El CGPJ rechaza el amparo al juez de la Audiencia Nacional Ricardo De Prada

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denegado el amparo al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo De Prada, quien en las últimas semanas ha estado en el candelero por sus decisiones sobre permisos a etarras. El juez considera que los medios de comunicación están atacando a su independencia judicial por la forma de enfocar este asunto, pero la institución que preside Carlos Lesmes ha rechazado la protección que solicitaba. No obstante, tres vocales han firmado un voto particular en el que exponen que «las críticas desmedidas y carentes de todo fundamento al juez en ejercicio pueden llegar a afectar no ya sólo a su honorabilidad profesional sino también, a la confianza misma en la justicia».

De Prada presentó el pasado 24 de mayo un escrito por el tratamiento que la prensa le estaba dispensando a raíz de algunas de sus ponencias. Sucede que el magistrado cambió de tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que es la que se encarga de revisar los permisos y terceros grados que la administración concede a terroristas. Hasta ahora esta Sección la componía una mayoría conservadora, pero la llegada de De Prada ha reinclinado la balanza. El listón que se estaba exigiendo para que etarras salieran de prisión -consistente en reclamar un perdón específico a las víctimas- se ha visto diluido en los últimos escritos de la Sala y las víctimas lamentan este nuevo cambio de criterio.

«En dichas noticias y editoriales [...] se realiza un ataque furibundo descalificador contra la actividad jurisdiccional de este magistrado», señaló el afectado. El núcleo duro del CGPJ se reunió el pasado jueves y por mayoría acordó inadmitir a trámite esta petición de amparo.

Pero tres vocales se han desmarcado. Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda emitieron un escrito propio -al que ha accedido este periódico- para señalar que a su juicio no todo vale. Dicen que el ataque a De Prada no conforma un «hecho aislado y puntual, sino de la reiteración de un ataque descalificador contra la actividad jurisdiccional del magistrado».

Se refieren así a otro escrito que aprobaron en términos similares hace dos años también a favor de De Prada: «En una sociedad democrática todo ejercicio del poder, y el jurisdiccional no es una excepción, está sometido a la crítica pública, pero bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda, denigrar injustamente o poner en entredicho con argumentos groseros la imparcialidad o independencia», reseñaron.

Para estos tres vocales, los comentarios e insinuaciones contenidas en dichas publicaciones afectan «de forma grave, no únicamente a su indemnidad profesional sino que atacan a su independencia judicial, como también a la del resto de los magistrados que compusieron el Tribunal que dictó las resoluciones». Cuesta, Mozo y Sepúlveda subrayan que «la libertad de expresión y censura pública de las resoluciones judiciales no es ilimitada». Las fuentes consultadas en el CGPJ indican que es extraordinariamente complicado que den amparo a algún magistrado por este tipo de noticias en la prensa que se enmarcan en la libertad de expresión, si bien otras fuentes diferencian casos y casos y puntualizan que recientemente ha habido cambios de criterio en otros tribunales, y refieren por ejemplo aos indultos del procés en el Supremo, y el tratamiento no ha sido el mismo, dicen.