Medio año de la “invasión” que selló el gran desencuentro

Seis largos meses cargados de sobresaltos, sobreactuación y cinismo han transcurrido desde la “invasión” terrestre de Ceuta por parte de unas 10.000 personas, en su mayoría jóvenes varones de origen magrebí –muchos de ellos niños-, llegadas desde Marruecos gracias a la connivencia de las fuerzas de seguridad del país norteafricano. Un episodio que, si bien no creaba una crisis entre Marruecos y España –pues venía gestándose desde hacía varios meses-, sí la manifestaba en toda su crudeza y descaro. Desde aquellas dos jornadas de mayo en la que la ciudad autónoma -83.000 habitantes- recibió de sopetón el equivalente a una décima parte de su población, Rabat y Madrid, Madrid y Rabat, han sido incapaces de volver a una civilizada normalidad. Muy lejos queda el momento en que se habían instalado las relaciones bilaterales con los gobiernos del Partido Popular. Muchas cosas, casi ninguna positiva, han ocurrido en este medio año.

Todo comenzó a torcerse a mediados de noviembre del año pasado cuando el entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias defendió en Twitter la celebración de “un referéndum libre, limpio e imparcial para la autodeterminación del pueblo Sáhara Occidental”. El 10 de diciembre, una semana antes de su celebración, Rabat decidía suspender la Reunión de Alto Nivel hasta febrero de este año. A día de hoy, sigue sin haber fecha para el encuentro bilateral.

La suspensión por “razones sanitarias” de la cita no impidió que el 23 de diciembre Marruecos e Israel sellaran en una ceremonia celebrada en Rabat el restablecimiento de relaciones bilaterales. Lo había anunciado el 10 de diciembre el ex presidente estadounidense Donald Trump en Twitter, el mismo día en que la entonces Administración saliente reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Una decisión que ha tenido repercusiones múltiples para el Magreb y el conjunto de la región, empezando por las relaciones entre Rabat y Madrid.

El ‘caso Ghali’ desata la crisis

Pero el hecho que enfadaría especialmente a Rabat fue la entrada en España el 18 de abril pasado del líder del Frente Polisario, que puso fin al alto el fuego con Marruecos el 13 de noviembre de 2020, Brahim Ghali para ser hospitalizado de Covid-19. El juez Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, investiga hoy las presuntas irregularidades en la entrada y hospitalización durante 44 días del líder del Polisario en territorio español. La ex ministra de Exteriores Arancha González Laya y su jefe de gabinete, Camilo Villarino, están imputados.

Seis meses se cumplen también desde que Marruecos retirara a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, quien sigue sin regresar a la capital de España. Con excepción del encuentro telemático mantenido entre el ministro de Exteriores José Manuel Albares y su homólogo marroquí Nasser Bourita el pasado 21 de septiembre, no ha habido en todo este tiempo encuentro alguno, ni virtual ni en carne mortal, entre representantes de uno u otro gabinete. En una entrevista publicada la semana pasada por los medios del Grupo Joly, el jefe de la diplomacia española, que celebraba que “desde el verano Marruecos colabora plenamente en inmigración”, aseguraba tener “muy buena interlocución” con Rabat. “La diplomacia siempre funciona con discreción”, zanjaba. Discretos son desde luego también los resultados.

Fronteras selladas

Como lo estaban aquellas jornadas de mayo, las fronteras entre Ceuta y Marruecos permanecen cerradas –Rabat clausuró unilateralmente sus fronteras terrestres con España un 13 de marzo de 2020-. En las últimas fechas se especula con la reapertura en la próxima primavera, pero ningún anuncio –ni pista- se ha hecho por parte de las autoridades de los dos países. Aunque las fronteras de Ceuta y Melilla quedaron selladas hace 20 meses, Marruecos había suprimido las aduanas con las ciudades autónomas en agosto de 2018 (Melilla) y diciembre de 2019 (Ceuta). Tanto las poblaciones de las dos localidades españolas como las de las regiones fronterizas –Tánger-Tetuán en el caso de Ceuta y Nador en el de Melilla- sufren con dureza el fin del contrabando, del turismo y del flujo de trabajadores transfronterizos.

Lo cierto es que, salvo contadas excepciones, Marruecos ha convertido la frontera con Ceuta en un lugar inexpugnable desde el episodio del Tarajal. En ningún momento en estos seis meses se ha producido nada remotamente parecido. El despliegue de fuerzas de seguridad ha sido constante y férreo en la localidad de Fnideq (la antigua Castillejos). Rabat ha construido una nueva valla y concertinas –las que España rechaza- en la frontera con Ceuta. No en vano, Marruecos recibió un importante aviso con la declaración de rechazo del Parlamento Europeo del pasado 10 de junio por su actitud en la crisis de Ceuta. Asimismo España está instalando un sistema inteligente de identificación en la frontera.

El largo camino hacia una cierta normalización

Todo parecía cambiar el pasado 20 de agosto cuando el rey Mohamed anunciaba en un discurso la “inauguración de una nueva etapa inédita” en las relaciones bilaterales. El 10 de julio Pedro Sánchez había nombrado a José Manuel Albares como ministro de Exteriores en sustitución de González Laya, bestia negra de Rabat por su responsabilidad en la entrada en nuestro país de Brahim Ghali. No ha acabado siendo así.

El propio Mohamed VI había dado instrucciones el primero de junio para solucionar el problema de los menores no acompañados marroquíes en territorio europeo (la mayoría de ellos se encuentra en España). Lo cierto es que más de cinco meses y medio desde el anuncio del monarca, la cuestión se encuentra lejos de resolverse. Por lo pronto, aún permanecen en Ceuta 400 del millar de menores que accedieron a la ciudad en la ‘invasión’ de los días 17 y 18 de mayo.

No han sido precisamente tranquilos tampoco los últimos meses. La crisis bilateral que, en paralelo, viven Marruecos y Argelia desde el verano no facilita el regreso a una cierta normalidad entre Rabat y Madrid. El 24 de agosto Argelia rompía relaciones diplomáticas con sus vecinos, a los que acusa de fomentar el separatismo y el terrorismo en su territorio. Poco después Argel anunciaba –e iba en serio- la no renovación del contrato del gasoducto Magreb Europa, que transportaba el gas desde los yacimientos argelinos a la Península –una quinta parte del consumo anual español- pasando por Marruecos, para castigar a sus vecinos. Atrapado entre los dos países norteafricanos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha escenificado últimamente su buena sintonía con Argelia, que reitera una y otra vez que no habrá problema de suministro de gas en plena crisis energética mundial. Como otras veces, Marruecos opta por un atronador y elocuente silencio.