«El Pollo» Carvajal solicita salir de la cárcel mientras Europa resuelve su extradición

La laberíntica situación sobre la extradición del valedor de los secretos de Venezuela sigue sumando recovecos. Hasta en cuatro ocasiones la Audiencia Nacional ha paralizado su entrega a Estados Unidos que lo reclama por delitos de narcotráfico y crimen organizado, pero el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando Carvajal (alias «El Pollo») no tiene deudas con la justicia española y amparándose en esto acaba de solicitar salir de la cárcel donde lleva recluido desde septiembre de 2021. En marzo la Sala de lo Penal volvió a dejar en pausa su procedimiento porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha intervenido y debe resolver.

En un recurso presentado ayer ante la Audiencia Nacional, Carvajal expone que alargar su encarcelamiento es ilegal porque él no ha cometido delito alguno en Europa. «El señor Carvajal no está procesado en España ni en ningún País de Europa, ni civil, ni penalmente, no tiene ninguna cuestión pendiente con la Justicia, por lo que su estancia en prisión no tiene sentido, es ilegal y contraria a la normativa europea y Constitucional en España», dice el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La sección tercera de la Sala de lo Penal congeló el viaje a Washington que ya se daba por seguro (el Ministerio del Interior negó por segunda vez su asilo, el Consejo de Ministros había firmado la extradición y los jueces dieron la venia) porque sus abogados, a golpe de recurso, lograron que el TEDH admitiera resolver sobre una posible vulneración de derechos fundamentales a Carvajal, quien siempre ha defendido que su entrega persigue fines políticos. Dicen sus abogados que dado que el Tribunal con sede en Estrasburgo puede tardar en fallar más de dos años sería inasumible que este tiempo siguiera entre rejas.

Señalan que la propia jurisprudencia del TEDH muestra preferencia por la libertad provisional que por a prisión preventiva. «El Tribunal Europeo de Derecho Humanos ha llamado varias veces la atención a España al utilizar esta medida de manera desproporcionada, convirtiéndola de excepcional en norma», exponen sus abogados.

Dos años prorrogables a cuatro es el máximo que un preso puede estar en España sin condena firme. El juez acuerda la prisión provisional [artículo 503 LECrim] cuando hay riesgo de volver a delinquir, de destruir pruebas o de fuga. Algo no desdeñable en el caso de Carvajal que la primera vez que la Audiencia Nacional aceptó que Estados Unidos se lo llevara él desapareció durante casi dos años.

Pero su defensa aclara dos cuestiones sobre esto. Primero: que los jueces de la Sala de lo Penal se desdijeron (primero habían denegado su extradición) en una decisión que tuvo cuatro votos particulares «uno de ellos admitiendo la recepción de presiones por parte del gobierno de EEUU», recuerdan. Y segundo: «que el Sr. Carvajal tuviese fundado temor acerca de su situación no es de extrañar, cuando abandona su país por desacuerdo con su régimen y clara y demostrada oposición al poder establecido».

Así, solicitan a los magistrados tengan en cuenta la situación actual de «El Pollo» y su arraigo familiar puesto que su familia vive en Madrid. Ofrecen medidas alternativas como comparecencias periódicas ante el juez, una fianza, la retirada del pasaporte o incluso el control de su libertad mediante pulsera telemática.

Hace ya más de dos años que el Consejo de Ministros rubricó su salida de España, pero Carvajal no se ha movido de Madrid ni siquiera los dos años que estuvo en «paradero desconocido». Una operación conjunta entre la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) y la Policía terminó con su detención en septiembre del pasado año. Desde entonces el módulo de seguridad del centro penitenciario de Estremera ha sido su residencia. Estando allí inició una colaboración activa con la Justicia española en otros asuntos como la supuesta financiación de Venezuela a partidos políticos de todo el mundo. Para hablar con él se ha trasladado a España la Fiscalía Italiana, magistrados de Colombia o, en la propia Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón quien reabrió una causa contra Podemos que ya está archivada.