Derrumbe de Zaldibar: dos años sin respuestas

Zaldibar recuerda a los dos trabajadores que murieron sepultados hace dos años en el vertedero de esta localidad vasca. Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán fallecieron tras el desplome de la ladera provocado por un movimiento de tierra que arrastró miles de toneladas de residuos industriales, incluido amianto. El operativo de rescate finalizó en mayo de 2021, tras 436 días de trabajo y sin localizar el cuerpo de uno de los trabajadores, que dos años después continúa sepultado. Según el informe técnico del Gobierno del País Vasco, el hecho de no poder conocer la ubicación exacta de Joaquín Beltrán en el momento del deslizamiento y la posibilidad de que los restos hayan quedado descompuestos tras todos esos meses hizo imposible localizarle entre los escombros.

Por otro lado, el cuerpo de su compañero, Alberto Sololuze, se encontró en marzo de 2020 en la zona de la báscula donde se encontraba trabajando en el momento del desastre, junto a algunos objetos personales como un reloj. El fin del operativo terminó sin depurar responsabilidades y sin que se conozcan los verdaderos motivos por los que se produjo el fatídico accidente.

Sin embargo, dos años después, el Parlamento Europeo por unanimidad, acordó la semana pasada que continúe la investigación y que se esclarezca si se cometió una infracción de la legislación de la Unión Europea que regula la gestión de residuos y vertederos. En el punto de mira está la empresa Verter Recycling, propietaria del vertedero, que en octubre del año pasado acordó su disolución y la apertura del periodo de liquidación, nombrándose liquidadores según lo previsto en la ley y los estatutos de la sociedad.

La decisión, acordada en la Junta General, se adoptó después de que el dueño de la empresa, José Ignacio Barinaga, la gerente, Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Elosegui, acusados de dos homicidios por imprudencia grave y otro contra la seguridad de los trabajadores, pactaron el año pasado con la Fiscalía y las familias de los operarios una condena de seis meses de prisión por el homicidio imprudente de los dos operarios (con lo que evitarán la cárcel), además de indemnizar a la familia. Por otro lado, la empresa tiene una segunda causa abierta -en la que de ser condenados sus responsables a penas de prisión ya no podrían evitar la cárcel al contar con antecedentes-, en la que se analizan los posibles delitos medioambientales.

En cuanto a las posibles causas del desastre, a falta de una resolución judicial firme, todo apunta a una sobre explotación del vertedero, a tenor de los testimonios de varios testigos, entre ellos, el del propio Joaquín Beltrán que, según publicó El Diario.es, dos días antes del accidente advirtió al ingeniero, Juan Elosegui, imputado en la causa judicial, de que había algunas grietas y desplazamientos en la escombrera.

El de Zaldibar era un vertedero «low cost» y, a su vez, la principal escombrera de residuos industriales del País Vasco. Su instalación en la ladera del monte Montía, con dos centenares de metros de desnivel y enormes pendientes, carecía de todo sentido. Ubicado a escasos metros de dos núcleos urbanos, su sola presencia chirriaba. El vertido de residuos se hacía de manera tan descontrolada que, aunque su vida útil se situaba en 35 años, en solo una década habría alcanzado su capacidad.

En su interior se almacenaba todo tipo de residuos, incluido amianto, tal y como se detectó durante el rescate de los dos trabajadores. Según admitió el consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, durante su comparecencia ante los medios hace dos años, el vertedero almacenó 16.148 toneladas de amianto, el equivalente a 1.468 camiones de tamaño medio.

En el plano político, la tragedia supuso un gran desgaste para el Gobierno vasco, en parte por su tardía actuación, que posteriormente fue subsanada, en parte, gracias a la gran obra que supusieron los trabajos de búsqueda de los dos desaparecidos. Reclama a la empresa gestora de las instalaciones de Zaldibar, Verter Recycling, 28 millones de euros.

Según describen los vecinos a LA RAZÓN, en la zona del desprendimiento «se ha levantado un muro de contención», sin embargo, la escombrera todavía no está clausurada definitivamente. En cierto modo, los vecinos están más tranquilos porque han recuperado cierta normalidad desde que un fuerte estruendo paralizara sus vidas hace dos años, no obstante, siguen reclamando responsabilidades y explicaciones por la tragedia.