Bruselas insiste en la renovación prioritaria del CGPJ

La Comisión Europea ha pedido hoy a nuestro país la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de manera “prioritaria” e iniciar “inmediatamente después de esta renovación” una reforma para adaptar la elección de sus miembros según los estándares europeos para que " no menos de la mitad de los representantes de los jueces sean designados por sus pares”. En el texto publicado hoy se recuerda que el bloqueo sigue pendiente desde el año 2018 lo que continúa siendo preocupante a ojos de Bruselas.

Además, el Ejecutivo comunitario vuelve a subrayar los vínculos entre la Fiscalía y el Gobierno ya que coinciden los mandatos de los dos órganos. En este sentido, la Comisión Europea insta a nuestro país a realizar cambios para que esto no suceda con el objetivo cumplir los estándares europeos de “independencia y autonomía”.

Éste es el tercer informe que Bruselas realiza sobre la evolución del Estado de Derecho en los Estados miembros. En los dos anteriores, el Ejecutivo comunitario también mostraba su preocupación por el bloqueo en la elección del órgano de los jueces y por los vínculos entre la Fiscalía y el Gobierno. Tras el primer apercibimiento por parte de las autoridades comunitarias, el Gobierno de Pedro Sánchez propuso una reforma sobre la renovación de los miembros del CGPJ para rebajar de tres quintos a la mayoría absoluta en el Congreso de los diputados los votos necesarios. Aunque el Gobierno aseguraba que con este cambio pretendía desbloquear la situación, tal y como pedían las instituciones comunitarias, Bruselas criticó esta propuesta al entender que iba en la senda inversa de la despolitización de este órgano. Esto ocasionó que el Gobierno acabara renunciando a estos planes.

La Comisión presidida por Ursula von de Leyen puso en marcha este nuevo mecanismo de control del Estado de derecho como una manera de hacer un seguimiento más estricto y preventivo de todos los países. Hasta el momento, Bruselas se limitaba a actuar ante una situación grave que conllevara la apertura de procedimientos de infracción o incluso la activación del denominado artículo 7 , un instrumento que en su última fase puede desembocar en la pérdida de derecho de voto en el Consejo. A la vez, el Ejecutivo comunitario pretendía que los países ya expedientados en este terreno por su deriva autoritaria- Hungría y Polonia- no se sintieran estigmatizados.