El Supremo pregunta si Belarra es aforada antes de decidir sobre la querella contra la líder de Podemos

El Tribunal Supremo (TS) ha puesto en marcha el proceso para acreditar que Ione Belarra es diputada del Congreso y ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que acarrea su condición de aforada ante el alto tribunal, antes de decidir si admite o no a trámite la querella por injurias presentada contra la líder de Podemos por el Foro Libertad y Alternativa, después de que la ministra de Derechos Sociales acusase al Supremo de prevaricar por condenar al diputado morado Alberto Rodríguez.

En una diligencia de ordenación fechada ayer mismo, el Tribunal Supremo decide “antes de acordar lo demás que proceda”, que el secretario de Gobierno de la institución requiera la “certificación acreditativa de si en la actualidad” Belarra “ostenta la condición de diputada en la actual legislatura” y es “miembro del Consejo de Ministros como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030″.

La resolución, que puede ser recurrida en el plazo de tres días, no presupone que la Sala de Admisiones vaya a admitir a trámite la denuncia, que atribuye a la secretaria general de Podemos la supuesta comisión de seis delitos de calumnias: uno contra el alto tribunal y otros cinco contra los magistrados que formaron parte del tribunal que condenó a Alberto Rodríguez a una pena de 45 días de prisión –que se conmutó por una multa que ya pago– y otros tantos de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, lo que acarreó que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le retirara el escaño.

La Fiscalía se opone

La decisión del TS se produce tan solo unos días después de que la Fiscalía -en la primera decisión de la nueva teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, apenas unas horas después de tomar posesión- haya informado en contra de que se tramite la denuncia. Ahora, será la Sala, en este caso presidida por el magistrado Pablo Llarena -al haberse abstenido el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, por haber formado parte del tribunal que condenó a Rodríguez-, la que resuelva sobre si la denuncia tendrá o no recorrido procesal.

«Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», escribió la líder de Podemos en su cuenta de Twitter el pasado 22 de octubre tras conocer la condena al parlamentario morado por dar una patada a un policía durante una protesta en Tenerife en 2014.

Para la asociación denunciante, Belarra actuó con «desprecio extremo y temerario hacia la verdad», acusando públicamente y «con grosera falsedad» al Tribunal Supremo y a sus magistrados de prevaricación. Una imputación que, recalca en su denuncia, afecta «a la legitimidad de las resoluciones judiciales y, en definitiva, a uno de los poderes del Estado».

En un comunicado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)mostró su «absoluto y rotundo rechazo» a esas manifestaciones por «generar una sospecha inaceptable» respecto a la actuación del Supremo atribuyendo la comisión de un delito a sus magistrados, lo que en su opinión «excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión».