Sánchez desoye a Podemos y confía en tener Presupuestos en octubre

El Gobierno no ceja en su empeño de alumbrar los Presupuestos Generales del Estado «en tiempo y forma». En Moncloa consideran que, tras meses de inestabilidad vinculada a la pandemia, ha llegado el momento de trasladar certidumbre y de recuperar la «normalidad institucional». El contexto es propicio. El Ejecutivo ve consolidado el bloque de la investidura y, a la suficiencia de apoyos, se suma la inyección de fondos de Bruselas que hay que vehicular necesariamente a través de las cuentas públicas. Sin embargo, la seguridad que destila Moncloa contrasta con las advertencias que comienzan a proferir sus socios, dentro y fuera del Gobierno, que necesitan vender caros sus votos para no quedar arrasados ante sus electores por la apisonadora gubernamental. Al aviso de ERC de que sus apoyos «se sudan», se adhirió ayer la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, marcando distancias con el PSOE, asegurando que el acuerdo presupuestario «está lejos». En la parte socialista del Gobierno no comparten esta tesis. De hecho, varios interlocutores apuntan a LA RAZÓN que los Presupuestos llegarán al Consejo de Ministros cumpliendo el compromiso del presidente. No será este mes de septiembre, lo que obligaría a tenerlos perfilados para el próximo martes, pero sí en octubre. «Es cuestión de días, si no de días de semanas», señalan apuntando a principios del próximo mes.

Los morados no comparten esta visión. Rebajan el optimismo en los plazos que maneja el PSOE y reclaman que, para negociar los Presupuestos, asuntos claves atascados en la negociación entre ministerios vean la luz de forma inmediata. Después, apoyarán el borrador que se envíe al Congreso, no antes. Desde Unidas Podemos vigilan con atención los pasos que está dando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, reuniéndose con los grupos parlamentarios antes de cerrar detalles importantes entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Si bien en Podemos no hablan de líneas rojas, sí explican en privado que ven imposible de aprobar unas cuentas públicas sin que se haya dado luz verde a la ley de vivienda que lleva once meses de retraso y a la que los morados no darán su visto bueno si no se incluye la regulación del mercado de alquiler. Otro de los asuntos que parten de posiciones enconadas es la reforma fiscal. Pujan por crear un tipo fijo del 15 por ciento a las grandes empresas en el impuesto de sociedades. Las fuentes consultadas son explícitas al confirmar a este diario que se les haría imposible aprobar unas cuentas sin que el PSOE garantice la ley de la vivienda y la reforma fiscal. No es la primera vez que los morados lanzan un órdago al PSOE en esta misma negociación. Ya lo hizo Pablo Iglesias en 2020. Estaba dispuesto a tumbar los PGE si no se pactaba regular el alquiler. El acuerdo llegó y la presión se rebajó. Hoy, sin embargo, los socios cuentan con el oxígeno de sus socios en el Congreso, y deslizan que «unos Presupuestos sin Vivienda no vamos a poder sacarlos», porque no contarían con ERC y Bildu, socios imprescindibles para sacar adelante el proyecto y que son el pilar sobre el que se sostiene el Ejecutivo en el Congreso.

En la parte socialista del Gobierno, por su parte, son bastante escépticos sobre las reclamaciones de Podemos. De hecho, rechazan vincular la aprobación de los Presupuestos con la ley de vivienda, porque «no tiene nada que ver» y las cuentas son imprescindibles para la «absorción de los fondos». «No hay otra opción que aprobarlos», reconocen. Este es el principal argumento que el ministro de Presidencia está trasladando a los portavoces de los partidos con los que se está reuniendo estos días, demandando «responsabilidad y sentido de Estado» para avanzar en la recuperación. Si bien estos encuentros se tratan meramente de una toma de contacto y la negociación pura transcurre a otros niveles, en el Gobierno es básico «consolidar la recuperación y no ponerla en riesgo». Por ello, además de la ley de vivienda se rechaza la reforma fiscal que demandan los morados. Se da máxima prioridad a la creación de empleo y a las medidas de ayuda al tejido productivo. En el Ejecutivo se aferran, para dilatar los tiempos, a tener sobre la mesa el informe que debe elevar el grupo de expertos sobre fiscalidad y que no se espera al menos hasta febrero de 2022. Tampoco se prevé que en vísperas de unas elecciones, en el año 2023, se vaya a avanzar en una subida de impuestos, una medida impopular de cara a las urnas. No en vano, aunque se rechacen «grandes cambios», en el área económica sí valorarían la opción de introducir «ajustes».

En cuanto a la ley de vivienda, en el Ministerio de Transportes aseguran que «no hay novedad» y que si bien el texto legislativo está «prácticamente cerrado», sí siguen «atascados» en el tema de los alquileres, principal punto de fricción entre las dos corrientes de la coalición. En la parte socialista hay «voluntad» de acordar y se retomarán los contactos en los próximos días, pero desvinculan de la negociación presupuestaria cualquier avance en este sentido.