Una acusación pide al juez que impute a Ghali por falsedad documental

En plena ofensiva diplomática del Gobierno de Pedro Sánchez para recomponer las maltrechas relaciones con Marruecos, el «caso Ghali» sigue siendo una china en el zapato en pos de ese objetivo. La acogida «por razones humanitarias» que brindó en abril del pasado año el Ejecutivo al líder del Frente Polisario –a espaldas del reino alauí– provocó una grave crisis diplomática y migratoria con Rabat que nueve meses después aún no se ha cerrado.

Por ahora, la investigación judicial ha acarreado la imputación de la entonces ministra de ExterioresArancha González Laya (a quien Sánchez se apresuró a apear del Gobierno en su remodelación de julio) y el que en esas fechas era su jefe de gabinete. Pero la acusación popular que ejerce el abogado Antonio Urdiales, que denunció los hechos, quiere dar un paso más allá y hoy mismo ha solicitado al instructor que cite a declarar como investigado al propio Ghali (quien regresó a Argelia el 2 de junio del pasado año tras estar ingresado mes y medio en el hospital San Pedro de Logroño convaleciente del Covid) por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental.

Y es que Ghali llegó a España con un pasaporte falso –a nombre de Mohamed Benbatouche (ver imagen adjunta)– que no tuvo que exhibir al aterrizar su avión en la base militar de Zaragoza por indicación expresa del Ministerio de Asuntos de Exteriores, que le eximió del control de documentación. Un pasaporte que fue expedido por Argelia el mismo día de su llegada a España, el 18 de abril de 2021, con el que horas después se registró en el hospital riojano, donde quedó ingresado.

Facilitó al juez una dirección en Madrid

En el escrito remitido al juez por la acusación popular –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, el letrado pide a Lasala que cite como investigado a Gali Sidi Mohamed Abdelyelil (el verdadero nombre de Ghali) por el supuesto «uso de documento falso en establecimiento público». Y le insta a notificarle la citación a la dirección en Madrid que facilitó, «a efectos de citaciones y emplazamientos» (presumiblemente la sede del Frente Polisario en la capital), tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz

Para el letrado, «el hecho de que fuera una tercera persona no identificada quien hace materialmente la entrega del falsario documento en el hospital no exime en modo alguno de la comisión del delito a quien se beneficia de él, que no es otro», mantiene, que el propio Ghali.

La acusación popular recuerda que tras interponerse una denuncia, por la utilización del pasaporte falso, en los juzgados de Logroño (por parte de otro abogado, Juan Carlos Navarro, que también ejerce la acusación), el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital riojana «se inhibió a favor de este juzgado en agosto de 2021», aceptando Lasala la inhibición.

Quiere que vuelva a declarar la jefa de gabinete de Marlaska

Hasta el momento, el juez Lasala centra su investigación en la posible comisión de delitos de prevaricación, encubrimiento (si se demostrase que Exteriores ocultó la llegada de Ghali al ser consciente de que tenía dos causas en la Audiencia Nacional por genocidio, torturas y detención ilegal) y falsedad documental. Sí ha descartado, sin embargo, investigar una posible malversación por el coste de los 44 días que el líder del Frente Polisario estuvo ingresado en el hospital de Logroño aquejado de una neumonía. Algo que, según dejo claro en una de sus resoluciones, deben investigar en su caso los juzgados de la capital riojana.

De hecho, Lasala interrogará como testigo el próximo 7 de febrero a un inspector de la Comisaría General de Información para intentar aclarar, entre otras cuestiones, por qué no se investigó de oficio una posible falsedad documental una vez la Policía tuvo conocimiento de que Ghali se había registrado en el hospital con un pasaporte falso a nombre de Mohamed Benbatouche.

Asimismo, en el mismo escrito la acusación pide al juez que vuelva a tomar declaración tanto al ex jefe de gabinete de Laya, Camilo Villarino, como a la jefa de gabinete del ministro del Interior, Susana Crisóstomo, para esclarecer quién se encargó –tras la conversación entre ambos el 23 de abril del pasado año– de avisar a la Policía Judicial de que pusiera en conocimiento de la Audiencia Nacional que Ghali se encontraba en España. Y es que la Policía Judicial acaba de informar a Lasala de que entre el 18 y el 23 de abril no recibió comunicación alguna en referencia al líder polisario.