La “X” del “caso Ghali”

Secretario general del Frente Polisario, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y jefe supremo de las Fuerzas del Ejército Popular Saharaui (así se presentó ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en su declaración por videoconferencia del pasado 1 de junio), Brahim Ghali llegó a España enfermo de Covid en un avión procedente de Argel que aterrizó el pasado 18 de abril en la base aérea militar de Zaragoza. Lo hizo sin pasar los preceptivos controles de documentación y aduana.

Trasladado en ambulancia al hospital San Pedro de Logroño –donde pese a disponer de DNI español en vigor se registró con una identidad falsa a nombre de Mohamed Benbatouche–, permaneció ingresado hasta la madrugada del 2 de junio. Solo unas horas después de declarar ante Pedraz por videoconferencia en relación a dos causas abiertas contra él por genocidio, torturas y detención ilegal, regresó a Argel en un avión medicalizado desde el aeropuerto de Pamplona, donde nuevamente no se le requirió documentación alguna. Hasta aquí, los hechos.

El revuelo político y mediático que se generó después de que se constatase que el líder del Frente Polisario, enemigo acérrimo de Marruecos, estaba ingresado en un hospital español no solo provocó una grave crisis diplomática y migratoria con Rabat, sino que cinco meses después ha acarreado la imputación de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la que Pedro Sánchez ya se había encargado de apear del Gobierno en julio.

Ni las explicaciones públicas del Ejecutivo –que esgrime que se acogió a Ghali por motivos humanitarios, dado su grave estado de salud, y que se le eximió del control de documentación porque viajaba con pasaporte diplomático– han permitido a Laya sortear su citación como investigada, aún con fecha por determinar. Pero, ¿fue la entonces titular de Exteriores quien dio la orden o se limitó a trasladarla a su jefe de gabinete, Camilo Villarino, también imputado, para que coordinara la llegada de Ghali con el Estado Mayor del Aire?

“¿Fue el presidente del Gobierno?”

Tras cuatro meses de investigación judicial, esa pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién dio la orden? Y eso es precisamente lo que pretende esclarecer ahora el magistrado Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza. En el trasfondo de la instrucción, la posible comisión de delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental (sin descartar una hipotética malversación si se demuestra que se emplearon recursos públicos sin justificación).

La primera decisión de calado de Lasala fue citar a declarar como investigado al ex responsable de gabinete de Laya. Su comparecencia del pasado día 13 permitió esclarecer que fue ella quien, como era de esperar, le dio la orden de permitir la entrada de Ghali, aunque Villarino apuntó que no cree que tomara la decisión sola. «El Gobierno no es un reino de Taifas», aseguró. Pero, entonces, ¿quién?

El interrogatorio del juez Lasala a Villarino deja algunas pistas de hacia dónde encamina el magistrado su investigación. «¿Pero se refiere que tomó la decisión dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de manera coordinada con otros cargos –le preguntó– o que fue en alguna comisión interministerial o que fue el presidente del Gobierno el que le indicó que sí, que aceptara (la petición de Argelia de acoger a Ghali en nuestro país)?».

Las preguntas que deberá contestar Laya

Por lo pronto, el Gobierno se ha apresurado a descargar en Laya la decisión de avalar la entrada de Ghali. Pero la cuestión no era ajena al Ejecutivo. Solo tres días antes de que su avión aterrizara en Zaragoza, desde la Vicepresidencia de Carmen Calvo se preguntó a Exteriores si sabían algo de la llegada del líder polisario. Ahora, las acusaciones populares –a quienes la Abogacía del Estado, que defiende a Villarino, ha intentado apartar sin éxito del procedimiento– han pedido al juez que la autora de esa llamada, la entonces jefa de gabinete de Calvo, declare como testigo. Lasala tiene incluso que decidir si la propia Calvo debe testificar.

En todo caso, si la investigación alcanzase a algún miembro del actual Gobierno y Lasala viese indicios para imputarlo, el juez debería remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, ante el que están aforados, para que decidiese si procede investigarle.

¿A qué preguntas debe contestar Laya? La acusación popular que ejerce el letrado Antonio Urdiales lo tiene claro. Por encima de todas, la principal: «¿Todas las actuaciones y órdenes que posibilitaron su entrada en España fueron tomadas exclusivamente por usted sin conocimiento de sus compañeros de Gobierno?», asegura a LA RAZÓN el abogado. Pero no es la única. «¿Con qué personas contactó tras manifestarle Villarino que la jefa de gabinete de Carmen Calvo le preguntó el 15 de abril si sabía que Ghali iba a entrar en España?», añade el letrado.

Urdiales sostiene que Laya ha de explicar asimismo qué autoridad argelina le solicitó la asistencia sanitaria de Ghali, si sabía «que estaba siendo investigado desde hace trece años por la Audiencia Nacional» y con quién contactó tras trasladarle a su jefe de gabinete, el mismo 18 de abril, que se había decidido acoger a Ghali. «¿Fue con el jefe de Estado Mayor del Aire o directamente con la ministra de Defensa? ¿Contactó con Marlaska para que controlara el desplazamiento de Ghali a Logroño y comisionara un dispositivo policial? ¿Contactó con la presidenta de La Rioja para la asistencia hospitalaria de Ghali?».

“Se ocultó a Marruecos y a los países de Schengen”

Para el abogado Juan Carlos Navarro, que ejerce también la acusación popular en representación de otros dos denunciantes, la declaración de Laya como investigada está justificada «porque fue quien dio la orden a Villarino y nos tendrá que explicar por qué querían ocultar su entrada no solo a Marruecos, sino también a los países firmantes del Convenio de Shengen».

El letrado no cree que la investigación esté abocada al archivo. «Si los hechos no fueran constitutivos de delito, el instructor habría acordado ya el archivo», dice. «Espero de la instrucción lo que se espera de cualquier investigación penal; este caso es uno más, como cualquier otro. Se han denunciado unos hechos y sobre estos se está practicando prueba», recalca.

En esa misma línea, Urdiales mantiene que la causa «no se va a archivar y si no llega al Tribunal Supremo, se enjuiciará en la Audiencia Provincial de Zaragoza». A Lasala el letrado le pide «que llegue hasta el final». «Como buen zaragozano, sé que no va a dar un paso atrás si está convencido de la existencia de una posible responsabilidad penal», subraya.

Ambos letrados no son ajenos a las voces que, en el fragor de la refriega política y mediática, les acusan de actuar a instancias de Rabat. «Es radicalmente falso que las acusaciones populares trabajemos para Marruecos», afirma categórico Urdiales. «Navarro interpuso denuncia en el Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño exclusivamente contra Ghali por falsedad documental y, por tanto, contra ningún representante gubernamental. No es en absoluto un instrumento ni del PP ni de Marruecos –dice de su compañero–. Y en cuanto a mí, si fuera cierto que soy un instrumento de Marruecos habría obedecido instrucciones y, ante la inminente reunión de los ministros de Exteriores de ambos países para rebajar la tensión diplomática, no hubiera solicitado la imputación de Laya». Al respecto, Navarro se limita a parafrasear una máxima de Confucio: «Cuando las mentes necias miran al dedo, las sabias miran el cielo».