitución así lo establece, no porque obedezca a una lógica parlamentaria. El cambio de Parlamento ni justifica, ni deja de justificar, ni explica el porqué de cumplir con los plazos. Por eso la limitación de funciones del CGPJ es claramente inconstitucional: está limitando un poder del Estado por razones carentes absolutamente de racionalidad.

–Suena más inconstitucional que no se cumplan los plazos fijados en ella.

–Cuando no se alcanza un acuerdo para cumplir con una obligación constitucional no se incumple la Constitución. Le pongo un ejemplo, cuando no se aprueba un PGE por falta de acuerdo se está incumpliendo un precepto de la Constitución que obliga a que haya un Presupuesto anual, pero eso no supone estar fuera de la Constitución. No confundamos ni engañemos. Es paradójico, y absolutamente deleznable, que el Gobierno que pacta con el peor independentismo catalán, que llega a pactos con los herederos de Batasuna, y que sí incumple la Constitución concediendo indultos en contra del Tribunal Supremo, diga que el PP está fuera de la Constitución.

–¿Ha hablado ya con la nueva ministra de Justicia?

–Sí, pero sólo de materias de Justicia sobre las competencias de la Comunidad de Madrid.

–¿Cómo puede ser que no hayan intercambiado una palabra acerca de renovar el Poder Judicial?

–Como le he dicho, sólo se ha dirigido a mí para hablar de los temas que me afectan como consejero de Justicia.

–¿Por qué suman nuevas condiciones a la negociación cada vez que parece que está próximo el acuerdo?

–No sumamos nuevas condiciones. Fijamos una posición desde el principio, en la que uno de los objetivos era evitar que en el Poder Judicial metiera mano Podemos, un partido antisistema. Pero el tiempo ha ido pasando sin cerrar el pacto y hoy es un hecho que la UE cada vez presta más atención a la situación del poder judicial de los países de la Unión. Y es otro hecho que también está preocupada por lo que pasa en España, igual que lo está Polonia o Hungría.

–¿Pero se nos puede comparar con Polonia o Hungría?

–Yo me remito a lo que dice la UE, que en su último informe nos dio dos mandatos claros: hay que renovar el CGPJ y hay que aprobar cuanto antes una reforma de la ley orgánica para que los vocales judiciales de este órgano sean elegidos en el futuro directamente por los jueces. Nuestras condiciones responden a la obligación de cumplir con las últimas exigencias europeas.

–La UE no ha dicho que se vincule una cosa con la otra.

–Nos manda las dos cosas, y el PP quiere que se cumpla ese doble mandato. Por eso hemos planteado renovar el Consejo con el actual marco legislativo y aprobar la reforma para que los jueces sean elegidos directamente por los jueces. Que es lo que dice nuestra Constitución. A Pedro Sánchez deberían hacerle un resumen de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, en la que dijo con claridad que, si bien el modelo de elección de los vocales por el Parlamento no era inconstitucional, sí había que sustituirlo cuanto antes porque generaba un gran riesgo de politización del órgano de gobierno de los jueces.

–Todos los Gobiernos del PP ha ignorado esa sentencia.

–Efectivamente, pero no hay que ser rehenes del pasado. Y Pablo Casado no puede estar atado a las decisiones que han tomado otros presidentes porque cada momento tiene su afán. Cuando el Partido Popular pudo reformar esta ley no existía Podemos. No existía el riesgo de que partidos antisistema pudieran poner sus manos en cargos tan importantes como el Poder Judicial y, además, en la Unión Europea no preocupaba tanto la independencia del Poder Judicial. Nuestro sistema de elección del Consejo transmite una imagen de dependencia y de politización que nos coloca muy cerca de Polonia y Hungría, a pesar de tener el Poder Judicial más independiente de Europa.

–Y mientras no haya acuerdo, al PP le aprieta mucho menos el zapato que al Gobierno. La situación les beneficia.

–En absoluto.

–El bloqueo les permite mantener una mayoría en el Consejo que no se corresponde con las actuales mayorías parlamentarias.

–El bloqueo lo impone el Gobierno por no aceptar nuestra reforma. La no renovación no beneficia a nadie, y el que quiera establecer lecturas torticeras sobre esto se equivoca. El PP defiende la reforma de la ley porque es bueno para todos los españoles, no porque la actual composición del Consejo le beneficie.

–La reforma del sistema de elección que proponen le traería un grave problema a Sánchez con sus socios, más allá de la oposición del PSOE al cambio de modelo.

–Si Sánchez está más preocupado de lo que piensan ERC o Bildu que de lo que ocurre en el Supremo la responsabilidad es suya. El PSOE siempre ha intentado manejar la Justicia y se inventa mentiras como la de que todos los jueces somos ricos y de derechas, cuando la Carrera judicial es un reflejo de la pluralidad de la sociedad española. Para el PSOE es un problema que los jueces tengan como trabajo hacer que se cumpla la ley; a un Gobierno de izquierdas esto le molesta mucho porque huye del cumplimiento de la ley como acabamos de ver con los indultos.

–Por cierto, el PSOE dice que los indultos ya están amortizados en la opinión pública. ¿Mereció la pena aquella manifestación con Vox?

–Los indultos no se han olvidado ni deben olvidarse. Han sido una de las mayores traiciones constitucionales de la democracia. Fueron una traición al pueblo español y a la Constitución. Y, a diferencia de otros indultos polémicos del pasado, éstos son los únicos que fueron aprobados con un fin partidista, pagar el apoyo de unos partidos políticos a un Gobierno.

–¿Madrid es una ciudad segura para la comunidad LGTBI?

–Madrid es una de las ciudades más seguras de Europa en todos los parámetros. La tasa de criminalidad es muy inferior a la de otras capitales europeas, en buena medida porque contamos con unas Fuerzas de Seguridad muy bien preparadas. Por supuesto, hay que seguir trabajando para mantener esta sensación de seguridad, pero los extranjeros que vienen a vivir a Madrid reconocen que una de las cosas que más admiran es la tranquilidad con la que pasean por sus calles.

–¿Qué lección saca de la gestión de la falsa denuncia de una agresión homófoba?

–Esta triste anécdota no se puede elevar a categoría ni en un sentido ni en otro. Sí hay que criticar la utilización que se ha hecho por parte de la izquierda, que se ha adelantado a señalar culpables y a colocar a fuerzas políticas detrás de una agresión que ni siquiera se habían producido. Es muy típico de la izquierda olvidarse de quién comete los delitos y tratar de buscar una rentabilidad política, y es absolutamente vergonzoso porque ayuda muy poco a la lucha contra los delitos de odio y polariza la sociedad.

–¿El discurso de Vox perjudica en la lucha contra los delitos de odio?

–Hay que centrarse en quién los comete y en los factores que de verdad están detrás de ellos, como la intolerancia o aquellas personas que se sienten con una superioridad moral respecto a otras y auto justifican el uso de la violencia. Estos delitos no tienen siglas, tienen nombres.

–Pero, en general, ¿el discurso de Vox alienta la crispación?

–No voy a hablar de otras fuerzas políticas. Hablo del PSOE porque gobierna, si no gobernara no perdería ni un minuto en hablar de ellos. También le digo que quien más fomenta un estado de polarización en España es el propio Gobierno y los partidos que lo sustentan porque es su estrategia política. Creen que la polarización les beneficia. Su estrategia es dividir, hacer listas de buenos y malos. Y en un mundo de listas sólo ganan los extremos. Sánchez no está en el interés general: Sánchez sacrifica su partido a su persona, el Estado a su Gobierno y el Gobierno a su partido. Hay que rescatar a España cuanto antes.

–¿La corrupción está ya amortizada para el PP, aunque todavía queden casos en los tribunales por dimirir?

–Este PP está centrado en la gestión de sus gobiernos, como está haciendo en Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y en la gestión de la oposición, y trabajando para los ciudadanos, allí donde no gobernamos para poder hacerlo a nivel nacional.

–¿Ayuso debe ser la presidenta del PP de Madrid?

–Creo que es muy positivo que grandes valores del PP como Isabel Díaz Ayuso manifiesten su voluntad de asumir responsabilidades en el partido. Dicho esto, la presidenta y todo su Ejecutivo está centrada en la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y el partido en la Convención que presentará a Pablo Casado como alternativa.