El Gobierno lleva hasta el final el pulso por el fiscal general para alimentar la tesis del 'lawfare'

El Gobierno lleva hasta el final el pulso por el fiscal general para alimentar la tesis del 'lawfare' en España que los socialistas hicieron suya cuando pactaron con Junts la investidura a cambio de la ley de amnistía. Fuentes del Ejecutivo insisten en que Álvaro García Ortiz no dimitirá. "Los inocentes no hacen nada que les haga parecer culpables", explican estas fuentes. Moncloa quiere confrontar con una parte de la judicatura, a la que implica en una cacería política y mediática para derribar al gabinete socialista a cualquier precio.

El propio presidente, Pedro Sánchez, salió este martes en defensa del fiscal general justo después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento. García Ortiz se sentará en los próximos meses en el banquillo —algo inédito en democracia— por un supuesto de delito de relevación de secretos en la filtración de información confidencial de la pareja de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La sospecha se cierne sobre él tras el borrado de los mensajes de sus dispositivos, que efectuó nada más ser imputado. Ese hecho, en sí mismo, es motivo suficiente para encausarle, según la propia justicia.

Lo cierto es que la ley dota de cierta autonomía al fiscal general, pero esta no es total. El Gobierno, que es quien lo nombra, también puede provocar su cese, aunque solo por las causas que recoge el artículo 31 de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es decir por petición propia; por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en dicha ley; en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo; por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o por cese del Gobierno que lo hubiera propuesto.

García Ortiz tiene la última palabra sobre su dimisión

Así las cosas, García Ortiz es quien tiene la última palabra sobre su permanencia al frente de una institución que quienes le piden que se vaya quieren proteger del daño que, opinan, provoca que el máximo representante del Ministerio Fiscal se siente en el banquillo de los acusados. Pero el Gobierno niega la mayor. Para el Ejecutivo es importante confrontar con las togas que sitúan en el lado de la conspiración.

La decisión del juez Ángel Hurtado golpea ha agitado con fuerza el tablero político y judicial español. En el previsible escenario de que García Ortiz termine siendo condenado tras un juicio -ahora está a un paso de sentarse en el banquillo-, el Gobierno usará su inhabilitación como munición para su guerra de resistencia, porque Sánchez no va a dejarse torcer el brazo pese a los innumerables frentes que le asedian.

El juez instructor considera que esa revelación de secretos vulneró el derecho a la intimidad del afectado —Alberto González Amador— y se habría producido, nada menos, que por indicación de Presidencia del Gobierno en una operación para “ganar el relato” y frenar la ofensiva mediática impulsada por el entorno de la presidenta madrileña que difundió una versión interesada de los hechos: que fue la Fiscalía quien propuso un pacto a González Amador.

Las "cartas marcadas" que critica Sánchez

Hace meses que el presidente Sánchez insinuó que la oposición tiene una conexión directa con buena parte de la judicatura y eso, razonó, permite al PP y a algunos de sus 'fontaneros', como el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, jugar con las "cartas marcadas".

El comentario del líder socialista no sentó nada bien en el órgano de gobierno de los jueces, cuya presidenta, Isabel Perelló, tuvo que salir a defender a los jueces de las acusaciones de 'lawfare' de Sánchez, que lleva meses repitiendo desde que trascendieron la trama Koldo, las actividades profesionales de su mujer y de su hermano.

En la planta noble de Ferraz la sensación que atraviesa es la misma: que existe todo un enjambre de togas dispuesto a derrumbar al Ejecutivo casi a cualquier precio. Y que, además, actúa de la mano de la derecha política y mediática. Moncloa quiere que García Ortiz, si llega el caso, sea un mártir que enseñar en la plaza pública para demostrar a los progresistas de España que van a por ellos.

En lo que va de legislatura, el Gobierno ha provocado en varias ocasiones al poder judicial, al que sustrae de parcialidad y dibuja como un actor político con intencionalidad. El equipo del presidente en Moncloa, lejos de rebajar la confrontación, argumenta: "El Ejecutivo puede criticar a los jueces, igual que los jueces critican al Gobierno". El círculo de confianza de Sánchez no se esconde en sus críticas: "Que haya separación de poderes no significa que los poderes no puedan interactuar".