Más testigos necesarios para componer el puzle de Pegasus

Los investigadores tienen claro que el reto al que se enfrentan se antoja enrevesado. Armar todas las piezas del puzle de Pegasus incluye que los testigos aporten datos, que los medios técnicos ayuden y que Israel colabore, la pieza más difícil. Y todo, sin que se produzcan filtraciones de los secretos más profundos de la seguridad del Estado. La investigación por el «caso Pegasus» residenciada en la Audiencia Nacional avanza con agilidad tras un mes de secreto de sumario y con el horizonte puesto en declaraciones clave, entre ellas, la del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 4, José Luis Calama, apenas lleva cuatro años en la Audiencia Nacional y algunas fuentes jurídicas aseguran que está ante sus diligencias más delicadas. No es tontería citar a declarar a un ministro. Así sea como testigo con obligación siempre de decir la verdad. Aunque él experiencia tiene. Citó al exministro de Economía Luis de Guindos en 2019 para ahondar en la causa del Banco Popular. En ese caso lo escuchó a través de una pantalla, por videoconferencia.

La Ley prevé que «el presidente y los demás miembros del Gobierno» «están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos que tengan conocimiento por razón de su cargo» (artículo 412 de la LECrim). Así que las incógnitas se centran ahora en qué fórmula será la elegida por Bolaños. Acudir presencialmente con fecha conocida, el próximo 5 de julio, hace inevitable la marabunta de cámaras y periodistas en sede judicial propia de días históricos en los juzgados. Fuentes consultadas con acceso a la causa esperan que Bolaños no decida hacerlo por escrito porque, entonces, se pierden los matices de la repregunta. Creen que hacerlo por videoconferencia es la mejor solución. Hasta primeros de julio tiene el ministro para decidirlo. Fecha que, dicho sea de paso, no fue escogida al azar. Calama no quiso interferir ni en las elecciones andaluzas (19 de junio) ni en la celebración de la cumbre de la OTAN (29 - 30 de junio).

Por primera vez la Abogacía del Estado -que interpuso la denuncia el pasado 2 de mayo- estará presente en el interrogatorio porque una vez se ha alzado el secreto esta semana el acto deja de ser exclusivo para juez y Fiscalía. Y está por ver si también preguntaran otras acusaciones populares que ya han pedido entrar en la causa. Según informan fuentes jurídicas la admisión de más partes está pendiente de respuesta del jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que está llevando personalmente la sensible instrucción. Calama rechazó que la Generalitat entrara porque la ley no contempla que «personas jurídicas públicas ejerzan la acción popular». Para eso está el Ministerio Fiscal, contestó el pasado mes de mayo.

Por la Audiencia Nacional ha pasado ya la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y otro funcionario espía encargado de elaborar los informes en los que se detectaron los ataques a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas. Esteban acudió el viernes 3 de mayo, como adelantó LA RAZÓN, y solo unos días después el juez alzó el velo protector a la causa, pero las fuentes conocedoras del contenido aseguran que la gran mayoría permanecerá secreta porque refiere a confidencias de Estado.

El secreto no se ha extendido mucho en el tiempo. Los investigadores querían «dimensionar» al principio a qué se estaban enfrentando. Una investigación muy «técnica» e «interesante» por la materia que se analiza. Pero una vez calibrado, Calama no ha querido dejar echada la llave mucho tiempo más para ajustarse al máximo a la ley que establece que las prórrogas se hagan de mes en mes para evitar que se perpetúe en el tiempo una situación que provoca indefensión. Si bien por el momento no hay investigados concretos, las fuentes citadas sí aseguran que habrá más testigos después de Bolaños.

Uno seguro, si todo sale bien, será Shalev Hulio, director ejecutivo de la compañía NSO Group, dueña del programa israelí. El juez ha enviado una comisión rogatoria para que Israel lo autorice a viajar allí y poder preguntar in situ sobre los detalles del software espía. Tel Aviv tiene un pedazo importante del rompecabezas sin el cual completarlo será imposible, pero los investigadores albergan cierta esperanza de colaboración. Sobre todo después de que la empresa se haya mostrado en varias entrevistas dispuesta a ayudar a las autoridades, aunque sea por una cuestión de imagen. Calama inició la investigación con un documento lleno de preguntas que envió a ese país para esclarecer cómo funciona Pegasus y, de momento, esto tampoco ha tenido respuesta.