El juez de Pegasus acepta que una acusación popular interrogue a Bolaños previa fianza de 10.000 euros

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido la primera acusación popular en la investigación del “caso Pegasus”. Hasta ahora en el procedimiento solo participaba la Fiscalía -que no se ha opuesto a este trámite- y la Abogacía del Estado, pero la Asociación de Juristas Europeos Pro Legesolicitó hace unos días formar parte del caso del espionaje del móvil del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y de tres ministros. El magistrado no ha puesto impedimentos siempre que paguen una fianza de 10.000 euros por lo que, en la práctica, los abogados de la asociación podrán estar presentes en la declaración del ministro de Presidencia Félix Bolaños programada para el próximo 5 de julio.

En un escrito con fecha de este mismo viernes, Calama aclara que el dinero a pagar se impone para “evitar el abuso o el uso fraudulento de esta figura procesal”. Señala que la acusación popular, que debe servir de contrapeso y es casi como una supervisión ajena a quienes forman parte de la instrucción, no puede hacer un uso “torticero” del ejercicio de la acción penal.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, se mostró favorable a la personación pero dijo que aunque se tratara de un proceso ya iniciado, argumento que esgrimía Pro Lege para participar sin contraprestación, esa jurisprudencia no se puede interpretar de forma “literal y rígida”. Lo que expone el Ministerio Fiscal es que esta investigación todavía no tiene ni siquiera bien delimitados los hechos o personas del delito, por lo que al tratarse de una causa muy “embrionaria” la acusación popular debe hacer este pago responsable.

“La presentación de la fianza [...] en garantía que asegura las eventuales responsabilidades económicas en que esta parte acusadora pudiera incurrir”. Además advierte de que “por muy avanzado que esté el procedimiento puede ser condenado al pago de costas o a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados”, señaló el fiscal. Y aquí el Tribunal Constitucional ha sido claro con la exigencia de la fianza: no es inconstitucional, siempre que no sea prohibitiva o particularmente gravosa.

La cuantía se ha acordado ponderando las posibilidades económicas de Pro Lege y, dice el juez, que no han acreditado que “su situación económica pueda resultar, siquiera, sensiblemente afectada por la prestación de una fianza”, sino que se han limitado a pedir entrar sin fianza alguna. Esta asociación acusa ya en procedimientos como el ‘caso Neurona’ sobre la financiación irregular de la campaña electoral de Podemos o en el ‘caso Tándem’ sobre las actividades del comisario Villarejo.

Precisamente cuando buscó entrar en esta causa que también se sigue en la Audiencia Nacional se fijó una fianza del mismo importe que ellos recurrieron alegando ser una “asociación de reciente constitución, de capacidad económica limitada y que se financia con aportaciones privadas y el patrimonio de los socios”. La Sala de lo Penal le dio la razón en ese momento, pero el juez Calama ahora dice que estos 10.000 euros es una cantidad “asequible, moderada y ajustada a la naturaleza y la relevancia de los hechos investigados”.

La sensibilidad de esta instrucción no se le escapa a nadie dentro de la Audiencia Nacional. Sobre la mesa hay ya una declaración de la exdirectora del CNI Paz Esteban y de un funcionario espía que fue el responsable de analizar los móviles de los miembros del ejecutivo. Lo que viene ahora sigue siendo delicado, si bien Calama decidió levantar el secreto del caso el pasado 7 de junio por lo que abrió la puerta a que, como ha sido el caso, otros representantes pudieran personarse.

Hasta ahora la investigación ha avanzado relativamente poco a falta de que Israel conteste con la petición de información que hizo el magistrado y resuelva si deja que éste viaje al país para entrevistar al CEO de NSO Group, empresa dueña del software espía. Del resultado dependerá que se conozca quién estuvo detrás del Pegasus que infectó el dispositivo de Sánchez, el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas, entre los meses de mayo y junio de 2021.