El aval a Arnaldo para el Constitucional desgasta al Gobierno

El coste político de desbloquear los órganos constitucionales pendientes, a excepción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), le está saliendo caro al Gobierno. El pacto para renovar cuatro puestos del Tribunal Constitucional y, en concreto, la candidatura de Enrique Arnaldo a propuesta del PP está generando un intenso ruido interno en los partidos que componen la coalición. El debate sobre la idoneidad de su perfil, que socialistas y morados ya avalaron la semana pasada, está alcanzando su máximo apogeo a escasas horas de que mañana se apruebe, en votación secreta, su nombramiento. Esto hace que, aunque tanto el PSOE como Podemos han reafirmado -con incomodidad- su apoyo al pacto rubricado con la formación de Pablo Casado, no puedan garantizar eventuales rupturas de la disciplina de voto en sus propias filas.

Si el martes era el diputado y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Odón Elorza, quien ponía voz, en una entrevista en la SER, al malestar interno: “Muchos votaremos con la nariz tapada” y reconocía que le habían apartado del pleno que elegirá mañana a Arnaldo por su beligerancia en la comisión de la semana pasada, hoy se han sumado a él otras voces, también de Unidas Podemos, que comparten la incomodidad. En concreto, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha compartido la expresión de su colega socialista, pero ha apelado a la “responsabilidad” para mantener un pacto con el PP que asumieron como propio.

En este sentido, ha afirmado que su grupo votará a favor pero “con una pinza en la nariz”, porque hacerlo en contra tendría consecuencia democráticas “desastrosas” porque mantendría el statu quo actual de “corrupción” de los órganos constitucionales que está “imponiendo” el PP. Asimismo, Asens ha indicado que esta no es la opción deseada pero sí “la menos mala” para poder renovar los miembros caducados y supone el primer paso para llegar a la mayoría progresista que “se tiene que imponer” porque el próximo mes de junio se vuelve a producir la renovación de cuatro miembros del tribunal. Además, lo considera una paso para “desatascar” la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres años “secuestrado por el PP”.

Esta es una de las claves que hay sobre la mesa. En Moncloa hay temor a que si se echan para atrás ahora, se vuelva al bloqueo de los órganos constitucionales que se habían logrado desencallar y, especialmente, del CGPJ, para el que las negociaciones se han retomado en los últimos días, aunque sin avances relevantes. Desde el Ejecutivo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se aferró a la importancia “de llegar a un acuerdo”, un acuerdo que calificó “de Estado”.

En los mismos términos, el portavoz del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, se reivindicó como “un partido responsable y respetuoso. Respetamos los acuerdos y somos responsables para ejercer la disciplina del grupo cuando se decide por parte de la dirección el voto que tenemos que emitir. Por tanto, responsables y respetuosos”, ha reiterado. Una actitud distinta a la de otros partidos de la izquierda, con los que se ha abierto una brecha en esta cuestión. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha tildado de “cobarde” la actitud del PSOE, en contraposición a la “valentía” de Odón Elorza.

Por su parte, el líder de Más País, Errejón ha asegurado que no comprende “los votos vergonzosos, lo votos que se avergüenzan” y ha avanzado su posición de mañana, “nosotros vamos a votar sin ninguna vergüenza por lo que creemos, que es que (Arnaldo) no es idóneo”.

Yolanda Díaz no se moja y Sánchez defiende “salvar el acuerdo”

Consciente de la contradicción que supone para su marca, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se limitó a despachar la responsabilidad al PP, que propuso a Arnaldo en su acuerdo con el PSOE, pese a que el espacio confederal dijo en su día haber participado en el pacto y de haberlo avalado después. Una posición que ha mantenido hasta ahora el Gobierno, pero que no casa con el apoyo que se dará al candidato del PP mañana. “Hay que respetar las instituciones de nuestro país, y el Partido Popular, con las designaciones que ha hecho, desde luego está poniendo en riesgo la presunta independencia que debe regir en todos los órganos de nuestro país. Por lo tanto, creo que no ha estado a la altura de las circunstancias”, enjuició.

Si bien desde Unidas Podemos apoyarán el nombramiento, en la formación reconocen que “es un sapo” a tragarse, pero que prefieren la renovación al bloqueo, la opinión no es unánime en el grupo parlamentario. De hecho, las diputadas Gloria Elizo y María del Carmen Pita, lo han puesto en evidencia junto al consejero de Políticas Migratorias y Justicia en el gobierno navarro, Eduardo Santos. A través de un artículo de opinión en “El Periódico de España” han mostrado su desacuerdo con el apoyo a la candidatura, llegando a afirmar que “cada voto afirmativo es una ignorancia deliberada”, aseguran en el texto. Según aseguran, los miembros que integren el tribunal deben atesorar “un mínimo nivel acreditable por su trayectoria y circunstancias”. Pero “sin esos dos aspectos mínimos no hay nada”, añaden. “Y en este acuerdo al que se ha llegado no hay nada”, sentencian. Los firmantes avisan que no lo aceptarán “de ninguna manera” porque, dicen, “el precio a pagar en términos políticos de regeneración democrática y sociales, de construcción de ciudadanía, es sencillamente inasumible”.

Por su parte, el presidente del Gobierno también se refirió a esta cuestión durante su comparecencia en el Congreso, en referencia a las críticas que están recibiendo de sus socios. “A mí no me gustan algunos de los candidatos propuestos por el PP para instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, pero el deber del Gobierno es salvar el acuerdo para renovar las instituciones”.