La renovación en solitario del TC por el Gobierno chocará con el Pleno del Constitucional

A la enquistada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace tres años y medio por la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP, se sumará a partir del próximo día 12 la del Tribunal Constitucional (TC), en el que cuatro magistrados -entre ellos su presidente, Pedro González-Trevijano- llegarán en esa fecha al final de su mandato. El relevo de ese tercio del Pleno, que corresponde al Ejecutivo y al órgano de gobierno de los jueces, suele ser el más pacífico (los otros dos tercios corresponden al Congreso y al Senado, donde recurrentemente se sucede el tira y afloja entre los partidos políticos) y no debería plantear problemas. Pero no es así en esta ocasión.

El CGPJ está maniatado desde marzo del pasado año, cuando entró en vigor una reforma legal promovida por PSOE y Podemos (para forzar al PP a acordar de una vez la renovación del Consejo) que le impide hacer nombramientos cuando está en funciones. Entre ellos, los de los magistrados del Constitucional. Ante esta situación, el Gobierno ya ha anunciado -a través del ministro de Presidencia, Félix Bolaños- que está dispuesto a designar a los dos magistrados que le corresponden aunque el Consejo de Poder Judicial no pueda hacerlo.

La decisión no es baladí, porque aunque solo se renovasen dos de los cuatro magistrados (sin que el CGPJ pudiera nombrar a los suyos, que se repartirán socialistas y populares), la iniciativa devolvería la mayoría progresista a la institución, que debe pronunciarse en los próximos meses sobre asuntos tan sensibles como el aborto, la eutanasia o la ley Celaá.

Pero si finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez da ese paso, puede encontrarse -según las fuentes consultadas- con la oposición del Pleno del TC, que debe examinar la idoneidad de los nuevos candidatos. Y es que según esas mismas fuentes, los magistrados se inclinan mayoritariamente por rechazar que esa renovación no se lleve a cabo por tercios, como estipula la Constitución, lo que podría derivar en una confrontación institucional entre el Ejecutivo y el órgano de garantías.

“No obtendría el plácet del tribunal”

Fuentes del TC apuntan a LA RAZÓN que “lo que dice la Constitución es que se debe renovar por terceras partes, y no por sextas”. Y subrayan que el Pleno gubernativo “se convoca cuando están los cuatro candidatos, no solo dos”. Otras fuentes de la institución, en esa misma línea, aseguran al respecto que “la opinión mayoritaria es que la renovación ha de producirse por tercios”. Y aunque reconocen que la decisión puede ser controvertida porque “es la primera vez que el tribunal tendría que hacer una interpretación de este tipo”, se muestran concluyentes sobre el resultado de ese hipotético Pleno: “Si se decide dar ese paso, no solo sería un descrédito para el Gobierno, sino que no obtendría el plácet del tribunal”.

“El Gobierno puede llevar a cabo los nombramientos, otra cosa es que sus candidatos puedan integrarse en el tribunal sin los otros dos candidatos”, aseguran también -siempre con cautela: “nunca ha habido un caso así”- desde el tribunal de garantías. “No sé si el Gobierno querrá forzar”, añaden, “pero esa renovación de la mitad del tercio no se puede producir”.

Fuentes del CGPJ van más allá y califican esa posibilidad de “maniobra extraña”, aunque vaticinan que aunque el Ejecutivo de Sánchez designase a sus dos magistrados al margen del Consejo del Poder Judicial, “no podrían tomar posesión”. “La renovación es por tercios. Eso lo dice la Constitución”, defienden, pese a que al mismo tiempo admiten que “la situación desde luego es endiablada”.

Pero esas mismas fuentes no pasan por alto que el TC también tiene la llave para desbloquear su propia renovación, pues debe resolver los recursos de inconstitucionalidad de PP y Vox contra la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos con su mandato caducado. Y es que si esa reforma fuese declarada contraria a la Constitución, aunque sea parcialmente en lo que atañe a la designación de los magistrados del TC por el Consejo, el órgano de gobierno de los jueces (y el Gobierno, por añadidura) tendría vía libre para nombrar a sus candidatos .

“El silencio del TC es muy grave”

De ahí que desde el CGPJ no se ahorren reproches al TC. “Que una institución del Estado prive de sus funciones a otra institución del Estado y que el Tribunal Constitucional permanezca en silencio es muy grave”, lamentan.

Pero, por ahora, ese silencio se mantendrá. Con tres plenos por delante hasta las vacaciones (quizá un cuarto, el recurrente “pleno escoba” a finales de julio para despejar el orden del día de asuntos pendientes) y sin un borrador de sentencia sobre la mesa (las ponencias recayeron en los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol, uno de los que serán relevados en la próxima renovación, y María Luisa Balaguer), no parece probable que el Pleno debata y vote la constitucionalidad de la polémica reforma hasta el próximo otoño.

En consecuencia, si el CGPJ se mantiene en funciones por obra y gracia de Gobierno y PP, y con el TC sin entrar en harina (los recursos se admitieron a trámite en septiembre del pasado año), al Ejecutivo de Pedro Sánchez solo le queda esperar. O afrontar una renovación en solitario arriesgándose a un choque de trenes con el TC. O, incluso, enmendarse a sí mismo y modificar su reforma para matizar que la imposibilidad de hacer nombramientos al CGPJ en funciones excluye los de los magistrados del Constitucional. Pero en ese caso puede toparse con un Consejo del Poder Judicial beligerante, pues como ya informó este periódico algunos vocales estarían dispuestos a ausentarse de la votación en la que les tocaría llevar a cabo esos nombramientos (y mostrar así su rechazo a esa solución salomónica) para que no haya el quórum necesario.