El juez de «Pegasus» busca resolver qué contenido se robó de los móviles del Gobierno

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, planea llegar hasta el final para conocer quién y cómo inyectó el virus de Pegasus en los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas. Para ello está haciendo averiguaciones encaminadas a conocer si es posible determinar el contenido exacto que se robó de los terminales cuando entró el spyware en 2021, según fuentes conocedoras de la causa. Además, prevé citar a nuevos testigos los próximos días una vez se haya resuelto la declaración del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El magistrado envió ayer un requerimiento a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para que no borre el volcado de los teléfonos que los funcionarios hicieron cuando detectaron la intrusión el pasado mes de mayo. En un escrito acuerda que la información se conserve por si en algún momento el juzgado quisiera disponer de ella. Las fuentes consultadas indican que el objetivo es conocer los detalles de lo que se sustrajo. En los informes que la Abogacía del Estado adjuntó con la denuncia interpuesta se hablaba de la cantidad de gigas sustraídos a cada afectado. El más cuantioso fue el de Marlaska: De su móvil personal se compartieron 6,3 gigas de información.

El Centro Criptológico Nacional (CCN) -dependiente del CNI- no determinó qué tipo de información era, pero los investigadores están tanteando si técnicamente hay alguna posibilidad de saberlo. Si eventualmente dieran con la tecla sería necesario entonces tener el volcado de los teléfonos completos. Y, ahora, ya están bajo llave. “Surge la necesidad de retener y conservar los efectos o instrumentos relacionados con el delito instruido en la siguiente causa”, recalcó el juez en su escrito. Conocer en qué material estaban interesados los que usaron Pegasus puede dar pistas de quién podría estar detrás.

Por otro lado, las citadas fuentes confirman que está previsto acordar nuevas citaciones que podrían llegar a alguno de los afectados a efectos de esclarecer quién pudo estar tras la fuga de estos datos. Pendiente todavía está la testifical del ministro Bolaños que decidió acogerse a su derecho de declarar por escrito. Calama está recopilando las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, si bien el grueso del cuestionario, indican estas fuentes, irá referido al puesto que ocupaba el ministro en el momento en el que se atacaron los móviles con Pegasus. Bolaños era el responsable del departamento de Seguridad de La Moncloa. El magistrado dará unos días para que conteste por escrito.

El papel de las acusaciones populares

Una nueva acusación popular ha pedido entrar en el caso y el juez resolverá en unos días, si no hay novedad, que también debe pagar una fianza de 10.000 euros como la que le impuso a la Asociación de juristas europeos Prolege. Esta última no ha realizado el pago todavía, aunque se encuentra recaudando el dinero.

Juez y Fiscalía están de acuerdo con que las intenciones de este tipo de acusaciones deben ser única y exclusivamente ejercer de contrapeso en la investigación. Algo a lo que la Abogacía del Estado -que actúa en favor de los intereses de los miembros del Gobierno- se opuso por “improcedente” porque decía que “se daría lugar a posible acceso a todo el contenido de datos de la intimidad de los agraviados”.

Calama levantó el secreto de sumario el pasado 7 de junio tras dos meses de indagaciones, pero puede volver a acordar un velo parcial en la causa cuando proceda. Igualmente puede realizar un expurgo de la información que crea que no tenga relación con el objeto de la investigación y que pueda afectar a la médula del Estado. La información más sensible, aclaran las fuentes consultadas, puede llegar también desde Israel a donde se ha remitido una petición de información puesto que es allí donde se ubica la sede de NSO, empresa que vende el software espía. Todavía no hay respuesta.