La sentencia contra el aborto no verá la luz tras la renovación del Constitucional

La inminente renovación de los órganos constitucionales producirá la baja de tres magistrados -el cuarto sería Fernando Valdés que dimitió hace un año salpicado por un procedimiento de violencia de género- del Tribunal Constitucional. Finaliza el mandato para el actual presidente, Juan José González Rivas, para la vicepresidenta, Encarnación Roca, y para Andrés Ollero, ponente de la sentencia de la Ley del aborto. Esto se traduce en que por tercera vez la decisión sobre la legalidad de interrumpir el embarazo cambiará de manos, once años después de que se interpusiera el recurso.

Ollero lleva ya años con una sentencia escrita contraria a la Ley del Aborto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010, según indican fuentes del tribunal de garantías. El magistrado la heredó de su predecesora Elisa Pérez Vera, quien también había redactado otro texto, en ese caso, a favor de la norma que permite interrumpir la gestación de forma voluntaria en las primeras 14 semanas. Pérez Vera dejó su cargo en el Constitucional al entrar Ollero en 2012 y, cuando hay renovación -como pasará ahora- las ponencias que no han llegado a verse en pleno se vuelven a repartir entre los miembros del tribunal. De manera que el nuevo designado puede llevar adelante el mismo texto o cambiar por completo el sentido del fallo.

Las dos sentencias que ha habido escritas sobre este asunto se han quedado en un cajón, consiguiendo el récord de ser el texto más tiempo bloqueado por los magistrados. El actual presidente González Rivas nunca ha propuesto debatirlo en el pleno (de él depende el orden del día), pero estos últimos meses ya empezaba a merodear la idea de que, tras 11 años de parálisis del recurso que interpusieron los diputados del PP, había llegado el momento de afrontarlo, como publicó ‘El País’. Entre medias tres de los recurrentes, Luis Peral, Lourdes Méndez y José Eugenio Azpiroz, acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar al Constitucional por dilaciones indebidas. Esta resolución está todavía a la espera, como también lo está una querella que la Asociación de Abogados Cristianos contra el propio Ollero por retardo malicioso.

Sin embargo, el desbloqueó de la renovación y la marcha tanto de Ollero, como de González Rivas y Roca -cuyo mandato había finalizado en 2019- abre un nuevo camino todavía indeterminado para la Ley del aborto. Y no solo. En el aire quedan también otros recursos pendientes como la recién aprobada Ley de la Eutanasia, recurrida por PP y Vox. El recurso del partido de Pablo Casado se queda en manos del magistrado Cándido Conde-Pumpido, pero el de la formación de Santiago Abascal le había tocado a la vicepresidenta, por lo que ahora deberá repartirse.

Poco se sabe todavía sobre quiénes ocuparán ahora estos cuatro despachos, incluido el de Valdés que estaba vacío, en el edificio circular del tribunal de garantías. El Gobierno se ha limitado a decir que serán juristas “de reconocida competencia”, y tienen que serlo, como dice la ley, con más de 15 años en el ejercicio, pero algunos de los nombres que suenan cada vez que hay campanas de renovación son: Enrique Arnaldo Cubilla, catedrático de Derecho Constitucional y actual letrado del Congreso; Pablo Lucas, magistrado de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo; y Nicolás González-Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal.

La elección del presidente

Una vez se conozca la nueva composición, los propios magistrados elegirán al nuevo presidente. Una norma no escrita del alto tribunal es elegir del grupo de los que más tiempo lleven, en cuyo caso entrarían Pedro González-Trevijano, Santiago Martínez-Vares, Antonio Narváez y Juan Antonio Xiol. Los tres primeros del sector conservado y el último, progresista. Lo que sucede es que al haber estado tanto tiempo bloqueado el pacto se han juntado las renovaciones y a estos cuatro magistrados se les vence el mandato en junio del próximo año, por lo que en caso de ser alguno presidente ejercería hasta ese momento. Algunas fuentes consultadas explican que como el Constitucional es un órgano con poca historia, esta tradición que no está contemplada en la ley podría romperse y escoger para la presidencia de entre los que no se marcharán hasta 2026: María Luisa Balaguer, Cándido Conde-Pumpido, Alfredo Montoya y Ricardo Enríquez.

De los cuatro magistrados que deben tomar el relevo en 2022, dos de ellos son por elección del Gobierno y otros dos los debe elegir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Ejecutivo de Pedro Sánchez se asegura así equilibrar la balanza progresista en el órgano que actualmente tiene mayoría conservadora. La incógnita vuelve a abrirse en qué pasaría si cuando llegue ese momento todavía no hay renovación del CGPJ y sigue en vigor la ley que les impide nombrar.