El Supremo inadmite la querella contra Belarra por calumnias a los jueces tras la sentencia de Alberto Rodríguez

El Tribunal considera que las manifestaciones son “injustificadas y ofensivas”, pero están amparadas en la libertad de expresión

MADRID, 16/03/2022.- La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, participa este miércoles en la presentación del libro "Una nueva agenda para el Mediterráneo" en la Casa Árabe de Madrid.
MADRID, 16/03/2022.- La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, participa este miércoles en la presentación del libro "Una nueva agenda para el Mediterráneo" en la Casa Árabe de Madrid. FOTO: MARISCAL EFE

El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella que interpuso la fundación Foro Libertad Alternativa contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por las manifestaciones que vertió contra los jueces cuando condenaron al exdiputado Alberto Rodríguez por una patada a un Policía. Belarra acusó a los propios magistrados que han decidido no procesarla de “prevaricación” por presionar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para quitar el escaño a Rodríguez. La Sala de lo Penal dice que aunque las palabras fueron “injustificadas y ofensivas” están amparadas en la libertad de expresión.

En un auto con fecha de este 18 de marzo, el magistrado ponente Ángel Luis Hurtado considera que el derecho de expresarse con libertad prevalece sobre cualquier reproche penal en este caso y que las palabras se pronuncian en un contexto político por lo que no cabe traerlas al ámbito penal, así que archivan. La ministra publicó en sus redes sociales el día que se suprimió el espacio a Rodríguez en el Congreso: “Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidenta del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación”.

Pero el Supremo sí reprocha el comportamiento a Belarra: “podemos admitir que la base para exponer esa opinión guarde relación con la existencia del voto particular; pero ello no quita para ignorar la carga de descalificación que encierra, en cuanto que está atribuyendo un delito (se suele decir el más grave delito que cabe atribuir a un juez en el ejercicio de su función) a unos Magistrados que forman parte del más alto Tribunal de la nación”.

Los magistrados aclaran que aceptan la crítica, pero advierten a la diputada morada de que “no estaría de más hacer uso de la prudencia a la hora de emitir libremente opiniones”, sobre todo, dicen, cuando quien las formula forma parte del Gobierno. “Porque no es la mejor muestra de responsabilidad institucional en la medida que alcanzan a otra institución, como es el Poder Judicial”.

Explican los jueces que el hecho de que esas palabras estén emitidas desde el Ejecutivo puede afectar a la “independencia” entre los distintos poderes.

La Sala de lo Penal coincide, no obstante, en que incluso con estos reproches el caso no tiene recorrido en la vía penal. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió “un contundente comunicado” de rechazo ese día tras una reunión extraordinaria y es el órgano competente para ello. La Fiscalía también se había pronunciado en favor del archivo el pasado 4 de febrero.