El bloqueo del CGPJ obligará al TC a mover ficha para su renovación

El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace casi tres años y medio, provocará dentro de un mes un efecto colateral añadido. El próximo 12 de junio vence el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), incluido el de su presidente, Pedro González-Trevijano, pero la renovación del tribunal de garantías está condicionada por la anómala situación que vive el órgano de gobierno de los jueces desde diciembre de 2018 y, por añadidura, desde marzo del pasado año, cuando PSOE y Podemos sacaron adelante -para forzar al PP a llegar a un acuerdo- una reforma legal que impide al Consejo hacer nombramientos con el mandato expirado.

Y es que es al Gobierno y al CGPJ (a razón de dos cada uno) a los que corresponde designar al tercio de miembros del Constitucional en la inminente renovación. Pero con el Consejo maniatado, el Ejecutivo no puede nombrar solo a sus dos candidatos, si no quiere arriesgarse a que el Pleno del TC, que tiene que dar el visto bueno a las nuevas incorporaciones, tumbe esa decisión. No en balde, el artículo 159.3 de la Constitución deja claro que los integrantes del tribunal «se renovarán por terceras partes».

Durante estos meses, en el Constitucional se mantenía la esperanza de que ese pacto entre el Gobierno y el principal partido de la oposición facilitase a partir de junio el relevo en la institución. Un anhelo que la llegada a la presidencia del PP de Alberto Núñez Feijóo, con su política de mano tendida a pactos de estado, no hizo sino alentar.

Pero el espejismo no ha tardado en esfumarse y el adelanto electoral en Andalucía y los renovados desencuentros entre PSOE y PP han dado la puntilla a la posibilidad de cualquier atisbo de responsabilidad institucional que se plasme en un inminente nuevo Consejo del Poder Judicial.

En el horizonte se vislumbra otra salida que evite al TC resolver este nudo gordiano: que el Gobierno desencalle la renovación del tribunal de garantías modificando la reforma del pasado marzo para matizar que la imposibilidad de llevar a cabo nombramientos a un Consejo en funciones no incluya la designación de los magistrados del Constitucional. Un paso al frente con un indudable coste político que, además, debería sortear la oposición de sus socios de Podemos. «Moncloa mira de reojo al TC y el TC, a Moncloa», explican de forma gráfica fuentes del tribunal, que constatan que de esta forma «no se avanza nada». «Es cuestión de voluntad», señalan.

Ocho meses de tramitación

Este escenario, el menos deseado en el Constitucional, obliga a la institución que preside González-Trevijano a mover ficha, porque por paradójico que pueda parecer, la renovación del TC está en manos del propio TC, que debe resolver los recursos de PP y Vox contra esa polémica reforma que no permite al Consejo hacer nombramientos en funciones. Ambos recursos de inconstitucionalidad se admitieron a trámite en septiembre del pasado año, pero ocho meses después todavía no se han llevado a Pleno para su deliberación (la media de resolución de estos recursos es de un año).

Por si fuera poco, la admisión a trámite del recurso se demoró cinco meses (cuando el plazo habitual para pronunciarse sobre recursos de inconstitucionalidad oscila entre los 15 días y un mes de media, apuntan esas mismas fuentes). Ambas ponencias recayeron en manos de magistrados progresistas: Juan Antonio Xiol es el encargado de redactar el borrador de resolución que resuelva el recurso del PP y María Luisa Balaguer hará lo propio con el de Vox.

Una vez constatado que el Gobierno y el PP siguen siendo incapaces de llegar a un acuerdo para renovar el Consejo (aunque según las fuentes consultadas los populares tienen intención de presentar una propuesta de renovación a final de mes tras recabar la opinión de las asociaciones judiciales), el TC tiene una presión añadida.

Fuentes de la institución apuntan que por ahora, el tribunal sigue mirando de soslayo a los dos grandes partidos pero que, por responsabilidad institucional, sus magistrados son conscientes de que si el bloqueo persiste, el Pleno deberá abordar esos recursos tarde o temprano, aunque parece complicado que sea antes del parón estival. En todo caso, serán los ponentes los que marquen los tiempos, pues aunque el presidente puede forzar que un asunto se lleve al Pleno no se recuerdan precedentes y González-Trevijano, que ha priorizado el consenso en su mandato presidencial, no será quien rompa esa tradición no escrita.

«Interpretación quirúrgica»

Aunque las ponencias no han trascendido –«hay un trabajo previo, pero no todavía un borrador que llevar al Pleno», señalan–, las fuentes consultadas apuntan que ambas oscilarán entre apreciar una tacha de inconstitucionalidad parcial (que se ceñiría exclusivamente a la imposibilidad que impone la reforma al Consejo de elegir a los magistrados del TC) o por acordar la inconstitucionalidad de la reforma en su totalidad

Una declaración de inconstitucionalidad de esa reforma (su alcance, está por ver) permitiría al Consejo recuperar su capacidad para hacer nombramientos y, por ende, designar a los dos magistrados que le corresponden, que junto a los dos que tiene que elegir el Gobierno plasmarían el cambio de mayorías en el TC. Pero no todo es tan sencillo, pues si la propuesta de resolución solo ve inconstitucional que la reforma impida al CGPJ designar a los vocales del Constitucional, el Pleno podría fracturarse en su votación.

Esa solución intermedia es lo que fuentes del tribunal califican de «interpretación quirúrgica» del artículo 159 de la Constitución, que establece que dos de los doce magistrados del TC se renovarán «a propuesta del Consejo General del Poder Judicial». Una disposición constitucional que, por tanto, no puede ser alterada por una ley orgánica, defendería esta tesis.

En cualquier caso, si esa inconstitucionalidad parcial fuese respaldada por el TC, habilitando por tanto al Consejo para llevar a cabo la designación de los dos magistrados del Constitucional, la votación de esos candidatos en el órgano de gobierno de los jueces no sería coser y cantar, pues fuentes del CGPJ aseguran que los vocales disconformes podrían incluso exteriorizar su rechazo ausentándose de la votación, lo que privaría del quórum necesario para sacarla delante. Un intrincado embrollo a la altura del hilo de Ariadna que siembra de interrogantes la próxima renovación del guardián de la Carta Magna.